Existía la idea de que una campaña electoral era un tiempo de alteración en la dinámica nacional, un poco de discusiones, algo de pasión ideológica o de fiesta (como se llamaba antes) y que pronto todo volvía a su cauce. Con otro gobierno y con otros diputados, sí, pero en la misma dinámica de baja participación ciudadana y cierto desprecio a la política.
Existía esa idea, pero el proceso electoral del 2018 mostró y provocó realidades distintas en el mapa político y en la discusión nacional. Dejó a flote el debate sobre derechos humanos y religión, y alteró las brújulas de los partidos políticos, ganadores o perdedores, da igual.
Este es el paisaje que se revela ahora, cumplido un año desde la segunda ronda electoral inédita por el ascenso de un partido basado en el discurso religioso neopentecostal, por la alianza de dos candidatos de ideologías casi opuestas y por la ausencia de los dos partidos históricos. Un nuevo mundo político se creaba y no era solo un pasaje electoral.
Ahora el gobierno de Carlos Alvarado diluye su bandera del Partido Acción Ciudadana (PAC) con la presencia de Rodolfo Piza y un equipo económico ajeno al partido rojiamarillo que ganó las elecciones oficialmente aquel 1 de abril del 2018.
En la Asamblea Legislativa la pequeña bancada oficialista se ha visto más cercana a la fracción dominante, la del Partido Liberación Nacional (PLN), que ha evitado materializar el temor de algunos de verla aliada a los diputados de Restauración Nacional (PRN), ahora divididos en dos bloques con serias rencillas entre sí.
Es decir, la fuerza conservadora legislativa que colocó el PRN en la primera vuelta, cuando el candidato presidencial Fabricio Alvarado ganó ese 4 de febrero, no logró unirse al PLN en un gran bloque opositor de 31 diputados. Al contrario, acabó dividiéndose en dos grupos: seis que se quedaron en PRN y ocho que se fueron con el ahora excandidato a fundar casa aparte: Nueva República.
Esta división le restó al PRN peso como fuerza política, pero no ha impedido el constante afloramiento del discurso de los “valores”, ese mismo que se elevó con el shock religioso que alteró las elecciones y polarizó a la población hace solo un año. Es decir, las réplicas no han dejado de producirse y de repercutir en las redes sociales y en los medios de comunicación.
“Hay dificultades del PRN de mantener la fuerza de hace un año, por su división, por el desgaste y los cuestionamientos sobre el dinero electoral, pero no es que hayan caído. Tienen su espacio y eco en la población, saben colocar temas que los mantiene vigentes y perpetúa esta “guerra cultural”, como se llama en otros países a este tipo de polarización”, comenta Felipe Alpízar, director del Instituto de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la UCR.
Alpízar, que desde el CIEP dirigió con encuestas un preciso monitoreo de la evolución de la campaña. Sí se atreve a hablar de un “bloque conservador”, pero este incluye a también a legisladores de otros partidos en tiempos en que se han suavizado las líneas ideológicas de estos.
“Podría verse que el diputado fabricista Jonathan Prendas y la diputada oficialista Paola Vega personifican esa disputa, pero esto va más allá de actores concretos. Pueden ser ellos u otros, porque las visiones están instaladas en el país”, agrega Alpízar.
Esa división tiene futuro, a juzgar por estudios de la politóloga Ilka Treminio, directora en Costa Rica de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso). Ella, junto a su colega Adrián Pignataro, han analizado números del proceso electoral y concluyen que los resultados estuvieron determinados por la participación de jóvenes, primero en el triunfo de Fabricio Alvarado en Primera vuelta y después para Carlos Alvarado en la segunda.
“Si me pregunta por ese shock religioso que se señaló, podríamos decir que quedó instalado. Estamos ante el ingreso de un segmento del padrón más dispuesto a discursos radicales porque no tienen apegos a otros partidos. Los jóvenes hallan una fuente de representación en los discursos rupturistas”, comenta Treminio.
A ello se suma la actividad fuerte que desarrollan dirigentes de los partidos confesionales en alianza con fuerzas afines de otros países, con la mira puesta en los comicios municipales que se celebrarán en diez meses. Fabricio Alvarado invierte mucho de su tiempo en impulsar como partido a “Nueva República” y en reuniones con otros líderes que impulsan posiciones políticas/religiosas similares bajo un lema que afloró en la campaña electoral pasada: “llamados a gobernar”.
Los expertos y dirigentes políticos de partidos diversos reconocen que las elecciones municipales de febrero próximo servirán como un indicador de la vigencia del discurso conservador y de su opuesto progresista. Esto a pesar de que las lógicas de los gobiernos locales son diferentes a la discusión nacional y de que dentro de cada agrupación hay corrientes de una y otra línea.
