En una reciente resolución, los magistrados de la Sala Primera aseguraron que la Contraloría General de la República se extralimitó en sus funciones, al prohibirle al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) participar en la supervisión y administración de la construcción de la nueva carretera a San Ramón.
En su análisis, los magistrados aseguraron que el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) había rescindido el contrato con el ICE, mediante el cual la institución daba apoyo en la administración y supervisión del contrato de la carretera en su sección Sifón – La Abundancia.
La Contraloría habría indicado que las actividades de seguimiento físico y financiero, ajuste de precios, estimaciones, facturaciones, exoneraciones, topografía, cálculo, ingeniería, inspección, manejo de documentación, análisis de riesgos, aspectos socioambientales y verificación de la calidad a la unidad ejecutora del CONAVI no estaban dentro de las competencias legales asignadas al ICE.
En este sentido, la Sala Primera advirtió que la Contraloría debió consultar a la Procuraduría General de la República sobre la competencia del ICE en este proyecto, para determinar si contaba con los requerimientos para suscribir y cumplir las obligaciones del proyecto; pues sus funciones se limitan a fiscalizar lo referente a la Hacienda Pública
De hecho, el tramo central del proyecto, entre Sifón y la Abundancia de Ciudad Quesada está paralizado desde agosto del 2018 y la expectativa es que se reactive y quede listo en el año 2025, gracias a una línea de crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por $350 millones, de los cuales $225 son para este proyecto.
La Sala advierte que, previo a la suscripción del contrato, se analizaron diversos criterios para establecer la capacidad del ICE para llevar a cabo esta labor de asesoría y supervisión.
