La Contraloría General de la República (CGR) indicó a la presidenta de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Marta Esquivel, que “no corresponde a este órgano pronunciarse vía consultiva” sobre el reajuste salarial en la institución.
La respuesta de la CGR, en manos de UNIVERSIDAD, se da luego de que la Junta Directiva, tras petición de Esquivel, consultara al órgano contralor si la institución se encuentra excluida de la regla fiscal para así aprobar aumentos salariales por costo de vida.
“Al vincularse la consulta con decisiones adoptadas por la CCSS, que a su vez involucran temas para los cuales se cuenta con criterios emitidos por diferentes instancias e incluso por la asesoría legal interna; no corresponde a este Órgano Contralor pronunciarse -vía consultiva- cuya naturaleza es previa y además reservada a temas generales, sobre las interrogantes planteadas”, concluyó la CGR en el oficio DFOE-BIS-0651, con fecha de 15 de noviembre.
En detalle, el órgano contralor le indicó a Esquivel que la consulta planteada tiene su origen en un acto administrativo emitido por la Junta Directiva de la CCSS, por lo que el tema sobre el que se solicita criterio al órgano contralor corresponde a una decisión ya adoptada “sobre la cual no corresponde activar la vía consultiva ante esta Contraloría General, reservada al estudio general de temas propios de la hacienda pública y no a casos específicos”.
Agregaron que en cuanto a este caso en particular, existen pronunciamientos de otros órganos, como la Sala Constitucional, los cuales se han referido, desde el ámbito de su competencia, al caso concreto, incluso partiendo del planteamiento de la presente consulta, los cuales son de conocimiento de la CCSS.
Mediante la resolución n.° 19511-2018 de las 21:45 horas del 23 de noviembre de 2018, la Sala Constitucional indicó que “…tratándose de seguros con aportes tripartitos, como el de enfermedad y maternidad (cuestionado por los consultantes), todos los recursos de dicho fondo se encuentran cubiertos por la protección constitucional, imposibilitando su afectación por medio de las medidas fiscales propuestas (…) la imposibilidad constitucional de transferir o emplear los fondos del seguro de enfermedad y maternidad constituye una excepción dimanada de nuestra Carta Magna, en defensa de la autonomía de gobierno de la CCSS y del apropiado uso de los recursos de dicho seguro (…)”.
“En resumen, el hecho de que la norma cuestionada expresamente excluya de la regla fiscal a los recursos del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y al Régimen No Contributivo administrado por la CCSS, no es per se inconstitucional, toda vez que, por un lado, la introducción de tales excepciones es constitucionalmente imperativa, y, por otro, tal alusión no obsta para que el seguro de enfermedad y maternidad también se encuentre excluido por aplicación directa de los postulados 73 y 177 de la Constitución Política, de manera que en lo atinente a tales aspectos no emerge vacío jurídico alguno que contraríe el orden constitucional”, resaltó la CGR en la respuesta a la presidenta ejecutiva.
Polémica
La discusión en torno a este tema surgió luego de que la Junta Directiva de la CCSS, presidida por Álvaro Ramos, acordara aprobar un aumento general de salarios de c7.500 correspondiente al periodo 2020, y adicionalmente instruyera a las gerencias respectivas hacer efectivo este pago durante lo que resta del año 2022.
La decisión provocó que el presidente de la República, Rodrigo Chaves, destituyera a Ramos el 17 de setiembre y designara a su entonces ministra de Trabajo, Marta Esquivel, como nueva presidenta ejecutiva de la CCSS.
Inicialmente el mandatario indicó que el aumento era ilegal y que la Junta Directiva debía revertirlo; sin embargo, Esquivel manifestó posteriormente que la CCSS podía mantener el aumento que se había aprobado en firme, pero que se debía postergar porque el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, le había enviado una nota, en la que indicaba que la CCSS debía cumplir con las condiciones de la regla fiscal.
Días después incluso, el 12 de octubre, el Poder Ejecutivo derogó el decreto 42121-MT-SS-H-Mideplan, que era un acuerdo para el ajuste salarial de todo el sector público.
Finalmente el 13 de octubre, la Junta Directiva de la CCSS acordó pedir criterio a su Dirección Jurídica sobre los alcances de la excepción de la regla fiscal en los seguros de la institución.
Sobre esto, la Dirección Jurídica de la Caja concluyó a través del oficio GA-DJ-8074-2022, del 19 de octubre del 2022, que en virtud de su autonomía la institución está facultada para hacer aumentos salariales a sus trabajadores.
