La reciente licitación que lanzó la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) que le permite contratar servicios privados de salud -de forma extraordinaria- para atender emergencias, debido al movimiento de presión de especialistas al no trabajar jornadas extraordinarias debe anularse según el Sindicato de Médicos Especialistas (Siname).
Es por ello, que la organización interpuso una denuncia ante la Contraloría General de la República para que investigue el presunto manejo inadecuado de fondos públicos por parte de la Gerencia Médica, encargada de dicha licitación.
La licitación que tuvo un período de recepción de ofertas durante poco más de dos horas el pasado 26 de marzo (Martes Santo), es por ₡12.583 millones, fue publicitada en el Sistema Integral de Compras y según el Siname, pero llama la atención, la misma Dirección Jurídica de la Caja había indicado que no existían méritos para catalogar la suspensión de tiempo extraordinario por parte de los especialistas a partir del 1° de abril, como una emergencia, pues no era un hecho “imprevisible”.
“No se puede catalogar la situación de emergencia pues a mediados de marzo se alertó a las jefaturas médicas y las direcciones de los hospitales que los especialistas no trabajarían en jornadas extraordinarias, frente a la falta de acuerdos con las autoridades para resolver temas salariales y laborales del sector.
De acuerdo con el Dr. Mario Quesada, presidente del Siname, es previsible que el concurso de emergencia iniciado por la CCSS sea nulo, pues no se cumple con los requisitos señalados en los artículos 66 y 166 de la Ley General de Contratación Pública y su Reglamento.
“Nos parece muy grave que la Gerencia Médica de la CCSS pretenda abusar de un acto administrativo, para solapar la incapacidad de la institución, para resolver en 8 meses las peticiones de un gremio que quiere seguir brindando atención de primera calidad para todos nuestros pacientes”, indicó Quesada.
Además, señaló que este tipo de licitaciones deben estar muy bien justificadas, y que, de no existir tal emergencia, se deben imponer las sanciones correspondientes a los funcionarios que participaron en ese concurso, desatendiendo así los requerimientos legales.
