La Contraloría advirtió a los diputados de la Comisión de Hacendarios que el Gobierno podría haber presupuestado en el proyecto del 2024 menos pagos de los que por ley debe realizar a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
“En este proyecto, podrían estar subestimados los gastos por transferencias a la CCSS, el monto propuesto es menor a las estimaciones realizadas por la CCSS en ₡397.500 millones, y es menor a lo facturado en 2022 en ₡110.800 millones”, explicó la contralora Marta Acosta ante los legisladores, en la audiencia a la que fue convocada para referirse al proyecto del presupuesto ordinario para el 2024.
Acosta explicó que entre los rubros con mayor decrecimiento se encontraban la atención de los asegurados por cuenta del Estado según leyes especiales, en el que se incluyen indigentes y personas cubiertas por el Código de la Niñez y Adolescencia, pero también se presentaron reducciones en las cuota estatal para trabajadores del sector privado y público descentralizado, y cuotas por los servicios prestados a los trabajadores independientes.
“También se presentó una reducción de 37.715 millones en el rubro de atención a personas indigentes, asignado al Ministerio de Salud, en relación con el presupuesto ajustado del 2023”, manifestó Acosta.
Adicionalmente, Acosta advirtió que en este proyecto de presupuesto, el Gobierno incumplió con remitir el análisis del impacto en las finanzas de la CCSS de la deuda del Estado, según lo solicitaron los diputados al aprobar la liquidación del presupuesto general del 2022.
La presidenta de la comisión, la diputada Paulina Ramírez del Partido Liberación Nacional (PLN), recordó que la Asamblea Legislativa había solicitado al Gobierno una certificación de las obligaciones del Estado con la CCSS, un análisis de la evolución de los montos presupuestados y ejecutados por la CCSS en los últimos diez períodos presupuestarios, y un análisis de la evolución de la deuda del Estado con la CCSS.
Ramírez también enfatizó que en la liquidación del presupuesto del 2022, no se habían registrado gastos por transferencias a la CCSS por alrededor de ₡252.287 millones, que además se ven afectadas por una reducción en los niveles de ejecución de estos presupuestos.
Por su parte, el diputado Jonathan Acuña del Frente Amplio (FA) resaltó que si la deuda del Estado con la CCSS ya superaba los ₡3 billones, la actuación del Gobierno de presupuestar menos recursos de los que por ley se debían atender solo incrementaría este problema.
“No estamos hablando de transferencias a modo de favor, para mantener las finanzas de la CCSS, sino obligaciones legales, por servicios que debe dar la CCSS, por atención a personas, que el Estado debe pagar por ley”, enfatizó Acuña.
Al respecto, Acosta coincidió en que la situación estaría incrementando la deuda del Estado con la CCSS, pero recordó que en esta materia el primer aspecto pendiente es que tanto la CCSS como el Ministerio de Hacienda logren un acuerdo sobre el monto de esa deuda, para posteriormente definir la forma de cancelarla.
No se trata del único elemento que podría estar subestimado. La contralora Acosta también externó la inquietud por la posible subestimación en el tema del pago del aguinaldo en el Ministerio de Educación (MEP), por la reducción de aproximadamente ₡17 mil millones en este rubro.
Con respecto a esta situación, Acosta indicó que probablemente se requerirá de un presupuesto extraordinario para enfrentar esta obligación con los trabajadores del MEP.
A pesar de estas situaciones, Acosta calificó la propuesta de presupuesto como “esperanzadora”, en el sentido de que se estaba reduciendo el porcentaje que requería financiamiento, 39%. cuando el promedio en los anteriores presupuestos del 2015 al 2023 había estado en un 47%.
Esto provocó la participación de la diputada Pilar Cisneros, del Partido Progreso Social Democrático (PSD), que se manifestó satisfecha de los resultados, que a su juicio, indican que el país va por buen camino. Cuando Acuña la confrontó por las situaciones de transferencias que se recortan y la reducción en gastos sociales, indicó que se quisiera tener recursos para todo, pero que no es posible.
No obstante, si dejó claro que en materia de regla fiscal, por segundo año consecutivo, la Contraloría no podrá evaluar su cumplimiento, por la gran cantidad de cambios que ha recibido esta normativa. “Hay serias dificultades para verificar el cumplimiento de la regla fiscal a raíz de los múltiples cambios que ha sufrido el ordenamiento y los reglamentos, con las excepciones, al punto que la regla se ha vuelto una excepción”, explicó.
