La jerarca de la Contraloría General de la República, Marta Acosta, informó a las y los diputados de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Agropecuarios que el proyecto de ley que le otorga la rectoría de las Ferias del Agricultor al Programa Integral de Mercadeo Agropecuario (PIMA) aumentaría el costo de operación.
Acosta compareció ante el mencionado órgano para referirse al expediente 23914 propuesto por la oficialista Ada Acuña, que afianzaría la existencia del PIMA y pondría bajo su mando el Programa Nacional de Ferias del Agricultor (PNFA).
La contralora aseguró que el proyecto consolida y convierte en una herramienta estrategica el PIMA, lo que es favorable pues el PIMA actualmente existe en la ley sólo en relación con su financiamiento, pues en la ley 6142 se dio aval al Instituto de Fomento y Asesoría Municipal para firmar un Contrato Garantía con el BCIE para crear el programa.
Con la propuesta, dijo, se concentrarían las competencias integrando el PIMA y el PNFA. Así, dijo, se consolidaría la rectoría del PIMA y se eliminarían la Junta Nacional y las Juntas Regionales de Ferias del Agricultor, que serían sustituidos por comités cantonales, lo que probablemente generaría un aumento en los gastos.
Para ese cambio, advirtió, no existen análisis costo-beneficio para determinar que ese nuevo sistema es el “más idóneo” para velar por los intereses de los productores.
Además indicó que el proyecto podría generar duplicidad de funciones entre el PIMA y el Consejo Nacional de Producción y aclaró que en el texto propuesto falta claridad de cómo podrían usarse desde el programa las donaciones y fideicomisos.
La contralora terminó diciendo que es necesario revisar el impacto de la normativa en la exclusión del programa de ferias del agricultor de la regla fiscal establecida en la Ley 9635 (fortalecimiento de las finanzas públicas).
