El hecho de que la quinta parte de las edificaciones construidas en el país en el 2017 no contó con permisos municipales incide en un mayor riesgo para la población cuando se presentan eventos naturales de riesgo, como inundaciones, sismos o deslizamientos.
Así lo determinó el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), que el pasado 5 de julio presentó su informe Construcciones Sin Permiso Municipal 2017, según el cual, a nivel nacional, el 20% de las construcciones no contaron con permisos municipales.
¿Qué significa esto?
Steven Oreamuno, presidente del CFIA, explicó que el cumplimiento de las normativas técnicas, legales y ambientales es “indispensable”, al tiempo que subrayó que “los proyectos informales, empíricos, son de alto riesgo para la sociedad”.
Además, informó que el estudio será remitido a la Contraloría General de la República (CGR), para que le sirva como insumo a la hora de evaluar el trabajo de las municipalidades.
El estudio consistió en 4.558 inspecciones realizadas en las siete provincias, entre enero y diciembre del año pasado. Se halló que las zonas Norte y Caribe son las que presentan mayores problemas, pues en ambos casos un 34% de las obras no contaban con permisos.
Les sigue el gran área metropolitana (GAM) con un 19%, Guanacaste con un 15%, el Pacífico Central con el 14% y la zona Sur con un 11%. Se trata, en total nacional, de 172.844 metros cuadrados (m²) de construcciones que se levantaron sin permisos municipales.
Olman Vargas, director ejecutivo del CFIA, calificó como “muy preocupante” la situación hallada en el Caribe y la zona Norte, y detalló que los cantones que peores resultados arrojaron fueron Upala, Hojancha, La Cruz y Talamanca, en los cuales “el control municipal es muy débil”.
Por otra parte, los mejor calificados son Tibás, Belén y Valverde Vega. Freddy Bolaños, director de Ejercicio Profesional de ese Colegio Federado, detalló que la mayor cantidad de obras sin permisos son casas de habitación, y enfatizó que las municipalidades deben ejercer su competencia para “evitar que las obras se construyan sin permiso”.
De acuerdo con el estudio, de las 913 construcciones sin permiso detectadas, se contabilizaron 615 –un 67%– bajo los rubros de “residencias” y “apartamentos”. “Como colegio profesional, no vemos esto de ninguna manera a la ligera; nuestra posición es que no puede existir ningún tipo de proyectos sin un profesional responsable”, pues ello “pone en riesgo la vida de la gente”, aseveró Bolaños.
El especialista se refirió al caso del Caribe y destacó en primer lugar que es una zona que tiene características importantes de humedad del terreno, lo cual implica que el llamado diseño mecánico de las tuberías debe ser adecuado, de lo contrario no funciona. “Las tuberías sacan el agua que usted utiliza y la llevan a un alcantarillado pluvial o a un alcantarillado sanitario.
En el caso de Limón y de San Carlos no hay, entonces utilizan un tanque séptico y, si está mal diseñado, no pueden evacuar sus aguas”, observó. También enfatizó que, sin la participación de un profesional responsable, la instalación eléctrica de las viviendas es “bastante susceptible a incendios”.
AMENAZA NATURAL
El geólogo Allan Astorga apuntó que al construir sin permisos se omite el cumplimiento con la legislación tanto técnica como ambiental y recordó “una norma que se estableció un poco arbitrariamente”, en el sentido de que las construcciones de menos de 500 m² no requieren trámite de evaluación de impacto ambiental (EIA), por lo que no pasan por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena).
Dijo que ello se suma a que la mayoría de los municipios no tienen plan regulador. Según dijo, de las 82 municipalidades del país, sólo siete lo tienen; es decir, no existen planes reguladores para un 95% del territorio nacional. “Eso es muy grave”, porque, según explicó, lo que se aplica es una normativa del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) “muy permisiva, porque establece que, si usted tiene lote frente a calle pública, entonces el municipio puede dar permiso de construcción.
Pero si el lote no está frente a calle pública, la regulación no autoriza el permiso de construcción”. “Ahí es donde veo el problema, que la gente muy probablemente está construyendo muchas de esas casas incumpliendo las normas actuales de urbanización, las instalan donde haya posibilidad de captar energía eléctrica o disponer de agua; entonces, las están localizando en sitios de alta y muy alta amenaza natural” agregó.
A partir de estudios que coordinó en el programa Planificación Regional y Urbana de la Gran Área Metropolitana (Prugam), así como de análisis de zonificación ambiental para planes reguladores -durante más de diez años-, determinó que, por ejemplo, “el 60% o 70% del cantón de Limón tiene cierta condición de amenaza natural: inundaciones, fallas geológicas, deslizamientos, avalanchas y vulnerabilidad a fenómenos sísmicos, incluido tsunamis en zonas costeras.
Entonces, sí es serio que no se tenga control de la ubicación de la construcción; creo que la gente omite el trámite, porque de alguna manera la regulación no le facilita un trámite expedito y claro”.
PREVENCIÓN Y SEGURIDAD
Desde la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), Didier Esquivel, jefe del Departamento de Prevención y Mitigación, apuntó que las cifras reportadas por el CFIA “son preocupantes, pero no son sorpresivas, porque también reflejan sitios que tiene altas tasas de pobreza, donde hay mayor vulnerabilidad de la población y donde muchas veces las condiciones propias de los lugares dificultan la posibilidad de que el municipio recorra todos los cantones”, los cuales son “muy extensos, muy poco poblados y muchas veces realizar allí el control es más complicado”.
Tras destacar el caso de Valverde Vega, “un cantón muy rural que tiene un 100% de obras con permiso de construcción”, Esquivel observó que normalmente los cantones con más alta incidencia de incumplimiento, como Upala, Hojancha, La Cruz y Talamanca, también aparecen en estadísticas sobre vulnerabilidad de población en áreas de riesgo.
Además, el funcionario mostró su preocupación ante el hecho de que la mayor cantidad de incumplimiento se relacione al uso habitacional. Recordó al respecto que hace unos tres años un sismo en la zona de Upala–Guatuso, en el sector de Bijagua, “desnudó en buena medida los problemas constructivos que tiene este sector”.
Al mismo tiempo, llamó la atención de que la construcción sin permisos también apunta al tema de la ubicación de las edificaciones en zonas potencialmente inundables, deslizables o cerca de fuentes sísmicas.
Subrayó la necesidad de “incidir directamente en estos municipios para que traten de mejorar las condiciones actuales”.
Esquivel señaló que el estudio del CFIA termina con la frase “muy significativa” de que “en construcción, hacer las cosas bien significa siempre una inversión a largo plazo y nunca un gasto innecesario”.
Ofreció una “traducción” de esa frase, en el sentido de que “toda inversión en prevención es un ahorro hacia el futuro, en la seguridad de la gente”.
