El 5 de abril comenzó la demolición de los edificios que se encuentran al oeste de la Asamblea Legislativa, frente a la Plaza de la Democracia, donde se ubicará la nueva sede del Poder Legislativo, que las autoridades esperan esté concluido en la segunda mitad del 2018.
El edificio, de 21 niveles y con área de construcción de 50.000 m2, tendrá un costo estimado en $96 millones (¢52.000 millones), $20 millones más que el anterior proyecto que se había diseñado para construirse en los terrenos que ocupa la actual sede legislativa, pero se paralizó por la oposición del Centro de Conservación del Patrimonio Histórico.
El fideicomiso constituido por el directorio legislativo y que administra el Banco de Costa Rica (BCR) para construir el edificio, optó por contratar un nuevo diseño al arquitecto Javier Salinas, el mismo que había diseñado el anterior proyecto y que ganó el concurso hecho al efecto.
A salinas se le encargó mediante contratación directa el nuevo diseño y la fiscalización de la obra por $5,1 millones (unos ¢2.750 millones) y por el trabajo hecho con el anterior proyecto se llegó a un acuerdo de pago de $825.000 (¢445 millones), según informó Antonio Ayales, director ejecutivo de la Asamblea Legislativa. Dichos montos corresponden a los honorarios profesionales establecidos y que se deben cumplir, apuntó el funcionario.
A diferencia del anterior proyecto, que estaba planeado para construirse en tres etapas durante siete años, el nuevo se levantaría en dos años y su diseño no fue sacado a concurso, mientras que el anterior sí pasó por ese proceso.
El nuevo edificio ocupará un terreno de 5.000 m2 donde se ubicaban los antiguos apartamentos Lamm y otras propiedades adyacentes adquiridas para la construcción, que albergará las oficinas de los 57 diputados, de las bancadas legislativas, el plenario, las comisiones y otras instalaciones del Congreso.
Los diputados Gerardo Vargas (Frente Amplio) y Otto Guevara (Movimiento Libertario) cuestionaron el diseño del edificio, y la suma que recibirá Salinas por rescindir el primer contrato y hacer el nuevo proyecto y fiscalizar la construcción de la obra, sin que mediara licitación pública.
Javier Cambronero (Partido Acción Ciudadana) también expresó dudas sobre la legalidad de la contratación, pero tanto este diputado como Vargas dijeron luego haber quedado satisfechos con las explicaciones que recibieron de parte de la CGR, en el sentido de que el fideicomiso permitía hacer el cambio si se mantiene el objeto del proyecto, cual es la construcción del edificio legislativo.
Por su parte, Guevara cuestionó que la Asamblea Legislativa traspasara el 50% de su derecho de uso de las propiedades al fideicomiso constituido para financiar el edificio, por lo que elevó una consulta a la Procuraduría General de la República sobre la legalidad de ese traspaso.
La consulta de Guevara es en el sentido de si la administración está facultada legalmente para dar sus terrenos en uso, incluyendo los que son Patrimonio Histórico, y si estos pueden ser utilizados bajo una figura de derecho privado como es el fideicomiso, sin pasar por la aprobación de una ley con ese fin. Si así fuera, cualquier entidad pública podría traspasar propiedades a un fideicomiso privado sin tener autorización legislativa.
A la vez, el diputado pidió criterio de la CGR sobre el pago acordado para el arquitecto y por la adjudicación del diseño sin someterlo a concurso.
La administración y el Directorio de la Asamblea Legislativa sostienen que el proceso está a derecho y tiene aprobación de la CGR.
Antonio Ayales explicó que al haberse paralizado el anterior proyecto por la oposición de Patrimonio Histórico optaron por “redireccionar”, luego de consultar a la CGR.
Ahí les dijeron que la figura del fideicomiso permite girar siempre y cuando se conserve la naturaleza del objeto del proyecto.
FINANCIAMIENTO
El financiamiento de los ¢52.000 millones será provisto por el BCR, Banco Popular y el Banco Nacional de Costa Rica, y se pagará con el arriendo del edificio al Congreso por 17 años, cuando la propiedad pasará a la Asamblea Legislativa, de modo que esto no se considera deuda pública.
