El Concejo Bribri de Salitre, Ditsö̀ Irìria Ajkö́nu̱k Wakpa (CODIAW) rechazó por medio de un comunicado las declaraciones del gobierno sobre los sucesos recientes en el territorio indígena de Cabagra pues consideran que los señala como victimarios y eso, indican, es una forma de violencia institucional.
Las declaraciones del gobierno central, dicen, “no sólo difunden información falsa sino que también nos señala como responsables de la violencia racista y de odio en nuestra contra”.
Días antes, la administración Chaves Robles emitió un comunicado en el que llamó a un “cese de la violencia” y en el que en efecto, responsabilizó a las personas indígenas del conflicto.
“Este viernes 4 de noviembre un grupo de indígenas del territorio de Cabagra recuperaron una finca por las vías de hecho. Esta situación ocasionó un ambiente hostil que no permite avanzar con prontitud los procesos de recuperación que se realizan a través de los mecanismos legales establecidos, en perjuicio de los derechos humanos de los habitantes de este territorio”, reza el documento.
Además, el gobierno dijo que “este tipo de acciones generan conflictos entre las partes involucradas, y recalca que, mediante la Directriz N° 003-MJP que instaura la Mesa Técnica Interinstitucional para tratar los temas indígenas, se trabaja entre otros temas, en el Plan RTI, que es la ruta legal para las recuperaciones de territorios en manos de personas no indígenas, y se determine la necesidad de indemnizar o desalojar”.
Los indígenas, sin embargo, explicaron que lo sucedido el viernes es la etapa final de un proceso legítimo de recuperación de territorio, que implica una disminución del riesgo que corría la familia recuperadora “al convivir con el exocupante ilegal que continuaba utilizando, ilegalmente, una parte del terreno recuperado”.
Además, informaron que el ocupante ilegal de la tierra demostró su peligrosidad cuando respondió con numerosos disparos al proceso de desalojo. EL Concejo afirma que una comitiva suya fue testigo de la violencia recibida por parte del usurpador, quien disparó directamente con arma de fuego hacia las y los recuperadores.
En su comunicado, el grupo indígena reclama que el gobierno se refiera a los procesos de recuperación de tierra como responsables de generar violencia en los territorios sin contemplar que el conflicto se genera a causa de la usurpación de tierras.
Así, aseguran, “el Gobierno actual señala a los Pueblos Originarios como victimarios” y eso constituye una forma de violencia institucional.
Además, informaron que las recuperaciones se realizan pues los pueblos originarios no tienen otra opción, considerando “la inoperancia y la falta de voluntad política del Estado” y que ninguna política pública -incluyendo el Plan RTI que el Gobierno considera es la solución- “ha sido tan efectivo y contundente como las recuperaciones de tierra-territorio”.
“Como Concejo sabemos y tenemos pruebas de que las recuperaciones de tierra -territorio han transformado la vida de las familias recuperadoras: acceden a la tierra, la trabajan, cosechan alimentos saludables y, como si esto fuera poco, el terreno recuperado poco a poco regenera su equilibrio ecológico. Hoy, con las recuperaciones de tierra-territorio, no sólo los niños, niñas crecen sino que también lo hace la vegetación y los animales”.
Así, lejos de generar violencia, las recuperaciones dignifican la vida de las personas indígenas y permiten multiplicar su cultura y cosmovisión ancestral. “Las recuperaciones de tierra-territorio son acciones pacificas y se encuentran íntimamente relacionadas con nuestra cultura, cosmogonía y cosmovisión. La violencia no es por parte de nosotros, los Pueblos Originarios”.
Finalmente recordaron que las recuperaciones no son “vías de hecho” como las ha calificado el Poder Ejecutivo, sino que su legalidad se encuentra en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, en la Ley Indígena de 1977 y también en la jurisprudencia constitucional.
EL grupo afirma que las recuperaciones no se detendrán hasta que exista “alguna acción contundente” por la recuperación de las tierras para los pueblos indígenas.
“La espera a la que alude el Gobierno en su comunicado es algo a los que nosotros y nosotras, como Pueblos Originarios, no podemos aceptar. Tras más de 12 años de resistencia en relación a las recuperaciones reafirmamos que ha sido ésta la única vía que ha garantizado nuestros derechos y acceso a la tierra. Por tanto, éstas no se detendrán y si en algún momento se detienen será por decisión de los Pueblos Originarios y no por lo demandado por un Gobierno que lejos de buscar una solución nos amedrenta”, concluye el comunicado.
