Una “opinión favorable” emitió la Contraloría General de la República (CGR) respecto a la liquidación del presupuesto de los egresos a cargo del Poder Judicial correspondiente al periodo 2022.
Esa calificación quiere decir que la CGR, “obtuvo evidencia de auditoría suficiente y apropiada” para llegar a la conclusión de que el Poder Judicial cumplió “razonablemente, en todos los aspectos materiales, de conformidad con el marco de información financiera aplicable, sin que se hayan identificado incorrecciones o incumplimientos materiales, es decir significativos”.
Ese criterio de “opinión favorable” es además establecido por las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI, por sus siglas en inglés) emitidas por la Organización Internacional de Entidades de Fiscalización Superior (INTOSAI, por sus siglas en inglés).
El informe de la CGR apunta que el presupuesto total egresado por el Poder Judicial el año pasado fue de ¢453.054 millones, con las remuneraciones como principal rubro de gastos con ¢382.873 millones, seguidas por la contratación de diversos servicios, por ¢36.912 millones, y la adquisición de bienes duraderos, por ¢14.661 millones.
El Poder Judicial además pagó ¢6.005 millones en transferencias corrientes, es decir, “los ingresos recibidos de personas, entes y órganos del sector público, privado y externo para financiar gastos corrientes con el fin de satisfacer necesidades públicas de diversa índole, sin que medie una contraprestación de bienes, servicios o derechos a favor de quien traslada los recursos”, según el Ministerio de Hacienda.
También se registró ¢6.671 millones por concepto de transferencias de capital, que el mismo Ministerio de Hacienda define como “erogaciones que se destinan a personas, entes y órganos del sector público, privado y externo, con el objeto de que los beneficiarios puedan adquirir y producir activos de capital, compensarlos por daños o destrucción de los mismos o aumentar su capital financiero, sin que exista contraprestación de bienes, servicios o derechos a favor de los organismos públicos que realizan el aporte”.
Finalmente, en el rubro de materiales y suministros se gastó ¢5.932 millones.