Todos los partidos quedaron enfrentados a una crisis de identidad, señala Felipe Alpízar. Esto implica, por tanto, dudas sobre las fuerzas que pueden ser aliadas según qué momentos y qué temas. Hay poca certidumbre y el enfrentamiento conservadurismo-progresismo no alcanza para dirimir la mayoría de los temas en la discusión nacional.
La reforma fiscal aprobada en 2018 mostró grandes señales, indica. Aunque en la campaña de hace un año algunos dirigentes de la estructura central del PLN se acercaron a Fabricio Alvarado, en esta legislatura los verdiblancos resultaron decisivos para la aprobación del plan fiscal impulsado por el gobierno de Carlos Alvarado.
En cambio, la presencia de Rodolfo Piza como ministro de la Presidencia, más allá de las señales que pudo enviar en la campaña como un contrapeso conservador ante la bandera PAC, no se ha proyectado de manera clara con los diputados del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC). Algunos de estos más bien reniegan de la representatividad social cristiana del excandidato Piza.
Elementos adicionales de incertidumbre los ponen las bancadas del Partido Integración Nacional (PIN, que llevó como candidato presidencial a Juan Diego Castro) y el Republicano Socialcristiano, divididos desde el primer minuto de este cuatrienio.
Ante este panorama le ha correspondido gobernar a Carlos Alvarado junto a su ministro Piza y el equipo económico más cercano al PUSC, además de algunas figuras del PLN, Frente Amplio o de fuera de los partidos.
El llamado “gobierno de unidad” ha obligado al mandatario a hacer malabares. “Si pensamos en la tarea difícil de mantener las bolitas en el aire, podría decir que ha dejado caer las bolitas amarillas”, señaló Treminio, en referencia al alejamiento de posiciones progresistas más blandidas por el PAC en tiempos de campaña, hasta la primera ronda.
Esto es lo que señala de manera más estridente el dirigente sindical Albino Vargas, cuando critica al presidente por haberlos “traicionado”, sobre todo con la reforma fiscal y leyes paralelas que tocan los beneficios de los trabajadores estatales. Las fuerzas sindicales que sostuvieron la huelga en 2018 tuvieron más cercanía con los diputados del PRN a quienes adversaron durante la campaña electoral.
En cambio, el Gobierno ha logrado el apoyo significativo de organizaciones empresariales que en alguna medida habían manifestado un respaldo en la campaña electoral a Fabricio Alvarado, señala Alpízar. Es decir la discusión sobre valores cristianos o derechos humanos es una de los factores más a la mano, pero está lejos de explicar la dinámica política nacional. Quizás incluso un año sea poco tiempo para ver cómo quedó el terreno después de esa elección.
“Es una moneda de cambio de ambas partes”, señala el exdiputado Mario Redondo, antiguo colaborador de Fabricio Alvarado que ahora se distanció. “Se ha reducido la polarización electoral, claro, pero no es que ya pasó, es algo latente que está ahí y se puede usar según qué momento”, advierte.
El testimonio de Mario Redondo
“Una señora me contó con naturalidad que pasó por una iglesia y vio muchos carros afuera, pero que no sabía si estaban haciendo una reunión política o un culto. Esa imagen que parece muy simple a mí me dejó muy inquieto. No puede ser que se haya mezclado tanto ambas cosas”.
Esta es una de las reflexiones que da Mario Redondo, exdiputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y de su agrupación cartaginesa Alianza Demócrata Cristiana. Es un político conocido que conoce el mundo de la política tradicional y la organización creada sobre la base de las iglesias evangélicas que lideró como candidato su amigo Fabricio Alvarado, con quien ahora tiene poco contacto, dice.
Redondo se sumó al grupo de Fabricio Alvarado y participó en muchas de sus actividades electorales. Se le recuerda en una reunión privada con pastores evangélicos en la que él pedía “bendiciones”, en alusión a recursos para enfrentar la jornada electoral del 2 de abril.
Después vinieron informaciones que cuestionaban la relación de la empresa encuestadora Opol con el PRN y meses después cuestionamientos sobre el financiamiento electoral. Redondo asegura que nunca supo nada de eso y que se sintió sorprendido, pero sobre todo lo desmotivó la manera en que el grupo de Fabricio Alvarado siguió explotando lo religioso durante este año.
“Hoy no lo apoyaríamos los mismos sectores (…) Si yo hubiera visto lo que iba a pasar durante este año, no me hubiera involucrado así como lo hice. Hay cosas que yo observaba diferente”, dijo Redondo después de lamentar el papel que tuvieron durante la reforma fiscal los 14 diputados electos bajo la bandera del PRN.
