“Enfáticamente, puedo señalar que la Contraloría General ha actuado en total apego al ordenamiento jurídico, siguiendo los procedimientos internos establecidos al efecto, para lograr un producto interdisciplinario de alta calidad y solidez que diera respuesta a las inquietudes formuladas en su momento por un grupo de diputados”.
Así se defendió Marta Acosta, máxima jerarca de la Contraloría General de la República (CGR), en nota dirigida a la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa, en descargo de afirmaciones “distorsionadas” que hizo un exfuncionario el pasado 14 de abril en dicha comisión.
Como informó UNIVERSIDAD en la edición anterior, tras escuchar al abogado Navil Campos Paniagua, exgerente del Área de Denuncias e Investigaciones de la CGR, varios diputados señalaron a la Contralora entre los funcionarios que deberían ser investigados por el “despilfarro” que habría hecho la estatal Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) en la fracasada empresa Soresco.
Luego de múltiples cuestionamientos a la sociedad conjunta creada con la Compañía Nacional de Petróleo de China Internacional (CNPCI) para construir una nueva refinería en Moín (Limón), Recope decidió el mes pasado salirse de ese negociado en el que había invertido más de $30 millones (¢16.000 millones).
El proyecto estaba varado desde el 2013, cuando la CGR ordenó a Recope no utilizar el estudio de factibilidad de la nueva refinería, pues fue elaborado por una empresa del mismo grupo económico de CNPCI, lo que implicaba conflicto de interés del socio chino.
Al no poder llegar a un acuerdo entre ambas partes para realizar un nuevo estudio, la Junta Directiva de Recope resolvió retirarse de la empresa conjunta.
Refiriéndose a la resolución de la CGR –en la que prohíbe el uso del estudio de factibilidad–, Navil Campos mencionó en la mencionada comisión que la Contraloría había tardado demasiado tiempo en tomar esa decisión y que faltó transparencia en la investigación.
Tras recibirse en el 2012 la denuncia de un grupo de diputados –afirmó–, su despacho tenía clara la existencia del conflicto de interés y que se había violado una cláusula esencial del contrato, por lo que había recomendado anular tanto el estudio de factibilidad como la aprobación de la directiva de Recope.
Sin embargo, añadió, a pesar de múltiples discusiones con las instancias superiores no se aceptó su propuesta y se modificaron al menos cinco borradores de la resolución, incluso el último se cambió minutos antes de ser notificado, y se limitaba a prohibir el estudio de factibilidad.
Al ser interrogado por qué había firmado esa resolución si no estaba de acuerdo, respondió que se debió a normativa interna de la CGR, pues a él le correspondía firmar como gerente de área y tenía instrucción directa de firmarlo.
La Contralora, por su parte, señaló que el señor Campos, con sus declaraciones, “ha pretendido deslizar anomalías para hacer cuestionable un proceso intenso, como él mismo lo califica. Es ordinario para este órgano contralor enfrentar temas muy complejos y de enorme impacto nacional, que siempre son resueltos por las Áreas a cargo, pero con el respaldo técnico institucional y en ningún caso por un único funcionario”.
Lo anterior mediante una carta dirigida al diputado Mario Redondo, presidente de la comisión hasta el pasado 30 de abril. Ahora la investigación sobre el caso Recope-Soresco deberá continuar en la nueva legislatura, que empezó el 1 de mayo.
INVESTIGACIÓN
Luego de un recuento de las reuniones y consultas con los diversos departamentos de la CGR, durante la investigación de la denuncia recibida, Acosta advirtió que “en estas sesiones se presentaban posiciones que, sometidas a discusión, podían ser descartadas, en algunos casos por no superar cuestionamientos legales, porque sin duda nuestras decisiones debían ser capaces de enfrentar cualquier cuestionamiento técnico o legal que se formulara”.
Además, en el expediente institucional levantado al efecto, no consta ningún informe de que el Área de Denuncias planteara un análisis jurídico específico sobre la eventual nulidad del acuerdo de la empresa conjunta o, bien, de los acuerdos adoptados por la Junta Directiva, y que demuestre que era la vía correcta y la mejor solución para el caso.
Esa opción no fue valorada como una alternativa de respuesta institucional. “Deploro que sobre esta realidad se pretenda hacer prevalecer opiniones personales con la gravedad de afirmar que he faltado a la verdad”, se defendió Acosta.
De esa manera, aludió a la mención del diputado Ottón Solís sobre la respuesta negativa de la Contralora al preguntársele si habían valorado la posibilidad de declarar nulos los acuerdos tomados en Recope; para Campos, si esas son las declaraciones de la Contralora, son falsas.
Por otro lado, Acosta refutó que a Recope se le hubieran autorizado nuevos desembolsos para Soresco mientras se realizaba la investigación, más allá del presupuesto que se le había aprobado con anterioridad. Recope es la llamada a tomar acciones en Soresco tendientes a proteger los recursos que, en su calidad de accionista, traspasó en su momento. “La responsabilidad no puede endilgarse al órgano contralor”, remarcó.
