Un impuesto a la gasolina súper, Plus 91 (regular) o diésel que consumen las y los costarricenses habría servido para subsidiar hasta en ¢4.570 millones anuales el asfalto que compraron las empresas vinculadas al caso “cochinilla”.
Por causa de una medida creada en 2011 y convertida en política pública mediante el Decreto Ejecutivo N° 39437-MINAE el 13 de enero del 2016, sobre cada litro de combustible de uso común el estado cobra un impuesto de ¢8 que se utiliza para subsidiar los precios del gas licuado de petróleo (GLP), el asfalto y el búnker (combustible residual).
De acuerdo con los datos de Recope, quien comercializa los derivados del petróleo en el país, en los últimos años (del 2017 al 2020) se comercializaron más de 457,7 millones de litros de asfalto.
De este total poco más de 394,4 millones corresponden a asfalto AC-30; cerca de 56,4 millones a emulsión asfáltica rápida y 6,9 millones a emulsión asfáltica lenta, todos materiales que se utilizan mayormente en las intervenciones en vías públicas.
En la “Política Sectorial para los precios de gas licuado de petróleo, búnker, asfalto y emulsión asfáltica” a cada uno de estos productos se le aplica una reducción en el precio, que se subsidia con el cobro a los combustibles.
En el caso del AC-30 esta rebaja es de ¢51,38 por litro, en el de la emulsión rápida es de ¢45,25 y en el de la emulsión lenta, de ¢38,14.
Subsidio millonario
Datos provistos por Edgar Gutiérrez, jerarca del Ministerio de Ambiente y Energía durante la administración anterior —que decretó la medida subsidiadora— señalan que cerca del 99% que se comercializa en el país se usa en obra pública. Si los datos del exministro son correctos, unos 453,2 millones de litros se habrían usado en obra pública en los cuatro años previos.
Además, los registros de las contrataciones del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) evidencian que cerca del 80% de los contratos de obra pública han quedado en manos de las empresas constructoras vinculadas al más reciente caso de corrupción, especialmente H Solís y Meco.
Estas dos empresas y otras más pequeñas han estado en el ojo de la tormenta, pues las autoridades judiciales investigan un supuesto esquema de corrupción en el que funcionarios públicos habrían recibido dádivas por parte de los grupos empresariales con el fin de beneficiarlos al acaparar las concesiones y la ejecución anómala de obra pública.
Usando los datos anteriores, puede inferirse entonces que las empresas señaladas en la investigación habrían consumido cerca de 362,5 millones de litros de productos asfálticos del total comercializado.
Si a este gran total se le aplican los montos subsidiados a cada producto, puede proyectarse que las empresas habrían recibido un subsidio total de más de ¢18,281 millones de colones entre el 2017 y el 2020, lo que representa un promedio de ¢4.570 millones anuales de ahorro.
Cabe destacar que UNIVERSIDAD solicitó al departamento de prensa de Recope el dato sobre los fondos públicos colocados vía subsidio y otorgados a las empresas H Solis, Meco y Constructora Herrera, pero la entidad dijo no poder entregarlo, alegando que lo referente a la relación comercial de la institución con sus clientes es “información de carácter privado”. Como consecuencia, ofrecemos la proyección antes detallada.
Subsidio pretendía ahorro estatal y a familias
El exministro de Ambiente, Edgar Gutiérrez, conversó con este semanario y defendió su decisión de firmar el decreto que convirtió estos subsidios en política pública, pues alega que representarían un ahorro para el país.
El exjerarca relató que esta medida había sido implementada desde el 2011, bajo la administración Chinchilla, pero como una medida de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos.
En 2016, comentó, esa entidad pretendió eliminar estos subsidios y “siendo que eso iba a encarecer los precios, decidimos intervenir y firmamos el decreto en carrera para que eso no sucediera”.
El exjerarca asegura que la medida pretendía mantener bajos los precios del GLP, que utilizan muchas familias costarricenses; el búnker, que se usa mayormente en plantas de energía eléctrica, y el asfalto, que —asegura— se usa un “99% de lo que se venden para obras públicas”.
Su mayor preocupación, dice, eran los hogares y hospitales usuarios de gas y las industrias que usan búnker. “Las constructoras no fueron un tema porque el beneficio es para el Estado, no para ellas”, afirmó. UNIVERSIDAD buscó conversar con Enrique Egloff, presidente la Cámara de Industrias de Costa Rica, sobre este tema, pero no tuvo respuesta.
Según datos recientes de Aresep, en Costa Rica 710.000 hogares —especialmente en zonas rurales—, 5000 comercios y 500 industrias usan gas y, por ende, se benefician de este subsidio.
No obstante, en el caso del asfalto y a pesar de la intención manifiesta por el exjerarca, no hay mecanismos que garanticen que el subsidio se traduzca en ahorro estatal.
“El meollo del asunto”
El exministro Gutiérrez Espeleta aseguró que el subsidio pretende que no aumenten los costos de los proyectos de obra pública, pero debido al modelo de contrataciones que utilizan el Conavi, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y las municipalidades es imposible certificar que la reducción del precio en la materia base implique un ahorro en la inversión.
Fuentes internas del Conavi, que prefirieron no identificarse pero que asesoraron técnicamente este reportaje, explicaron que cuando se va a realizar un proyecto,es la empresa constructora y no la institución la que fija los precios. Las ofertas se reciben, se analizan y se elige la que sea menos costosa, “siempre que los precios no sean ruinosos”.
