Controlada por la oposición al Gobierno del Partido Acción Ciudadana (PAC), la Asamblea Legislativa finalizó su cuatrienio haciendo gala de una alta producción de leyes en el periodo, más de 300, incluyendo un paquete de 22 proyectos aprobados en segundo y definitivo debate en el último día de sesiones.
No obstante, los diputados y diputadas dejaron a medio camino leyes importantes para el desarrollo del país como la largamente esperada reforma al reglamento legislativo, que permitiría agilizar la discusión y votación de los proyectos.
Una de las pendientes es la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, el proyecto que más urgía a la administración para paliar en parte el creciente déficit fiscal. Déficit que ronda el 6% del Producto Interno Bruto (PIB) y amenaza con causar un descalabro de la economía si no le pone freno a corto plazo.
Se trata de un proyecto de ley de cuatro componentes que incluyen una reforma al impuesto de renta, la transformación del actual impuesto de ventas a un impuesto al valor agregado (IVA) que grava bienes y servicios con un 13%, una regla fiscal que limita el crecimiento del gasto fiscal en proporción a los ingresos y una reforma a incentivos para los empleados públicos por buen desempeño, incluido el pago de anualidades.
Gonzalo Ramírez, presidente en el último año legislativo, reconoció que ese es uno de los temas pendientes más importantes que dejan y que podría retomar de primera mano el nuevo Congreso que se inauguró este este martes 1º de mayo.
Dijo que aunque la reforma fiscal propuesta es insuficiente para combatir el déficit (produciría ingresos equivalentes a 1,9% del PIB), le hubiese gustado haberla dejado votada por lo menos en primer debate, porque su aprobación le brindará a la nueva administración un respiro a corto plazo para, a partir de ahí, diseñar nuevas medidas de contención del gasto y aumento de los ingresos, aunado a las también necesarias medidas en el campo de la reactivación económica.
“No se logró aprobar la reformar por muchas razones y la principal fue la falta de comunicación con Casa Presidencial”, sostuvo Ramírez, insistiendo en la queja repetida por las bancadas de oposición durante prácticamente todo el cuatrienio, signado por la discusión del paquete fiscal impulsado por el Gobierno.
“Un factor que influyó en que la Asamblea no pudiera seguir avanzando y construyendo muchas otras cosas a favor de este país fue que Casa Presidencial nos abandonó en las comunicaciones, el ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, estuvo alejado, y Luis Paulino Mora, como viceministro, no tenía la capacidad de interlocución que se ocupa en la Asamblea Legislativa”, afirmó Ramírez, diputado del partido cristiano evangélico Renovación Costarricense.
“Cuando se siente la ausencia de Casa Presidencial para articular es mucho más difícil construir acuerdos en una Asamblea Legislativa que es históricamente la más fraccionada de todos los cuatrienios después de la constitución de la Segunda República”.
El diputado destacó, sin embargo, que en el año de su presidencia el trabajo legislativo fue especialmente fructífero, a pesar de que se pronosticaba que sería un año difícil, pues se atizaban los fuegos electorales con miras a la elección presidencial y de diputados. Los temas estaban en campaña, con procesos internos en los partidos y con dos rondas electorales, y se precisaba brindar tranquilidad dentro de ese torbellino electoral.
A través del diálogo se lograron acuerdos y se aprobaron 100 leyes en el año, lo que significa que fue el más fructífero de los cuatro años (Entre 2014 – 2015 se aprobaron 47 leyes; del 2015 al 2016 fueron 61; del 2016 al 2017 se sumaron 92).
El legislador recordó que cuando fue elegido presidente, un sector del país decía que por qué iba un cristiano a presidir la Asamblea, si eran unos fundamentalistas y extremistas, pero se demostró que no era así, y que el sector cristiano tiene mucho que aportar.
Destacó que en su periodo se inició la construcción del nuevo edificio de la Asamblea Legislativa, después de 11 años que llevaba el proyecto. Además, se adelantó en la capacitación de los funcionarios del poder legislativo con un programa del más alto nivel de fortalecimiento de liderazgo y valores, entre otros avances, incluyendo un fortalecimiento de la comunicación institucional a través de las redes sociales y el portal legislativo.
Durante ese periodo se aprobaron leyes impulsadas tanto por el Poder Ejecutivo, los diputados, Gobiernos locales y propuestas de iniciativa popular, en áreas como la lucha contra la delincuencia organizada, vivienda, ambiente, cultura, desarrollo y modernización del Estado. Además de convenios internacionales y proyectos de importancia para determinadas comunidades que llevaban hasta seis y ocho años esperando el trámite, remarcó.
Entre la legislación aprobada mencionó leyes sobre las “pensiones de lujo”, ley de pensiones del Poder Judicial, la de “bienestar animal”, la de policía municipal y de la academia de policía, que ayudarán en el campo de la seguridad y en la lucha contra la delincuencia.
