Los miembros del Consejo Superior de Educación responsabilizaron esta tarde al Ministerio de Educación por los errores cometidos durante la aplicación de las pruebas FARO, pues además de tener una duración excesiva incluyeron preguntas “excesivas, inapropiadas, abusivas e insensibles”.
El grupo compareció ante la Comisión de Ingreso y Gasto Público este jueves, para dar explicaciones sobre las decisiones que llevaron a la mala implementación de las mencionadas pruebas.
En su exposición inicial, el Ministro de Educación Pública y Presidente del Consejo Superior de Educación, Steven González, detalló que el CSE conoció la propuesta metodológica de las pruebas, que incluía un cuestionario de “factores de contexto asociados al desempeño”, pero no a profundidad.
El jerarca admitió que la aplicación de las pruebas tuvo múltiples errores, no solamente porque se diseñaron cuestionarios excesivos sino porque las preguntas, realizadas a estudiantes de quinto grado que rondan los 10 u 11 años de edad, eran “inapropiadas, abusivas e insensibles”.
Posteriormente, todos los integrantes del CSE respondieron a los cuestionamientos de los legisladores.
Además de González, integran el órgano los ex ministros Leonardo Garnier y Manuel Bolaños; Eldon Caldwell, representante de la Universidad de Costa Rica; Betania Seas Molina, representante de Educación Primaria y su suplente Manuel Calderón Esquivel, Carlos Torres Soto, representante de Educación Secundaria y su suplente Daniel Vargas; Gilda Montero como representante de las organizaciones de educadores y Georgina Jara, su suplente; y Irene Salazar, secretaria general de la entidad.
La liberacionista Yorleny León consultó si el Consejo veló por la protección de datos y si pidieron que se aplicaran consentimientos informados, pero el exministro Garnier le respondió que el órgano “no interfiere en la forma en que se aplican las pruebas” por lo que el cumplimiento de la ley tanto durante la planificacion como el pilotaje y demás detalles de la prueba corresponde solamente al ministerio.
Según Garnier no es responsabilidad del Consejo, si no del Departamento de Gestión de Evaluación de la Calidad de la Educación la aprobación del cuestionario e incluso detalló que en el informe preliminar de pilotaje presentado ante el grupo se brindaron cinco ejemplos de preguntas que se incluirían en los cuestionarios de contexto. “Las cinco preguntas que nos presentaron eran adecuadas y para nada relacionadas con las que se aplicaron al final”, dijo.
Otto Vargas, del Partido Republicano Social Cristiano, preguntó si el Presidente de la República, Carlos Alvarado o la ex Ministra, Giselle Cruz conocieron el documento antes de su aplicación y cuáles fueron los motivos. González indicó que Alvarado no lo conoció y dijo que no tenía información sobre si la exjerarca había revisado el documento. Además, dijo que el mayor objetivo del cuestioanrio eran el mejoramiento de la ejecución de la política pública.
El jerarca también respondió al cuestionamiento sobre a quién se pagaron los 1053 millones destinados a asesorías para confeccipon de las pruebas, diciendo que no tenía “validado ese dato” pero que se estaban realizando las gestiones.
Cabe destacar que desde mayo pasado UNIVERSIDAD solicitó datos sobre las contrataciones y licitaciones relacionadas con las pruebas FARO, incluyendo montos, empresas o personas contratadas, pero a esta solicitud el departamento de prensa del MEP respondió con una entrevista con Pablo Mena, quien entonces solamente facilitó montos generales y dijo que eran “decenas de contratos” por lo que no era posible brindar la información.
Carlos Ricardo Benavides por su parte preguntó uno por uno a los miembros del consejo si sabían quiénes diseñaron el cuestionario o quienes redactaron las preguntas, pero todos dijeron que no. Solamente el ministro González indicó que sabía que las pruebas habían sido validadas por Carlos Andrés Oviedo Bogantes, jefe del Departamento de Evaluación Académica y Certificacion.
El diputado restauracionista Melvin Núñez consultó a los miembros del Consejo sobre los pagos que reciben por su participación, pero el exministro Garnier indicó que eso no tenía relación con el tema en cuestión y no respondió. En respuesta, la independiente Shirley Díaz indicó que el presupuesto del CSE es de ¢189.550.000 millones, de los cuáles el 63% se consume en dietas.