De esta forma y contemplando que el asfalto no se pone solo en las vías, sino que implica una mezcla de materiales y la colocación, sería solamente a través de un minucioso análisis de costos que podría verificarse que el subsidio beneficie efectivamente a la obra pública.
Este personal técnico del Conavi explicó que si se contempla el proceso de almacenamiento y mezclado que hacen las empresas del producto adquirido, tampoco es tan sencillo determinar que la cantidad de asfalto comprado a Recope para un proyecto y consignado en una licitación llegue completa y con la misma calidad a las vías nacionales.
En referencia al sonado caso de supuesta corrupción entre Conavi y las empresas mencionadas, una de las fuentes comentó: “El meollo del asunto está ahí, en el análisis de costos”.
Cabe destacar que entre las 30 personas detenidas por el “caso cochinilla” se encuentran el jefe de Tesorería del Conavi, Sergio Antonio Lobo, y Leonardo Monge, un asistente del analista de costos.
Responsabilidades institucionales
Sobre este tema, UNIVERSIDAD consultó al presidente ejecutivo de Recope, Alejandro Muñoz, quien aseveró que una vez que el producto sale de la terminal la institución no tiene responsabilidad alguna.
El jerarca explicó que antes la venta de productos asfálticos se realizaba directamente al MOPT y a las municipalidades, pero que desde que empresas como Meco y H Solís entraron a construir obra pública se les vende a granel contemplando que cuentan con capacidad de almacenaje.
El Intendente de Energía de Aresep, Mario Mora, indicó que si bien no es tarea de la autoridad reguladora cuestionar la política pública, sí es importante puntualizar que es responsabilidad de la administración que dicta esa política, diseñar los controles y mecanismos correspondientes para que cumpla los objetivos propuestos.
Mora además explicó que el subsidio, conocido como “de la política sectorial”, corresponde a un 1,1% del precio total de la gasolina y un 1,3% del precio total del diésel, de acuerdo con la más reciente actualización de precios realizada por Aresep.
El intendente además explicó que desde que se establecieron estos subsidios hasta el 22 de mayo del 2020, además de la gasolina y el diésel, se pagaba el canon adicional sobre el litro de jet fuel, combustible que utilizan los jets privados y aviones comerciales (ver recuadro: Peso del subsidio recae en gasolina y diésel pues gobierno exoneró combustible para aviones y jets).
Este semanario intentó obtener la posición del Minae, a través del Viceministro de energía, Rolando Castro, a quien se le consultó sobre la conveniencia del subsidio al asfalto, la exoneración del jet fuel, los impactos de la política y su relación con el Plan Nacional de Descarbonización, la intención de mantener permanentemente estas medidas y finalmente, si existía coordinación entre el Minae y el MOPT para garantizar que los subsidios se tradujeran en beneficios para el Estado y no en un posible beneficio solo para las empresas desarrolladoras.
A través del departamento de prensa del ministerio, el jerarca respondió que por la profundidad del tema y el tiempo disponible antes del cierre de edición de este semanario, le era imposible referirse, pero que lo hará en próximos días, por lo que los criterios de ese ministerio se abordarán en una siguiente entrega relacionada con este tema, en la edición del próximo 28 de julio.
Peso del subsidio recae en gasolina y diésel pues gobierno exoneró combustible para aviones y jets
En la actualidad, el costo de los subsidios al gas LP, el búnker y el asfalto recae en el combustible que consumen mayormente vehículos y maquinaria sencilla: gasolina súper, regular (Plus 91) y diésel, pues el jet fuel, combustible que usan aviones comerciales, de carga y jets privados, fue exonerado del pago del canon en mayo del 2020.
Desde que se implementó la medida, en 2011 e incluso cuando se convirtió en política pública, en 2016, se incluyó al jet fuel dentro de los productos que sostienen el subsidio.
No obstante, el 22 de mayo del 2020 el presidente de la República Carlos Alvarado; el ministro de Ambiente y Energía, Carlos Manuel Rodríguez, en coordinación con el Ministerio de Turismo firmaron el Decreto Ejecutivo N°42352-MINAE, y rebajaron el costo del subsidio del precio de venta del combustible que usan los vehículos aéreos.
En el momento, el Instituto Costarricense del Turismo informó la medida indicando que el costo del subsidio, promediado en ¢8.12 por litro “ha afectado el costo de los boletos aéreos hacia y desde Costa Rica, lo que ha llevado a las líneas aéreas a recurrir a la práctica de tanqueo, que consiste en viajar con sobrecarga de combustibles para evitar adquirirlos en el país; o bien, a tener que incurrir en mayores gastos de operación, cuando no tienen posibilidad de tanqueo por tratarse de trayectos de largo alcance”.
Así mismo, Carlos Alvarado puntualizó que la medida buscaba hacer más competitivo al país, con el fin de lograr una reactivación económica, particularmente en el sector turismo, en el contexto de la pandemia.
De acuerdo con datos provistos por Recope, solo en la segunda mitad del 2020 se vendieron en el país 37.76 millones de litros de jet fuel. A causa de la pandemia y a pesar de la medida, este monto es significativamente menor al promedio anual de ventas de años anteriores, que asciende a 268,8 millones de litros.
De esta forma, en el segundo semestre del 2020, la recaudación del subsidio en cuestión habría representado unos ¢306,6 millones (y de acuerdo con los datos previos podría ascender hasta a ¢2,182 millones anuales), que el sector de aviación, así como quienes poseen aviones y jets privados, dejaron de pagar.