También critica la participación de las iglesias. “Es absolutamente necesario no mezclar las organizaciones religiosas con las organizaciones políticas. Eso le hace daño enorme al cristianismo, porque se mezclan intereses electorales personales. Se lo digo que me preocupa más como creyente que como político. Es mejor dar el testimonio que darle con la Biblia a la gente en la cabeza”, comentó Redondo.
El exdiputado se pregunta incluso si en las iglesias evangélicas se ha reducido la afluencia de feligreses, al conocerse las implicaciones políticas de algunos de los dirigentes y los cuestionamientos que entre ellos se lanzan.
Jefa de la ONU en Costa Rica
“Ha habido un retroceso en la visión sobre derechos humanos”
Alice Shackelford llegó a Costa Rica para el año 2016 como representante de Naciones Unidas y puede ufanarse de haberlo hecho en tiempos interesantes, de cambios, tensiones y discusiones. Lo ha hecho con su mirada de extranjera, de diplomática y de abogada en derecho internacional, pero con un pie bien apoyado en el país para poder comprender más allá de las meras noticias.
Por eso no se asusta, aunque sí señala la preocupación de ver que la nueva ola conservadora, de polarización y de cuestionamiento a los derechos humanos recorra con tanta libertad la Costa Rica que ella tenía asumida como un país de democracia, de derechos humanos, de paz y de solidaridad. Ella y muchos, aunque reconoce que el proceso electoral del 2018 y sus consecuencias han servido también para visibilizar a sectores que talvez estaban ocultos debajo de la imagen costarricense y la autopercepción nacional.
Ahora, después de la polarización exacerbada al calor de la segunda ronda electoral, las discusiones permanecen abiertas, quizás demasiado, dijo en una entrevista con UNIVERSIDAD.
“Esas elecciones mostraron muchas cosas interesantes sobre su país. Primero, demostró que Costa Rica tiene un sistema fuerte, que resiste bien y que goza de confianza de la población. Pero elevó también una discusión nacional en la que se expresa una diferente interpretación alrededor de los derechos humanos y sus principios fundadores. Se ve una polarización contra una visión más progresiva de los derechos humanos más coherente con la tradición de Costa Rica”.
Esa discusión se aloja en la Asamblea Legislativa, en los medios de comunicación y también en las plataformas digitales, espacios que influyen entre sí, pero Shackelford corre a advertir que no es algo exclusivo de Costa Rica. Señala que lo que sí es particular es la presencia de esta nueva ola conservadora y el cuestionamiento de derechos humanos en un país con las características de Costa Rica, ejemplar en varios ámbitos.
“Hay un ataque a los derechos humanos el mundo, se están cuestionando principios básicos. No es un asunto de mayoría o minorías, de un gobierno o de un partido. Son derechos inherentes a todos los seres humanos. Hay grupos que se oponen a cierto avance de los DDHH e inventan conceptos incluso en Costa Rica”, dijo la diplomática en relación con ideas como la “ideología de género”.
Eso podría obedecer a una reacción contra el progreso en la visibilización que en décadas recientes ha tenido la desventaja de las mujeres y de la población sexualmente diversa, pero también al descubrimiento de tipos de pensamientos y de realidades que no se corresponden con la idea general de Costa Rica.
“Se ha visibilizado una diversidad mayor a la que se pensaba. Las elecciones mostraron las realidades diferentes de zonas del país y sectores a los que los beneficios colectivos no han llegado igual”, agrega la representante de Naciones Unidas.
Ante esas sorpresas, si se puede verlo así, el país debe insistir en cerrar las brechas sociales en lugar de ignorar distintos tipos de desigualdades, como la que hay entre hombres y mujeres o entre heterosexuales y homosexuales.
Por ello Shackelford insiste en la necesidad de impulsar políticas de educación sexual de alcance universal, a pesar de la oposición de algunos sectores de la población con el apoyo de fuerzas políticas con invocaciones religiosas.
“Se necesita acompañar a los jóvenes para entender su sexualidad y con esas bases tomar decisiones a lo interno de su familia y su contexto cultural. Es dar herramientas para conducirse en la sexualidad, con espacios respetuosos”, apuntó.
“Hay en general una necesidad de integrar más y no crear nuevas desigualdades. En lo étnico, en las nacionalidades, en los géneros y en edades o clases sociales. El problema de La desigualdad es que además de injusta es ineficiente, porque está probado que en las empresas hay más rentabilidad cuando hay más diversidad”, agregó.
