En un solo año, Costa Rica habría pagado la mitad del déficit fiscal con los montos evadidos y eludidos por las grandes corporaciones que hacen uso de paraísos fiscales para colocar sus ganancias, de manera que el Estado no pueda tasarlas o rastrearlas.
El déficit fiscal del país en el 2022 fue de ₡639 billones (1,8% del PIB) y solo en el 2019 el país perdió ₡319 mil millones en impuestos, según determinó un estudio mundial de investigadores de la Universidad de Copenhague, California y Berkeley que fue publicado por la revista Review of Economic Studies en el 2022. El estudio se puede consultar en la página web: missingprofits.world
Según la investigación, la pérdida de impuestos por este motivo ha aumentado en Costa Rica año tras año pasando de un 19% en el 2015 a un 32% en el 2019, un aumento del 13%. La estimación de pérdida fiscal de estos cinco años, tomando como referencia el 2019, indican que el país habría pagado la deuda dos veces con lo eludido y evadido.
El alto déficit fiscal del país ha impulsado múltiples reformas de contención de gasto estatal que han resultado en reducciones históricas en la inversión social en salud y la educación, sin embargo, a la fecha no se han impulsado grandes reformas para combatir la elusión y evasión fiscal de las grandes corporaciones.
“Las reformas para contener el gasto social responden a períodos deficitarios, pero nunca deben ir más allá de cierto umbral de manera tal que erosionen las capacidades del Estado para hacer frente a las demandas sociales, sobre todo de los grupos más vulnerables; reducir el gasto social al máximo puede resultar contraproducente, el Estado no es una empresa, tiene que velar por las poblaciones más vulnerables ¿Por qué no hablar de elusión y evasión? No son reformas mutuamente excluyentes”, dijo el economista Luis Carlos Olivares.
Olivares sostiene que, lamentablemente, los grupos de poder económico en el país representados en la Asamblea Legislativa han impulsado por años reformas que aumentan el peso de los impuestos solo en los asalariados, en lugar de apostar por reformas progresivas contemplando el ingreso de cada persona.
UNIVERSIDAD reportó anteriormente que las corporaciones han sacado ₡3,7 billones entre el 2015 y el 2019 gracias a los portillos de elusión y evasión fiscal que el país tiene por su débil legislación.
Las grandes empresas o contribuyentes colocan estas ganancias de forma artificial en paraísos fiscales como Singapur, Suiza, Bermudas, Puerto Rico y Hong Kong. También, un 9% se pierde en países de la Unión Europea (UE) como Irlanda, Bélgica, Luxemburgo, Holanda, Malta y Chipre.
La UE pidió al país, desde junio del 2021, poner en orden su legislación en temas de renta y, entre otras cosas, eliminar la diferenciación entre la renta territorial (dentro del país) y la extraterritorial (fuera del país, pero con vínculos económicos en Costa Rica) para evitar eximir dos veces de pagar impuestos a las empresas.
La relajada legislación de Costa Rica en materia de renta podría incentivar a transnacionales a colocarse en el país con el objetivo de evadir y eludir impuestos, según la UE, y la no aprobación de reformas que cierren los portillos para recurrir a los paraísos fiscales le ganó al país ser incorporado en la lista de países no cooperantes en febrero.
El estudio de la UE en el país concluyó que nuestro sistema de cobro de renta es de forma general “dañino” por no no tener criterios o condiciones para eximir de pagar impuestos y permitir a las administraciones hacerlo de forma “discrecional”.
A esto se suma la dependencia del Ministerio de Hacienda de la veracidad de las autodeclaraciones sin grandes estrategias para cotejar la información, señaló la UE. Hacienda está asfixiado por la propia contención de gasto y cuenta con mínimo personal para investigar los casos de elusión y evasión fiscal, ha declarado en múltiples ocasiones el actual ministro Nogui Acosta.
Por esta razón, Olivares indicó que para enfrentar la elusión y evasión fiscal requiere de grandes reformas que a la vez mejoren la capacidad fiscalizadora de esta cartera y que, precisamente, los organismos internacionales —como la UE y la OCDE— apuntan a reformas globales que desincentivan a las empresas a hacer uso de los paraísos fiscales.
Por ejemplo, el impuesto global corporativo, que borra las diferencias tributarias entre países para allanar las condiciones, evitar el escape de capitales y fomentar la reinvención de las ganancias en sus propios países.
Territorial o económico
Costa Rica podría salir de la lista de países no cooperantes en materia fiscal de la UE en octubre y, aunque tanto el Ejecutivo como el plenario parecen determinados a trabajar con esta fecha como meta, las reformas solicitadas por el órgano internacional parecen caminar cuesta arriba.
Por ejemplo, el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y el Partido Liberal Progresista (PLP) ya manifestaron su oposición a las propuestas del Poder Ejecutivo, por considerar que es “renta mundial” o que implica el pago de más impuestos.
Daniela Rojas (PUSC) y Eliécer Feinzaig (PLP), jefaturas de fracción, se oponen a la aplicación del último pronunciamiento de la Sala Primera y Constitucional en la materia, que cierra las puertas a la elusión de renta por inversiones de capital costarricense en el extranjero al pasar de un criterio territorial a uno de criterio económico.
El diputado Jorge Dengo, del PLP, impulsa un proyecto de interpretación auténtica para traerse abajo lo resuelto por la Sala, alegando que esto no es materia que le compete, mientras que la diputada socialcristiana Daniela Rojas introdujo el proyecto de ley 23.581 que a la vez niega el criterio económico de la renta dictaminado por la Sala.
“Estamos proponiendo un esquema que no es “Renta Mundial”, ni más impuestos que golpeen al sector productivo costarricense, lo que hacemos es modificar la Ley N° 7092, “Ley de impuesto sobre la Renta” para gravar aquellas rentas que provengan de bienes o derechos fuera del territorio nacional, cuando sean obtenidos por una entidad integrante de un grupo multinacional”, defendió la diputada socialcristiana Daniela Rojas.
Rojas, jefa de fracción del PUSC, agregó que su propuesta busca que sean las “empresas de papel” domiciliadas en el país las que paguen por sus rentas pasivas (dividendos, intereses, regalías y otros), pero no por las activas.
UNIVERSIDAD solicitó declaraciones de Eliécer Feinzaig, pero no obtuvo respuesta al cierre de la nota.
El pronunciamiento de la Sala ya había sido emitido cuando la UE emitió su criterio sobre la legislación nacional y el órgano calificó la jurisprudencia como un avance en la determinación de criterios para el cobro de la renta, pero criticó que no se haya puesto en ley.
La resolución, que fue ratificada por la Sala Constitucional en enero de este año, indica que, conforme a la legislación nacional en materia tributaria, las empresas deben reportar y pagar impuestos sobre las ganancias en el exterior con capital que ganaron en Costa Rica.
