El 21 de mayo de 2020 el país vivía semanas de miedo por la pandemia del coronavirus, y nadie sabía que investigadores judiciales estaban escuchando las conversaciones telefónicas de empresarios constructores y funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).
El gobierno de Carlos Alvarado cruzaba el punto medio de su mandato y veía cómo se complicaban sus objetivos, a excepción del desarrollo de obra pública a cargo del ministro estrella del gabinete, Rodolfo Méndez Mata.
Ese día, el tercer jueves de la tercera legislatura de los actuales diputados, moría un proyecto de ley sin que nadie le hiciera vela. El expediente 19.900 culminaba su paso infructuoso por la Asamblea Legislativa y quedaba sepultado en el archivo, sin apoyo necesario en favor del plan que, para efectos públicos, se resumía en cerrar el Conavi.
La promesa de campaña de Luis Guillermo Solís en 2014 fracasó, y el Conavi seguía funcionando como si nada; sin control que pudiera ejercer el gobierno de turno y con el poder de facto de las jefaturas internas que, en buena parte, trabajan coordinadas con las millonarias empresas constructoras por medio de sobornos cíclicos que datan de muchos años. Esto es al menos lo que indica la investigación destapada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) el lunes 14 de junio, al detonar lo que señalan como el mayor caso de corrupción en la historia del país.
El expediente 19.900 que proponía liquidar al Conavi a sus 23 años y sustituirlo por algo que se llamaba Instituto Nacional de Infraestructura Vial (INIV), recibía el apoyo de varios grupos y organizaciones, pero no había consenso, incluso, uno de los opositores era el ahora ministro Méndez Mata, a quien consultaron sobre el plan, tal y como recuerda Carlos Segnini el titular del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) en aquel momento.
“Se me pararon en la escoba”, lamenta el exministro Segnini, quien fungió entre mayo de 2014 y enero de 2016, al declararse vencido por la burocracia del MOPT, incluido su órgano adscrito que opera con autonomía, llamado Conavi, el epicentro del caso “cochinilla”, como lo llaman los investigadores del OIJ.
Segnini dice que era difícil decir a los funcionarios de Conavi que trabajaran con mística para sacar la tarea, sabiendo que impulsaba un proyecto de ley para ponerle candado a lo que, se sabe ahora, era una gran plataforma de negocios particulares, según el expediente judicial.
Segnini no había participado en el plan de gobierno de Solís ni había estimulado la promesa de campaña, pero coincidía en ella, y por eso trabajó en darle forma de proyecto de ley y en las consultas con diversos sectores.
“Hubo resistencias… Don Rodolfo fue consultado como exministro y era muy resistente a que eso cambiara. Él creía en el Conavi. Dentro de la institución también era difícil. Quizás la promesa de cierre era correcta, pero no fue estratégica. Por eso, puedo entender ahora errores que eran adrede. Muchas veces los fallos de unidades ejecutoras no se les abría procedimiento. Ponen trampas a sabiendas que el costo político lo paga el ministro”, dijo Segnini a este semanario.
Y agrega: “Olíamos que había mucha corrupción, pero es difícil porque las pruebas pasaban por otros lados. Pedíamos investigar y así logramos algunas cosas. Despedimos a Johnny Barth por corrupción, pero lo pusieron de nuevo en el cargo. Esas investigaciones van minando el margen de acción del ministro y al final los resultados eran frustrantes”.
Otros intentos
No funcionaron los intentos de investigaciones internas ni la pretensión de cerrar el Conavi para dar a luz al INIV, como tampoco rindieron los resultados esperados dos medidas que también iban dirigidas a dar mayor transparencia y a limitar el poder excesivo de las constructoras en los contratos de obras públicas: la incorporación de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops, por sus siglas en inglés) y la creación de carteles de obras específicas para pequeñas y medianas empresas (pymes) en tareas no sofisticadas, como chapear los bordes de las carreteras.
La Unops no construye, sino que funge como administrador de proyectos y, aunque aumentaba los costos, el presidente Luis Guillermo Solís llamó al país con el afán de dar transparencia a proyectos que no paraban de presentar cuestionamientos.
“Estaba en el ambiente y actuamos para trabajar con ellos, cediendo la contratación de obras específicas, y el Gobierno supervisaba también, pero Unops armaba la contratación. Daba agilidad porque en principio no pasaba por la Contraloría General de la República”, recuerda Segnini en referencia a la institución que ahora también aparece cuestionada, pues su gerente de Contratación Administrativa figura como sospechoso en el expediente “cochinilla”.
Sin embargo, no tardaron en aparecer las críticas justamente por el flanco de la transparencia, que se suponía era el valor de traer a Unops, además de que se entrabaron distintas obras de alto interés público. Así fue como Carlos Alvarado, candidato oficialista en las elecciones de 2018, anunció que en su gobierno descartaría a Unops por su costo y la ineficacia en transparencia, aunque varios contratos pendientes han debido renovarse en esta administración.
Tampoco sirvió de mucho hacer contratos exclusivos para pymes. Esto provocó que personas allegadas a la constructora Hernán Solís a cargo de tres compañías pequeñas hicieran gestiones para apropiarse adjudicaciones por 12.500 millones, como denunció en 2016 UNIVERSIDAD.
La viceministra de Infraestructura de entonces, Guiselle Alfaro, lo explicó en su momento con resignación: “No era lo deseable, nos hubiera gustado que pequeñas iniciativas locales o cuadrillas de grupos familiares se organizaran, participaran y resultaran adjudicatarias. Lo que pasa es que lamentablemente eso sucede en este gremio, y en cualquier otro. Las empresas grandes tienen, además del poderío económico, todo el acompañamiento legal para apoyar a sus familiares en la formulación de sus propias empresas. Entonces, yo diría que el objetivo (democratizar las licitaciones) se cumplió parcialmente”.
Segnini también lo recuerda con lamentos. “Era una buena idea, la cual propusimos y que recibió el consentimiento en el Consejo de Administración (de Conavi) de los dos representantes de Uccaep (Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada), Cristian Campos y Mónica Navarro. Pero ya vimos lo que pasó”
El exministro dice que poco a poco detectó que se filtraban los términos de los carteles de licitación antes de publicarse, lo que daba ventajas a las grandes constructoras. “El problema era pescarlos. No tenía un equipo de investigación, no había recursos para eso y no podía uno distraerse porque era necesario sacar las obras. Además, otros funcionarios veían con desconfianza y hasta con miedo los intentos de investigación, porque sabían que otros bichos podrían afectarlos”.
Ahora, conocido el escándalo alrededor de la institución que presidió sin mucho margen de poder, cree que la clave es que Conavi ponga topes de contratación para grupos de empresas de un mismo origen. Habla de grupos de interés económico, aunque reconoce que eso pasa por la posibilidad real de conocer los beneficiarios finales de las actividades económicas, en medio de las estructuras legales que las empresas saben armar, incluso con operaciones fuera del país.
