“Costa Rica tiene que replantear su política pesquera”

Gustavo Meneses, el sacerdote que preside el Instituto de Pesca y Acuicultura (Incopesca), concedió una entrevista a UNIVERSIDAD en la que se refirió a los problemas que enfrentan quienes se dedican a pesca artesanal, las limitaciones de la institución y al polémico proyecto que busca regular la pesca de arrastre.  Meneses posee un doctorado en Teología Pastoral de la Movilidad Humana, para el cual escribió su tesis sobre las comunidades de pesca artesanal del golfo de Nicoya.

¿Qué tan serio es el problema de la sobreexplotación de los recursos marinos costeros?

– La situación es muy difícil. Uno no puede ver la situación de la actividad pesquera desde la óptica ambiental únicamente, hay presión no solo de esfuerzo pesquero sobre los recursos, sino de subsistencia de los pobladores de las costas.

Los pescadores artesanales sienten que se les aplica con rigor la ley pero que la pesca industrial puede hacer lo que le da la gana, sobre todo en el caso de la pesca de arrastre, a la cual culpan de dejarlos sin el recurso. ¿No es contradictorio que se haga un esfuerzo por legalizar la pesca de arrastre, siendo tan perjudicial al medio ambiente?

– Los pescadores artesanales no están mintiendo. Históricamente dentro de la actividad pesquera y por la misma constitución de la junta directiva de Incopesca quienes han llevado el peso político -en mucho por su capacidad económica- han sido las flotas de pesca semiindustrial, hago clara alusión a la pesca de arrastre de camarón.

Cuando asumí el Incopesca lo primero fue conformar una junta directiva en la que la participación en las regiones pesqueras recayó sobre los pescadores artesanales.

Sobre la situación a la que hacen alusión algunos pescadores artesanales -no todos-, nosotros no tomamos decisiones para ninguna flota en particular. Abrimos un proceso de diálogo para generar políticas públicas mediante la participación de los diferentes sectores pesqueros -pesca deportiva turística, pesca semiindustrial de arrastre, artesanal, pescadores palangreros, pesca semiindustrial de cerco para sardina-, contemplando la acción sobre el mar de manera ecosistémica, no se puede considerar solo desde una arista sino contemplar todas las variables de la producción pesquera y el conocimiento que tienen quienes pescan.

Una de las variables más importantes es el fallo de la Sala Constitucional que vino a realizar algo que el Estado había dejado de lado: exigir que se regule la pesca semiindustrial de arrastre.

Ese voto establece que en seis años (al 2019) se debe generar un marco jurídico que permita el establecimiento normativo de cómo puede funcionar esta flota. El proyecto de ley ya entró a la Comisión de Ambiente en la Asamblea Legislativa; establece que hasta que no se demuestre que se puede realizar pesca semiindustrial de arrastre con medidas de sostenibilidad, no se puede emitir ninguna licencia.

¿Qué tipo de pesca de arrastre es sostenible ambientalmente?

– Sólo en Costa Rica pensamos que la pesca semiindustrial de arrastre no puede ser sostenible. Se han dicho muchas mentiras en torno a este proceso.

Escuché en la radio a un connotado científico quien dijo que la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) no avala la pesca semiindustrial de arrastre.

Costa Rica desde el 2006 forma parte de un proyecto llamado REBYC-LAN -de la FAO- que busca el mejoramiento de la tecnología en el desarrollo de la faena de los barcos semiindustriales de arrastre. La FAO tiene muy claro que se puede realizar una pesca de captura de camarón tanto mediante el arrastre, como otros artes, de manera sostenible.

Los criterios que garanticen la sostenibilidad ya están definidos por científicos de la UCR que están totalmente involucrados en el proceso de diálogo, junto al Departamento de Investigación de Incopesca.

La mesa de diálogo constituida a partir de una directriz presidencial arrancó con una zonificación espacial costera, que responde a elementos batimétricos -sobre la profundidad-, así como espacios ecológicos sensibles.

Por rebote, con la zonificación se cumple con otro principio del fallo de la Sala Constitucional: el desarrollo sostenible democrático. La Sala da un batacazo ante la imposibilidad que han tenido los pescadores artesanales de participar de la misma riqueza de la que han disfrutado los semiindustriales. Se separan en ese mapa los espacios de la pesca semiindustrial de arrastre y en casi todo el litoral pacífico se libera el espacio para que el pescador artesanal realice su faena.

Si se llega a establecer el marco legal con todas esas regulaciones, ¿tiene el Estado capacidad institucional para velar por que se cumpla con todo?

-Hay que fortalecer. El Estado tiene una autoridad pesquera, pero tiene diferentes organismos o instituciones que pueden  fortalecer esa autoridad, uno de ellos son las universidades.

Estamos luchando por nueve o diez plazas. Cuando uno ve que el 80% de las plazas de Incopesca son administrativas, siendo una institución tan técnica; que entre el 40% y 50% del personal técnico se va porque ya se acogen a pensión, son cuestiones alarmantes.

Costa Rica tiene que replantear su política pesquera y su marco legal, institucional. Necesitamos un instituto de investigación pesquera, tenemos que repensar la conformación de la junta directiva del Instituto.

La veda es reconocida como una medida necesaria, pero las familias que dependen de la pesca artesanal enfrentan situaciones socioeconómicas difíciles que en muchos casos las empujan hacia el narcotráfico. ¿Cómo se le puede ayudar al pescador durante el periodo de veda? ¿Qué tan grave es el problema del narcotráfico?

– El problema del narcotráfico responde a un problema de trabajo decente, es decir, poder tener una actividad en la cual pueda resolver mis necesidades personales, las de mi familia, y que sea digna, que haga crecer como persona humana.

Los niveles de pobreza, la condición de irregularidad en que pescan muchos de ellos, es una cuestión muy dura. Tenemos pescadores -sobre todo los molusqueros- que históricamente tienen un carácter de irregularidad. Para mí eso es un flagrante ataque contra la dignidad de la persona misma.

Es un problema muy complejo de orden antropológico y ahí se enquista como un cáncer el tráfico de drogas.

Sobre el tema de la veda, por primera vez se logra establecer una veda diferenciada técnicamente, orientada a la protección del recurso de mayor valor que tenemos en el golfo de Nicoya, que es el camarón. La veda aleja a los barcos semiindustriales de arrastre, también a los semiindustriales de cerco para la captura de sardina.

Se dan dos situaciones difíciles. El decreto estipula un porcentaje sobre el salario mínimo de subsidio que se le da al permisionario, es decir, al que tiene licencia.  Alcanzamos ¢145.000 por persona con licencia. Está claro que es difícil vivir con eso.

Vamos a entrar en un proceso para la restitución de artes ilegales de pesca para permisionarios, eso significa retirar el trasmallo utilizado para darles el que legalmente corresponde para la captura de camarón, que es de tres  pulgadas de luz de malla.

Otro elemento muy sensible en las vedas es el de control y vigilancia. Es muy difícil que podamos tener en mar y en tierra el recurso humano y presupuestario para que Guardacostas recorra el golfo realizando controles permanentes.

¿Falta educación en el público consumidor?

-En Costa Rica hay un faltante de más de 40.000 toneladas de pescado para consumo nacional. ¿Quiénes suplen ese consumo? Producto de bajísima calidad, como la tilapia china o el pangasio vietnamita, teniendo nosotros recurso de calidad tanto en granjas acuícolas como en pesquerías marítimas. Tras de que no consumimos pescado, no sabemos el pescado que estamos consumiendo.