La Contraloría General de la República realizó un informe de auditoría al Ministerio de Educación Pública (MEP) sobre la educación primaria y su adaptabilidad, accesibilidad y seguimiento del servicio durante la emergencia sanitaria, el cual reveló que no existen insumos para establecer planes de nivelación respecto a los aprendizajes impartidos.
De acuerdo con la Contraloría, el MEP desconoce la efectividad de las estrategias que implementó para adaptar el servicio educativo, pues no dispone de información suficiente sobre el nivel de entrega efectiva de las Guías de Trabajo Autónomo, asimismo, no se cuenta con información sobre la efectividad de los programas de radio y televisión.
“Estas debilidades implican que los niveles central y regional no disponen de elementos cualitativos y cuantitativos específicos sobre la adaptación del servicio, que le permitan realimentar y reformular sus acciones de manera oportuna para una readaptación bajo un enfoque de mejora continua, en los que además no existen insumos para establecer planes de nivelación sustentados en información relativa a los aprendizajes efectivamente impartidos y los niveles de logro alcanzados”, se lee en el informe.
Sobre la accesibilidad al servicio, el ente contralor determinó que el Ministerio utiliza la Alerta Temprana como un mecanismo para identificar, atender y monitorear aquellas personas en riesgo de exclusión, y que aunque se lleva un registro de la cantidad de alertas emitidas (25.678 alertas en 1.023 centros educativos), no se cuenta con información respecto a su efectividad. Esto quiere decir que no se tiene claro si la persona permaneció o salió del sistema.
Además, la cantidad de estudiantes sin conectividad aumentó de 2020 a 2021; sin embargo, el propio Ministerio señala posibles inconsistencias en la recolección de esta información y una subestimación del dato real para 2020.
“Si bien el MEP ha realizado acciones para la continuidad desconoce su efectividad ya que no dispone de información suficiente, entre otras no cuenta con información sobre el nivel de entrega efectiva de las guías de trabajo autónomo. Esto implica que no existen insumos para establecer planes de nivelación respecto a los aprendizajes impartidos y los niveles de logros alcanzados. Además existen limitaciones en la calidad de la información sobre la conectividad de la población estudiantil”, indicó la gerente del área de Fiscalización para el Desarrollo de Capacidades, Jessica Víquez.
Todo esto precisamente, constituye para la Contraloría una fuente de creación de desigualdades para el estudiantado, que a mediano plazo pueden constituir barreras de acceso a mayores grados académicos y a mejores oportunidades en el mercado laboral, lo que compromete sus niveles de ingreso y aumenta el riesgo de pobreza.
“Estas situaciones limitan el abordaje integral para la recuperación de aprendizajes, lo que a su vez acentúa las desigualdades a las que se enfrenta la población estudiantil y las problemáticas estructurales del sistema educativo”, agregó Víquez.
La Contraloría ordenó a la ministra de Educación Pública, Guiselle Cruz, que elabore, apruebe e implemente una política para la prestación del servicio educativo bajo la modalidad a distancia y la respectiva normativa para su instrumentalización. Además, definir, oficializar e implementar los mecanismos que permitan al Ministerio conocer la efectividad y alcance de las siguientes acciones ejecutadas para la adaptabilidad y accesibilidad al servicio ante la emergencia sanitaria.
A esto se suma la elaboración de un diagnóstico sobre el rezago educativo que enfrenta el nivel de educación primaria, para cada grado y asignatura, que contemple al menos las brechas entre los aprendizajes recibidos durante los cursos lectivos 2020 y 2021; así como diseñar, oficializar e implementar un plan para la recuperación del aprendizaje.
