Costa Rica se está quedando atrás de los países líderes en el gasto social en América Latina, una condición que había sido parte de la identidad nacional y carta de presentación en el mundo.
Es una imagen que está evidenciando fisuras. Hace una década, Costa Rica se colocaba entre los cinco países de América Latina que destinaban más recursos del presupuesto del Gobierno al gasto social, con un 11,75% del Producto Interno Bruto (PIB), superado solo por Colombia, Bolivia, Chile y Brasil, según los datos disponibles en la base de datos de inversión social de la Comisión Económica Para América Latina (CEPAL).
En los datos del 2020, Costa Rica aparecía en un noveno lugar, a pesar de haber crecido a un 12,3% del PIB. Sin embargo, otras naciones realizaron esfuerzos mayores (Ver gráficos). En este trecho, pasó de estar a tres puntos del Producto Interno Bruto (PIB) del país con mayor inversión social en la región, a más de una decena.
En esta coyuntura es necesario considerar el efecto producido por la pandemia del COVID-19, que obligó a destinar mayores recursos públicos para atender los efectos de la crisis, como el desempleo y el incremento de la pobreza.
Empero, ya desde antes de este evento, Costa Rica mostraba un decrecimiento con respecto al ritmo que mostraban los Gobiernos de la región, e incluso su respuesta en el año del coronavirus fue mucho menor que el de sus vecinos (ver recuadro “El efecto de la pandemia”).
Los economistas Ana Rosa Ruiz y Daniel Vartanian coincidieron en señalar que el país está debilitando una imagen de nación defensora de la inversión social, que se había forjado a lo largo de su historia.
Gasto social cae a su nivel más bajo en la última década
Recursos destinados por el Gobierno para educación, salud, protección social, vivienda y cultura así como recreación pasaron de estancamiento en los últimos tres años a cifras en rojo, los peores niveles en más de una década.
Gasto social en la mira
El gasto social público se define como el volumen de recursos destinados a financiar políticas públicas en las funciones de protección social, educación, salud, vivienda y servicios comunitarios; actividades recreativas, cultura y religión; y más recientemente la protección al ambiente. Medir los recursos que los Gobiernos centrales destinan a estas funciones, como porcentaje del PIB, permite identificar los esfuerzos de los países por destinar parte de su producción a la inversión social.
Se trata de una medición que empezó a tomar importancia creciente en la década de los años 80, en el contexto de las discusiones y efectos provocados por los esfuerzos para los ajustes fiscales de la mayoría de las economías.
En el caso de Costa Rica, en los datos de CEPAL del 2010 ya se mostraba como líder del área en cuanto a recursos destinados a educación. La imagen del país cuyos soldados eran sus estudiantes le permitió mostrarse como nación dispuesta a diferenciarse por estos valores. Eso le abrió puertas como las de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), en el 2015, que le permitieron ingresar a la organización en el 2021.
Empero, es una apuesta que se está debilitando. “Desgraciadamente hay una mala concepción de que invirtiendo más en lo económico, ya tenemos resuelto lo social. El punto es que, como país subdesarrollado, requerimos atender con mayor atención poblaciones que difícilmente tienen acceso a empleo, ahí es donde el Gobierno debe entrar a garantizar que estas poblaciones terminen sus ciclos educativos, porque son las que deben generar músculo productivo”, comentó Ruiz.
Así, se está pasando del pequeño país que despuntaba por sus esfuerzos en inversión social a uno de los vagones de cola en la OCDE en esta materia: puesto 35 de 38, según datos de la organización.
Y hay un desgaste que se está acelerando, según el criterio de Vartanian. “Una de las cosas más graves que tenemos en esta coyuntura es que la reducción de la inversión social aumenta más la desigualdad social y la inequidad productiva, Costa Rica ya estaba entre los diez países con una distribución más inequitativa del ingreso, medida por el índice de Gini. Las reducciones en el gasto social podrían colocar al país no en el décimo, sino en el quinto lugar, por mencionar una posibilidad”, manifestó.
Evolución del gasto social
Durante la década de los años 80, en un contexto en el que predominaban los ajustes para contener el déficit fiscal y los recortes al gasto, la inversión social fue una de las grandes damnificadas.
Eso gestó una creciente corriente de revalorizar estos recursos y buscar equilibrios con las visiones macroeconómicas que privilegiaban el balance fiscal. No solo se afinó esta medición, sino que se le concedió creciente importancia para medir el compromiso de los países con un desarrollo balanceado.
Asimismo, los esfuerzos de muchos países y regiones apuntaron a buscar una mejora en este gasto social:
OCDE: En la década de los 80, los países de la OCDE estimaban el gasto social público de sus integrantes en un promedio del 16% del PIB y evolucionó hasta llegar a un 21% en el 2003, cifras que se mantuvieron hasta la actualidad.
Los líderes en este rubro son Francia, con un 31% del PIB destinado a gasto social, seguida por Finlandia, con 29,1% y Bélgica, con un 28,9%.
CEPAL: La diferencia es marcada con América Latina. Según los datos de la Comisión Económica Para América Latina (CEPAL), el promedio del gasto social público era de apenas un 9,9% del PIB de 1990, pero había logrado subir a un 13,1% en el 2005, y a un 13,6% en el 2020.
Los líderes son Brasil, con un 22,5% del PIB en el 2020; seguido por Chile, con un 20%.
El efecto de la pandemia
La pandemia provocada por el COVID-19 en el 2020 se convirtió en un elemento que sacudió los esquemas en todos los países del mundo, provocando pérdida de miles de vidas, pero que también enfermó economías, sistemas laborales y financieros.
Las estimaciones de CEPAL para América Latina arrojan que la actividad económica sufrió una caída de un 6,8% del PIB, lo que en promedio provocó un déficit en los Gobiernos de un 6,9% del PIB. Pero ante el impacto en indicadores como pobreza y desempleo, los Gobiernos tuvieron que recurrir a fortalecer los recursos públicos destinados a inversión social.
Esto se percibió en un incremento notable del gasto social en los Gobiernos de la región, que habían realizado esfuerzos para pasar de un 10,3% del PIB en el 2010, a un 11,3% en el 2019, un aumento de un punto del PIB en toda la década. Sin embargo, solo en el 2020, con la pandemia extendida en todo el mundo, el crecimiento promedio fue de más de dos puntos del PIB, al ascender a un 13,6% del PIB en América Latina.
En ambos escenarios, Costa Rica tuvo un desempeño inferior. En la década antes del COVID-19, su gasto público apenas había crecido menos de medio punto del PIB, al pasar de un 11,7% del PIB en el 2010, a un 12% en el 2019.
Empero, la crisis del COVID-19 evidenció, de nuevo, una respuesta menor a la que se presentaba en el entorno latinoamericano: en ese año, el gasto público apenas creció menos de medio punto del PIB, mucho menos que el promedio de dos puntos del PIB que comprometieron los países en la región.
