Costa Rica no se destaca únicamente por su estrategia para encarar sanitariamente la pandemia de COVID-19, sino también por sus acertadas medidas humanitarias para apoyar económicamente a quienes perdieron sus empleos –y, por lo tanto, sus ingresos– o a quienes los vieron disminuir como consecuencia de las necesarias medidas de cuarentena y distanciamiento social.
Así lo registra el Informe Especial COVID-19 N⁰ 3, titulado El desafío social en tiempos del covid-19, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), dado a conocer la semana pasada, según el cual el país da el monto de ayuda monetaria más alto por hogar ($1.321) considerando un hogar de seis personas que reciben el “Bono Proteger”, que es de $220 por persona.
- “Al 11 de abril, 14 países habían implementado transferencias monetarias para mitigar la
- caída de los ingresos de los trabajadores informales, así como de otros trabajadores vulnerables como los que operan por cuenta propia. Este mecanismo es una innovación en la protección social de la región. Las medidas consisten en un pago único o periódico (por un máximo de tres meses) y el monto transferido a cada persona u hogar varía considerablemente”, dice el informe.
- A continuación, menciona el caso de nuestro país: “En Costa Rica, por ejemplo, el Bono Proteger implica una transferencia individual mensual de 125.000 colones costarricenses (220 dólares) durante tres meses a trabajadores informales y trabajadores independientes, así como a personas despedidas, cuyo contrato laboral haya sido suspendido o cuya jornada laboral se haya visto reducida más de un 50%. Quienes hayan experimentado una disminución de su jornada laboral de un 50% o menos recibirán 62.500 colones costarricenses por mes (110 dólares)”. (Ver el gráfico).
Además, en sus recomendaciones, la Cepal propone que los Gobiernos avancen a mantener permanentes las transferencias monetarias temporales que están entregando a quienes se quedaron sin ingresos o cuyos ingresos disminuyeron como resultado de los efectos de la pandemia de COVID-19.
“En el largo plazo, el alcance de esas transferencias debe ser permanente, ir más allá de las personas en situación de pobreza y llegar a amplios estratos de la población muy vulnerables a caer en ella, lo que permitiría avanzar hacia un ingreso básico universal, para asegurar el derecho básico a la sobrevivencia”, dijo la secretaria Ejecutiva del organismo, Alicia Bárcena, al presentar el documento.
“En un contexto de bajo crecimiento, se prevé un importante aumento de la pobreza, la pobreza extrema y la desigualdad en América Latina y el Caribe. Esto es especialmente relevante dado que la superación de la pandemia tomará su tiempo y las sociedades deberán coexistir con el coronavirus, lo que dificultará la reactivación económica y productiva”, agregó.
No obstante, el organismo también reconoce los enormes costos que los subsidios monetarios directos tienen para las sociedades en relación con el Producto Interno Bruto (PIB).
Ante la caída estimada del 5,3% del PIB regional y el aumento del desempleo de 3,4% proyectados por la Cepal, en el 2020 la pobreza en América Latina aumentaría al menos 4,4% (28,7 millones de personas adicionales) con respecto al año anterior, para un total de 214,7 millones de personas (el 34,7% de la población de la región).
La pobreza extrema aumentaría 2,6 puntos porcentuales (15,9 millones de personas adicionales) y llegaría a afectar a un total de 83,4 millones de personas.
Las proyecciones de incremento de la pobreza extrema para Costa Rica, con respecto al 2019 (cuando alcanzó el 4,0% de los hogares), es que en el 2020 alcance un 4,7% en el mejor de los escenarios y un 5,3% en el peor. La pobreza, que en el 2019 fue un 16,0% de los hogares, llegaría al 17,7% en el mejor de los casos y al 19,1% en el peor (ver el cuadro).
Según el organismo, la desigualdad también crecerá en todos los países de la región, pues el coeficiente de Gini –un indicador de la desigualdad de ingresos, según el cual cero es la igualdad perfecta y 1 es la desigualdad total– aumentaría entre el 0,5% y el 6,0%. Los peores resultados se esperan en las economías más grandes de la región.
El índice de Gini aumentará entre un 1,5% y un 2,9% en países como Costa Rica, Colombia, Perú, Nicaragua, El Salvador, Bolivia y Chile, pero crecerá todavía más (3,0% o más) en Uruguay y Argentina y en las economías petroleras de la región, como Brasil, Ecuador y México (ver el cuadro).
