La Contraloría de la República advirtió a la Asamblea Legislativa que se deben evaluar aspectos de seguridad en los temas relacionados con el agua en las regiones donde operaría el proyecto 22.709, Amnistía para el ordenamiento de pozos no inscritos y otorgamiento de concesiones para el aprovechamiento del recurso hídrico en actividades de producción agropecuaria.
Así lo advirtieron en el informe DFOE-SOS-0109, firmado por la gerente Carolina Retana del Área de Fiscalización para el Desarrollo Sostenible, remitido a los diputados de la Comisión de Asuntos Sociales, donde se está tramitando el proyecto.
“Debería evaluarse los posibles impactos sobre la disponibilidad y seguridad futura del recurso hídrico que la amnistía podría ocasionar en las regiones o territorios donde ésta se pretende aplicar, considerando además, posibles escenarios de zonas de actual y potencial estrés hídrico, de sobreexplotación y la forma en que están distribuidas las diferentes asignaciones y usos del agua”, indicó el oficio.
En el expediente legislativo, se indicó que más de 8.000 productores de cultivos como melón y sandía enfrentan una situación de elevada incertidumbre, porque gran parte de los pozos de agua en operación fueron perforados sin cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias. Por esta situación, los propietarios de los terrenos donde se localizan estos pozos no pueden obtener una concesión para su aprovechamiento, lo que se considera una falta grave en los países compradores de productos agrícolas.
El proyecto fue presentado en octubre del 2021 por los legisladores Eduardo Cruikshank y Xiomara Rodríguez, de Restauración Nacional. Reconocieron que anteriormente el Estado realizó procesos para registrar y regularizar la situación de pozos de este tipo en el 2002 (Decreto Ejecutivo N.° 30387-MINAE-MAG), en el 2010 (Decreto Ejecutivo N.° 35882-MINAE) y en el 2019 ( Decreto Ejecutivo N.° 41851-MP-MINAE-MAG), pero solo se logró regularizar 600 casos, por lo que el esfuerzo habría sido insuficiente ante la cantidad de pozos que no se incluyeron y cuya cifra no se conoce, dada la ausencia de un inventario en esta materia.
La propuesta fue adoptada en el actual Congreso por el diputado oficialista Daniel Vargas, y apunta a que se puedan inscribir uno o más pozos de agua ubicados en cualquier parte del país, con la única condición de que estén destinados a actividades de producción agropecuaria. La solicitud de inscripción requiere de una declaración jurada en la que se indique la ubicación del pozo, el caudal que se extrae en litros por segundo, uso que se le da al agua y autorización de ingreso al sitio en donde se encuentra el pozo para los funcionarios acreditados de la Dirección de Agua de MINAE, MAG, SENARA y AyA. Con ello, se les otorgará una concesión para el aprovechamiento del agua.
Ante esta propuesta, el ente contralor advirtió que se deberá analizar aspectos vinculados con la seguridad hídrica, en los lugares donde se vaya a aplicar. Recuerda que según la Política Nacional para el subsector de agua potable 2017-2030, hay lineamientos de planificación para el abastecimiento de agua potable en función de la capacidad hídrica.
También señala que antes de dar los beneficios expresados por el proyecto a los propietarios de pozos, es necesario contar con estudios que permitan estimar el balance hídrico de las cuencas hidrográficas en donde se aplicaría esta amnistía. Se debe valorar tanto la situación actual y futura en cuanto a disponibilidad y demanda, recordando que el suministro o consumo poblacional debe ser prioritario sobre cualquier otro.
En la opinión del ente fiscalizador también se alerta que el proyecto no establece un plazo para la autorización de extracción y aprovechamiento que se daría a los dueños de los pozos, lo que debería revisarse considerando criterios de legalidad y constitucionalidad, ya que debe garantizarse de forma prioritaria el consumo humano, por lo que se debe pensar en plazos razonables para valorar y revisar las asignaciones
