Una auditoría realizada por la Contraloría General de la República (CGR) al Ministerio de Salud reveló que la institución no cumple con la mayoría de las normativas para brindar un adecuado servicio de vigilancia epidemiológica, que sus procedimientos internos de trabajo no se actualizan desde el año 2007, ni se adaptan a los desafíos planteados por la pandemia por COVID-19.
El informe que se registra bajo el expediente DFOE-BIS-IAD-01-2024 no logró determinar que el Ministerio de Salud analice la totalidad de los eventos, que, por su impacto en la salud pública, son de notificación obligatoria, además que no efectúa análisis con corte anual para describir el perfil epidemiológico de la población y sus tendencias.
Carolina Retana, gerente de Fiscalización para el Desarrollo del Bienestar Social de la Contraloría explicó que la investigación descubrió que algunos eventos de salud sujetos a vigilancia no tienen plazo de notificación e investigación, entre ellos los de mortalidad materna e infantil y tumores malignos.
“Encontramos que algunos de estos casos fueron notificados tras más de 90 días de ocurridos, y sin el registro del médico tratante en el 100% de los casos de mortalidad materna”, indicó Retana.
Sobre este particular, los casos correspondieron en un 65% a mortalidad materna, el 52% de tumores malignos y el 38% de mortalidad infantil, además que se encontraron faltantes en los registros de notificaciones y fichas de investigación.
Por ejemplo, en el sistema de mortalidad infantil no se registró en el 32% de las notificaciones el número de expediente de la madre y en el 7% el del niño; tampoco se detalló el médico tratante en el 100% de los casos de mortalidad materna, mientras que se ubicaron discrepancias en las fechas del evento.
Se pudo identificar que de 4.800 notificaciones en el sistema de mortalidad infantil hay 823 sin la ficha de investigación respectiva, y de éstas, 741 están concentradas en 15 establecimientos de salud, de los cuales 13 son hospitales, y en 19 casos no se especifica si fueron centros públicos o privados.
“Se identificaron otras debilidades en cuanto a la falta de medidas para la mejora continua de las etapas del servicio de vigilancia epidemiológica, así como la falta de procedimientos de trabajo que respondan a las nuevas tendencias de inteligencia epidémica y a los desafíos del entorno post pandemia”, añadió la gerente de Fiscalización para el Desarrollo del Bienestar Social.
De acuerdo con el informe, se identificaron debilidades en todos los componentes de supervisión, evaluación, capacitación y coordinación del servicio de vigilancia epidemiológica, al no apegarse a la normativa existente.
La División de Vigilancia de la Salud (DVS) no ha tomado medidas para verificar que los laboratorios públicos privados proporcionen los resultados de los análisis en forma oportuna, ni cuenta con evidencia de cómo las necesidades de los entes involucrados son integradas para su mejora continua.
Otro elemento que destaca el informe es que la integridad, confidencialidad y seguridad de la información generada por la DVS está comprometida, ya que se hace de forma manual por diversos actores, e incluso el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud Automatizado carece de identificación y documentación de 3.176 permisos a usuarios.
Asimismo, se identificó que de los 61 tipos de reportes sobre estadísticas e información de eventos de salud que pueden generarse, solo cinco muestran los datos y los otros 56 emiten un error que imposibilita desplegarlos.
Tampoco fue posible constatar que se analice en su totalidad los eventos de salud de notificación obligatoria, ni que se efectúen los análisis epidemiológicos para describir el perfil epidemiológico de la población sus tendencias.
Pese a que la CGR reconoció que la DVS sí realiza acciones para disponer de normativa legal y técnica para llevar adelante la labor de vigilancia epidemiológica, ante el entorno dinámico se requiere una revisión continua para hacer los ajustes necesarios.