Por eso plantea la propuesta de avanzar hacia la creación de un ingreso básico de emergencia (IBE) “que se debe implementar inmediatamente, con perspectivas de permanecer en el tiempo de acuerdo con la situación de cada país”.
El IBE que propone el organismo es equivalente a “una línea de pobreza” –o al costo por persona de adquirir una canasta básica de alimentos y otras necesidades básicas– durante seis meses y debe darse “a toda la población en situación de pobreza en 2020”, esto es, a 215 millones de personas o el 34,7% de la población regional.
Esto implicaría un gasto adicional del 2,1% del PIB para abarcar a todas las personas que se encontrarán en situación de pobreza este año.
Los grupos especialmente vulnerables a la crisis socioeconómica serían, en orden de mayor a menor, las mujeres, las personas de estratos de ingresos bajos y medios-bajos, los trabajadores informales, las trabajadoras domésticas remuneradas, la infancia, la juventud, las personas mayores, la población rural, los pueblos indígenas, las personas afrodescendientes, las personas con discapacidad, las personas migrantes y las personas en situación de calle.
El documento recuenta que, a partir del 13 de marzo, los Gobiernos de la región tomaron medidas de protección social ante la caída abrupta de los ingresos de los trabajadores y de los hogares, que incluyen transferencias monetarias, transferencias de especies (como alimentos, mascarillas y medicamentos), suspensión o exoneración en el pago de los suministros de servicios básicos (agua, luz, gas, teléfono, internet, etc.), medidas de protección social para trabajadores formales, y otros apoyos directos a personas y familias (como alivios tributarios y control de precios, entre otros).
A la fecha, en total se han aplicado 126 medidas de protección social en 29 países para la población pobre y vulnerable. Las transferencias monetarias y de alimentos alcanzan a 90,5 millones de hogares, es decir, alrededor del 58% de la población regional (ver el cuadro).
La Cepal señala como retos para la región “la necesidad de superar desafíos operacionales como la bancarización de la población, completar los registros sociales, actualizarlos e interconectarlos. En el mediano y largo plazo se debe garantizar el ejercicio de los derechos mediante el fortalecimiento del Estado de bienestar y la provisión universal de protección social, introducir un sistema de cuidado y la implementación gradual y búsqueda de mecanismos innovadores de financiamiento sostenibles”.
“Ante las grandes brechas históricas que la pandemia ha agravado, es el momento de implementar políticas universales, redistributivas y solidarias con enfoque de derechos”, afirma la Cepal.
“Los recursos son escasos”
“Los recursos son escasos”Consultada sobre si sería posible para el Estado costarricense dar un subsidio permanente como el que propone la Cepal, Shirley Benavides, directora de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional (UNA), manifestó que “avanzar hacia el ‘ingreso básico universal’ –como un medio para garantizar que las personas tengan solventadas sus necesidades básicas– debe ser transitorio, particularmente considerando la situación de nuestras finanzas públicas”.
“Una transferencia monetaria como la sugerida debería ser temporal y totalmente controlada, ya que, para combatir la pobreza, deben generarse cambios estructurales en la oferta educativa de todo el país, articulada en tiempo y forma con las necesidades que presentan los sectores productivos y el Estado, que posibilite la generación de empleos con adecuadas remuneraciones y respetando los derechos laborales de los empleados”, agregó.
“La recomendación de Cepal del redireccionamiento de los recursos del Estado para garantizar el ‘ingreso básico universal’ implicaría realizar una priorización en la asignación del gasto público, particularmente en programas sociales, donde los recursos son escasos producto de la situación fiscal del país, la cual apenas se encuentra en las primeras etapas de su recuperación, aunado a lo que está sucediendo como resultado de la pandemia, que incrementa las necesidades de un grupo de la sociedad que ha visto mermado sus ingresos y que, sin el escenario de la pandemia, no necesariamente se han clasificado como pobres”.
También recordó que “el combate a la pobreza va más allá de las transferencias monetarias a un segmento de la sociedad, como bien lo indica la misma Cepal en sus estudios sobre la desigualdad en la región”.
“Lo prudente sería generar recursos nuevos que podrían provenir de gravar en un 1% la riqueza generada por sectores dinámicos como la inversión extranjera directa y el sector financiero y hacer la redistribución a partir de esta recaudación”, opinó Benavides.
“Por el contrario, el costo de oportunidad en la reasignación del gasto para garantizar un ingreso básico universal podría implicar la afectación de algunas actividades que son financiadas por el Estado; pero más impuestos en este momento se convierten en una carga más para los sectores que no se encuentran dinamizados como podrían estar”, concluyó.
