Las proyecciones financieras internas del Sistema de Emergencias 911, central telefónica que coordina a los cuerpos de primera atención en todo el país, indican que la institución se encamina a un cierre técnico en diciembre, por lo que si llaman a la línea nadie responderá.
Elena Amuy, directora de esta institución, fue quien recibió en febrero, recién ingresada a su puesto, la nota técnica que le indican a a la institución acogerse a la regla fiscal y al límite del gasto operativo que impone.
“La regla fiscal no debería afectar al servicio del 911 porque no recibe una transferencia del gobierno central sino que viene de la tasa que pagan todos los costarricenses en los recibos de telecomunicaciones” aseguró Amuy.
El límite impuesto reduce el presupuesto del sistema en ¢643 millones, pero este superávit por ley no puede ser transferido al Estado para el pago de deuda.
“La ley de creación del sistema establece el impuesto como la fuente de financiamiento pero también dice que es exclusivo para la operación del sistema del 911 y para los despachos de primer respuesta adscritas al sistema. Trasladar el fondo cambia el fin y eso es ir en contra la ley” explicó Amuy.
La institución envió una consulta técnica a Hacienda pero la respuesta que recibieron es que no importa de dónde procedan porque el espíritu de la ley es reducir el gasto por lo que el servicio 911 no estaría eximido.
De hecho, el aumento en el uso de la telefonía y el internet de la pandemia incrementó el ingreso de esta institución en ¢188 millones de colones, según la Contraloría General de la República (CGR), pero la institución no puede usar esos fondos si la Asamblea Legislativa no aprueba un proyecto de ley que los deje exentos de la regla fiscal o que el Poder Ejecutivo emita un decreto con el mismo fin.
“Para el 2022 la perspectiva no es más alentadora porque además de los límites a los gastos de tipo operativo también empezarán a aplicar gastos de capital. Entonces eventualmente, además de poner una restricción a las obligaciones diarias, le pone un límite a las inversiones para mejorar el servicio” agregó Amuy.
El análisis financiero realizado por la institución contempló las obligaciones operativas como los pagos de alquiler y el pago del servicio de telecomunicaciones (las líneas) necesario para la prestación del servicio gratuito.
Tras el análisis la institución se dio cuenta que para cumplir tendrían que dejar de pagar los servicios del operador, que es lo que mantiene la línea funcionando.
El límite también los obligó a sacrificar la aplicación móvil del 911, que ya estaba diseñada y lista para poner en funcionamiento, que pretendía dar una opción accesible para solicitar ayuda ante emergencias a las personas con capacidad auditiva, violencia intrafamiliar, niños y adolescentes, pero que requiere presupuesto para mantener en operación.
Según Amuy, la institución está a la espera de que Casa Presidencial y Asamblea Legislativa le den una respuesta a su solicitud de ser eximido con la justificación de que su presupuesto no solo no proviene del Presupuesto Nacional sino que tampoco ha sido un detonante en la situación tributaria/fiscal que enfrenta el país en este momento.
