La Contraloría General de la República externó la preocupación que existe por una disminución en el último año en el cumplimiento de las disposiciones que ha emitido a las instituciones públicas, y resaltó el rezago mostrado por la ausencia de acciones oportunas en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y en la definición de una política de Seguridad Nacional.
La Contraloría realizó estas advertencias con motivo de la divulgación del Índice de Cumplimiento para la Mejora Continua (ICM) por segundo año consecutivo, cuyos resultados revelaron un menor porcentaje de cumplimiento de las disposiciones dictadas por la Contraloría en el 2023, en comparación con el 2022.
Al identificar los principales desafíos que identificaron en el informe DFOE-SEM-SGP-01-2023, la Contraloría resaltó que quedan pendientes disposiciones emitidas en 2021 y 2022, que requieren acciones oportunas, considerando el rezago mostrado y su importancia en la gestión institucional.
Esta preocupación la ejemplifican con el caso de la definición de la Política de Seguridad Ciudadana, en el Ministerio de Seguridad Pública y el Ministerio de Justicia y Paz.
En este caso, la Contraloría dispuso en el informe DFOE-GOB-IF-0017-2022 que el ministro de Justicia y Paz Gerald Campos, como rector del Gobierno en Seguridad, debía remitir un cronograma sobre la construcción de esa política en abril del 2023, y certificar que se había elaborado a más tardar en agosto del 2024.
Aunque el Ministerio de Justicia remitió un primer avance del cumplimiento de este cronograma el 30 de agosto, ante una consulta de UNIVERSIDAD sobre los avances de este plan en octubre, eludieron entrar en detalles e indicaron que se “el tema se retomó” tras el cambio de jerarca en Seguridad, al relevar Mario Zamora a Jorge Torres en mayo.
En el cronograma remitido a la Contraloría, las autoridades se comprometieron a realizar una serie de talleres especializados con gremios y sectores, académicos, instituciones de seguridad, expertos internacionales y autoridades locales (alcaldes). Los compromisos y las funciones de los participantes se definirían mediante un decreto, y se deberían elaborar instrumentos de consulta a la ciudadanía, además de diez diagnósticos sobre diversos elementos relacionados con la seguridad: tendencias de crimen, sistema carcelario, factores que alteran la convivencia y desafíos en materias como cibercrimen, migración y riesgos emergentes.
EL ICM también cita varios ejemplos en rezagos pendientes el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), con respecto al Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) y al Consejo de Seguridad Vial (COSEVI), por la definición del Sistema Nacional de Carreteras, así como un mecanismo de valoración continua de precios de los insumos utilizados para conservar la Red Vial Nacional.
Además, la consolidación de gestiones orientadas a la continuidad de los servicios de inspección técnica vehicular.
Menos cumplimiento
El ICM reportó que niveles de madurez intermedio o inferior de instituciones públicas para cumplir disposiciones pasó de 58% en 2022 a 65% en 2023, lo que evidencia un deterioro en el porcentaje de cumplimiento.
Adicionalmente, de las 82 instituciones que se evaluaron tanto en 2021 como 2o22, un 27% descendió en sus niveles de madurez.
Carlos Morales, gerente del área de Seguimiento para la Mejora Pública, resaltó que este ejercicio muestra resultados sobre la madurez de las instituciones públicas, con respecto a la atención que dan a las disposiciones emitidas por los informes de auditoría, en la que evaluaron 11o entidades. “Alrededor de un 40% de las disposiciones requirieron más de 90 días adicionales para su atención”, dijo.