A eso se suma la creación de la jurisdicción especializada en delincuencia organizada, que permitirá al Poder Judicial tener tribunales especializados para juzgar delitos de alta complejidad; La ley contra el nepotismo en la Asamblea Legislativa; reforma de la ley de tránsito y reforma para mejorar la atención de las familias afectadas por emergencias.
La ley de incentivo y promoción del transporte eléctrico, la declaratoria del Teatro Nacional como un símbolo del patrimonio histórico, proyectos presentados por iniciativa de la Contraloría General de la República que le dan más posibilidades a ese órgano y a la Asamblea Legislativa de supervisar los presupuestos de diferentes instituciones autónomas, se cuentan en la lista.
También se votó en primero y segundo debate la reforma a la Constitución Política para que los diputados tengan régimen sancionatorio por faltas al deber de probidad, y queda para su debate definitivo en la nueva legislatura de acuerdo con el procedimiento de reforma constitucional.
De los temas más relevantes que no avanzaron, Ramírez consideró que los nuevos diputados podrían retomar de primera mano, además de la reforma fiscal, la ley de extinción de dominio (para confiscar bienes de origen ilícito del narcotráfico y crimen organizado) y la reforma al reglamento legislativo, para que los proyectos tengan un plazo de votación acotado.
Vale señalar que una previsible consecuencia de que no haya salido la reforma fiscal durante el anterior ejercicio legislativo es que en la nueva legislatura su debate deba empezar desde el principio, lo que demoraría aún más la solución al problema de las finanzas públicas, que ya es crítico.
SATISFECHO PERO CRÍTICO
Desde el oficialismo, el jefe de fracción del PAC, Javier Cambronero, dijo que él le da una calificación de 7 (en escala de 10) a la labor de la Asamblea. Aunque se declaró satisfecho con la experiencia, expresó molestia porque durante la mayor parte de los cuatro años –dijo– el quorum estuvo sostenido por unos 40 o 42 diputados, de los 57 que integran el cuerpo legislativo.
Atribuyó esa situación a “una conducta absolutamente laxa y complaciente de quienes ocuparon la presidencia legislativa en los cuatro años, que otorgaron permisos de ausencia más allá de lo que indica el reglamento (hasta diez).
“No puede ser que la labor parlamentaria recaiga en los 40 que hemos hecho acto de presencia la mayoría de las veces, y que haya una importante cantidad de diputadas y diputados que han estado ausentes, eso no se lo merece la democracia costarricense”, se quejó.
(Al respecto, Gonzalo Ramírez dijo que su política fue conceder no más de siete permisos, pero señaló que hay ausencias que ocurren por motivo de enfermedad).
Pese a su crítica, Cambronero aseguró que debían pasar a la historia como el grupo de diputados y diputadas más valientes desde la constituyente de 1949, porque entraron con fuerza a reformar los regímenes de pensiones de privilegio que había, y que fueron cerrados o modificados en términos más estrictos.
En el campo del combate contra la corrupción, promovieron la destitución de dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y propiciaron procesos para que llegaran la Fiscalía General de la República todas aquellas acciones de carácter irregular en que algún diputado o diputada estuviera implicado, subrayó.
Cambronero se declaró complacido por la aprobación de una reforma muy importante como fue la del Código Procesal Laboral, así como la reforma constitucional que impulsó el PAC para la pérdida de credencial de los diputados por faltas al deber de probidad.
“Me parece que es un proyecto fundamental en la lucha contra la corrupción, y es importante consignar que la primera ley que votó este grupo de diputados y diputadas fue la ley que modificó el salario de los diputados, dándole una muestra al país de que estuvimos dispuestos a sacrificarnos, y que el aumento del salario no fuera automático sino que fuera según el aumento del costo vida como lo tienen los demás trabajadores”.
Lamentó que no se alcanzara a votar como hubiera deseado la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas (expediente 20.580), pero destacó la aprobación los otros proyectos del plan fiscal, ligados al control de gasto, como es el régimen de caja única, exoneraciones, el cierre de regímenes de pensiones de privilegio, reforma al régimen de pensiones del Poder Judicial.
En cambio, deploró en materia de los ingresos fiscales se hubiera dado un entrabamiento en la comisión de asuntos hacendarios durante la discusión del plan fiscal, sobre todo cuando estuvo presidida por la diputada Rosibel Ramos, del Partido Unidad Socialcristiana, que no dejó avanzar.
Desafortunadamente, el PAC no llegó a la legislatura con la suficiente cantidad de diputados y diputadas, de modo que había que actuar con un gran realismo para que otras importantes reformas pudieran pasar; así se logró la otra parte de proyectos de ley que no eran impuestos, se felicitó el legislador oficialista.