En cuanto a las condiciones del crédito, Roy Benamburg, gerente de Banca de Inversión y Fideicomiso de Obra Pública del BCR, detalló que el plazo es de 20 años, con un periodo de gracia de 3 años, y una tasa de interés compuesta de tasa básica pasiva más 4% anual en colones.
El plan de inversión contempla el desarrollo de las obras de construcción del nuevo edificio de la Asamblea Legislativa, tales como: demoliciones, movimientos de tierra, costos directos de construcción, equipamiento y mobiliario, remodelaciones de edificios patrimoniales, permisos, comisiones e intereses del crédito, costos de la Unidad Administradora del Proyecto (UAP) y el fiduciario, entre otros.
Aún no ha sido contratada ninguna empresa para la construcción y no ha salido a concurso la contratación, indicó Benamburg, por medio de la agencia de relaciones públicas Porter Novelli, contratada para canalizar la información sobre el proyecto.
Consultado el arquitecto Salinas respecto a las críticas que algunos diputados y otras personas están haciendo al diseño, en el sentido de que es un edificio muy cerrado, con poca luz y exigirá un gran consumo de energía para su iluminación, entre otros inconvenientes, dijo que no tiene autorización de hablar sobre el tema, porque eso lo lleva la empresa de comunicación, a quien se debían dirigir las consultas.
No obstante dijo que “nosotros somos profesionales en la materia y al final ese edificio resultó un edificio absolutamente certero, lo que pasa es que la gente no entiende la cosa técnica.”
La gente habla y está en su derecho, pero las cosas son más profundas y para entenderlas se hará una serie de conferencias para quienes tengan interés en conocer qué es el edificio, apuntó.
El fideicomiso
De acuerdo con el director ejecutivo de la Asamblea Legislativa, Antonio Ayales, si todo sale de acuerdo con la programación, en octubre se estaría colocando la primera piedra del nuevo edificio. A partir de ahí son 20 meses para la construcción, lo que lleva al segundo semestre del 2018.
No se ha contratado aún la empresa que vaya a construir la obra. De eso se encarga la unidad administradora nombrada por el fideicomiso, que administra el Banco de Costa Rica. Ellos hacen un cartel y llaman empresas con experiencia en el ramo y la unidad administradora es la que maneja todo, explicó Ayales.
Como unidad administradora del proyecto fue contratada Novatecnia, una empresa con mucha experiencia en el ramo y es la misma unidad administradora del fideicomiso de la Universidad de Costa Rica y el BCR que está llamando actualmente a concurso para la construcción de la nueva facultad de Odontología, añadió.
El fideicomiso Asamblea Legislativa–BCR faculta para ampliar las obras más adelante, como un parqueo que se tiene pensado construir, pero serán los directorios legislativos futuros los que decidan si se hacen más obras, comentó el funcionario.
Se oyen críticas a la creciente utilización de la figura del fideicomiso para financiar la construcción de obras públicas, ya que es una estructura que se rige por el derecho privado, y pone en manos de los bancos un gran poder de decisión en el uso de los dineros públicos, sin estar sujetos a los controles que existen para la contratación administrativa.
Al respecto, Ayales comentó que la figura del fideicomiso ha sido muy estudiada por la CGR, y se ha observado que tiene una serie de ventajas como que agiliza la construcción de obra pública.
La figura tiene fundamento en el artículo 3 de la Ley de Contratación Administrativa, se rige por los principios de dicha ley, pero no por los procedimientos de contratación, los cuales deben ser establecidos en cada fideicomiso y aprobados por la CGR.
“Es lo que hace el fideicomiso nuestro, tiene una reglamentación que incluye fiscalización de CGR, y ahí está el punto importante, que esta es la que refrenda y es lo que da respaldo a que se pueda llevar adelante el proceso. El órgano contralor puede fiscalizar absolutamente todo, incluso los recursos y apelaciones van a la CGR, dependiendo del monto, porque así lo establece la reglamentación”, enfatizó Ayales.
