El proyecto de ampliación de la ruta 1, carretera entre San José y San Ramón, saldrá más caro al país debido a variadas deficiencias en su ejecución y control de fases iniciales, lo que provoca atrasos e incremento de los presupuestos, concluyó la Contraloría General de la República (CGR) en un informe publicado este lunes.
El proyecto administrado por un fideicomiso en el Banco de Costa Rica no ha concluido aún los estudios previos que permitan precisar el tamaño del proyecto, sus plazos, estructura financiera ni, por tanto, la inversión requerida, además de los criterios técnicos de la viabilidad económica, ambiental y social, señala el informe DFOE-CIU-IF-00010-2022.
Un costo adicional de $6,4 millones se ha registrado al tener que incrementarse en 950 días naturales el plazo de la etapa preoperativa, lo que equivale casi a 50% del presupuesto original para pago de honorarios a la entidad fiduciaria, indica la auditoría de la CGR.
La entidad contralora indica que hasta ahora los avances se han centrado en las llamadas OBIS (Obras Impostergables) en acuerdo con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), lo que abre el riesgo de que esos trabajos deban ser modificados posteriormente para adecuarse al trabajo principal.
En esos segmentos se han tenido que compensar desajustes financieros por atrasos en el trámite de permisos ambientales, reubicación de servicios públicos o expropiaciones. El período previsto creció 117%, con un costo adicional de casi ¢700 millones.
El Fideicomiso ha responsabilizado por estos rezagos al CONAVI, pero esta entidad y el ministro del MOPT, Luis Amador, han emitido críticas por la tardanza y los costos, con la posibilidad de plantear una renegociación del contrato.
Para la Contraloría, los problemas adicionales son que el Fideicomiso no establece plazos máximos para las revisiones y cumplimiento de cada fase, las “Herramientas de Gestión y Monitoreo (HGM)” contienen limitaciones y desconexión entre ellas, faltan indicadores de gestión y hay ausencia de un sistema de alertas tempranas.
Esto, ante un desempeñó “pasivo” del Comité de Fiscalización, Supervisión y Vigilancia (CFSV) del fideicomiso, añade la CGR.
La Contraloría justificó que el corredor vial San José – San Ramón es “vital para el tránsito de mercancías de abastecimiento nacional y de exportación al mercado centroamericano”, además de comunicar las provincias San José, Heredia y Alajuela con los centros urbanos más grandes del país y conectar con el principal aeropuerto del territorio nacional, además de ser una vía alterna al Pacífico.
Además, se mencionó el antecedente de la concesión fallida a la empresa OAS, retirada en 2014, a finales del gobierno de Laura Chinchilla, tras protestas de comunidades de occidente del Valle Central que aspiraban a mejores condiciones de tiempo y costo.
Este lunes, el Fideicomiso Ruta Uno reiteró que los atrasos se debe a la falta de aprobaciones por parte del MOPT. “Las disposiciones emitidas por el órgano contralor están dirigidas a los Fideicomitentes (Mopt-Conavi), quienes deberán decidir sobre el alcance del proyecto, para lo cual cuentan con la información que, desde la óptica del Banco de Costa Rica, ya se les ha presentado o, incluso, podrán completarla según lo consideren necesario”.
“Lamentablemente, esas disposiciones implican que el Fideicomiso no podrá continuar con la ejecución de los proyectos contemplados en el Programa de OBIS, hasta tanto no se emitan las aprobaciones indicadas en el informe de la CGR”, debido el riesgo señalado sobre posibles discrepancias entre esos trabajos y el diseño final del proyecto.
