El partido Costa Rica Justa, del que el diputado independiente Dragos Dolanescu es miembro fundador, comunicó la tarde del miércoles que desde mediados de diciembre pasado solicitó su renuncia “por pérdida de confianza” y emitió un voto de censura “por el mal actuar del señor Dolanescu en la contienda electoral”.
En un comunicado, indicaron que esta decisión se tomó porque el diputado incurrió en “constantes y permanentes violaciones” al estatuto del partido, que no se pudo obtener de su parte acceso a informes de tesorería y que se desconocen los gastos realizados en campaña.
Jorge Vargas, secretario general de la agrupación dijo en entrevista con UNIVERSIDAD que el diputado desde el principio de la negociación con Rolando Araya -excandidato presidencial – se atribuyó una especie de “propiedad del partido, ignorando que los tienen direcciones organizaciones colectivas”, pero que como Dollanescu había asumido la presidencia de la agrupación y no querían mellar su imagen pública, “asumieron” estos errores aunque eso “dejó gente maltratada” a lo interno de la organización.
“Después de esto, yo creo que Dragos se creyó que el partido era de su propiedad y empezó a reunirse con ellos (las personas del equipo cercano a Araya) y hacer los gastos de campaña, se hizo un fideicomiso, que sí aprobamos en el Comité Ejecutivo, pero después de esa aprobación hasta el día de hoy no sabemos dónde el partido tiene cuentas bancarias, no se ha reunido el organismo que debe aprobar gastos de campaña, hoy no sé en qué se gastaron los mil millones de colones del fideicomiso con el Banco Promerica. Si sé que a la militancia no le llegó un volante, ni vimos una valla, es decir, nada”, comentó.
Según Vargas, no conocen si se recibieron donaciones tampoco, se han pedido informes y liquidaciones de gastos pero no se han entregado y además, asegura que el diputado les cerró el acceso a los correos electrónicos mediante los que podrían, por ejemplo, tener acceso a facturas. “En este momento, sobre asuntos económicos, tenemos la mayor de las desinformaciones”.
Vargas asegura que Dollanescu les comunicó que los gastos están justificados ante el TSE – versión que el diputado sostuvo ante este medio – pero que el estatuto de la organización establece que debe también presentarlos a lo interno y no lo ha hecho.
Por esas razones y en vista de que se le convocó a reuniones para que diera respuestas a las preguntas de los asambleistas del partido y no acudió, que el 19 de diciembre tomaron la decisión de pedirle la renuncia. Además, dijo, el partido le atribuye parte del “fracaso electoral” que enfrentó el domingo a que un día antes, no pudieron acceder a los recursos del fideicomiso porque no se había presentado la liquidación, por lo que tuvieron que cancelar los transportes que se habían contratado y las personas que trabajarían el día de la elección.
Ante estas acusaciones el diputado afirmó que “tanto el candidato a la presidencia Rolando Araya Monge, como el candidato a vicepresidente, Orlando Guerrero Vargas, están enterados de todos los movimientos financieros y respaldan tanto mis acciones como las de la tesorera Anabelle Soto”.
Dollanescu también aseguró que la actividad financiera del partido está “debidamente documentada ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y fue auditada mensualmente por la firma privada Consultores Financieros Cofin S.A.” aunque no explicó si había presentado informes a la organización o su comité ejecutivo.
“La creación del fideicomiso fue una decisión tomada por el Comité Ejecutivo Superior (CES) que lo conforman el presidente del partido (Dragos Dolanescu Valenciano), el secretario general (Jorge Vargas Corrales), y la tesorera (Anabelle Soto De Alba). El CES es el encargado de autorizar los pagos de las facturas generadas por el comando de campaña durante el periodo entre octubre del 2021 y febrero del 2022”, indica el comunicado de Dollanescu.
Además detalló que como la agrupación no alcanzó el 4% de los votos válidos en la pasada elección ni eligió diputados, no tendrá acceso a la deuda política, pero que “las deudas de proveedores deberán ser honrados de nuestros bolsillos como agrupación política”.
“Quiero finalizar diciendo que el Tribunal Supremo de Elecciones, siguiendo el debido proceso, no me ha notificado de la solicitud de la asamblea pidiendo mi renuncia por pérdida de confianza, ni se ha referido en ningún momento de la intención de la asamblea de tal acción”, indicó el diputado.
