El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) mantuvo una multa de unos $2 millones contra el banco Scotiabank por incumplir normas contra el lavado de dinero.
El pasado 15 de enero, el Conassif resolvió una apelación que interpuso el Scotiabank ante la sanción que le había impuesto la Superintendencia General de Entidades Financieras el 18 de abril del 2018.
Conassif confirmó a UNIVERSIDAD que resolvió esta impugnación, pero dijo tener impedimento legal para revelar los detalles.
La sanción se relaciona con el ingreso al banco en Costa Rica de alrededor de $17 millones de sobornos que pagaron las constructoras brasileñas Odebrecht y Camargo Correa al expresidente de Perú, Alejandro Toledo (2001-2006).
Esos hechos también están siendo investigados en la vía penal, por lo que este jueves 21 de febrero la Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales allanó las oficinas centrales del banco, ubicadas en Sabana Norte.
Sobre la sanción confirmada por Conassif, el banco presentó una solicitud de medida cautelar ante el Tribunal Contencioso Administrativo, la cual se encuentra en trámite.
UNIVERSIDAD consultó sobre este proceso al banco, pero todavía no se ha recibido una respuesta.
El año pasado, tras la primera resolución de Sugef, la empresa financiera indicó a este medio que discrepaba del fallo de SUGEF por que el banco “ha actuado en todo momento en completo apego a la legislación vigente y ha aplicado a cada cliente los procedimientos indicados en las leyes y reglamentos que corresponden a nuestra actividad”.
Además, argumentó que “la resolución de la Superintendencia viola el principio constitucional de irretroactividad de la Ley en perjuicio de Scotiabank, que prohíbe aplicar leyes nuevas a hechos ocurridos antes de su vigencia, en este caso aplicando normas que entraron en vigencia hasta el mes de mayo del 2017 a hechos anteriores. Esto además va en contra de instrumentos internacionales que garantizan los Derechos Fundamentales de las entidades supervisadas”.
La entidad también adujo que el traslado de cargos es impreciso en cuanto a las faltas y que los hechos (ocurridos entre el 2002 y el 2013) están prescritos.
Procedimiento
El procedimiento administrativo bajo el cual se impuso la sanción se realizó conforme lo previsto por el artículo 81 de la Ley No. 7786 (reformada integralmente por las leyes 8204 y 9449), que es la norma legal que permite sancionar a entidades supervisadas por incumplimientos de sus obligaciones en materia de prevención de la legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo”.
Dicha normativa establece que las instituciones bancarias que incurran en esas faltas “pueden ser con multa del cero coma cinco por ciento (0,5%) al dos por ciento (2%) del patrimonio entendido como el capital social, más los aportes de capital y las utilidades y pérdidas acumuladas”.
Si la imposición de la multa adquiere firmeza, los fondos ingresarán al Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD).
El caso
De acuerdo con las investigaciones de autoridades de Brasil y Perú, al menos $17 millones provenientes de los sobornos llegaron a Costa Rica por medio de cuentas offshore en las que participaba Toledo, su suegra Eva Fernenbug y el israleí Avraham Dan On (exjefe de seguridad de Alejandro Toledo).
Ese dinero se usó para constituir certificados a plazo con los cuales se respaldó un préstamo mediante la figura del back to back (en la cual los bancos toman en garantía del dinero prestado los mismos certificados).
Con los dineros girados por Scotiabank Costa Rica, en el 2012, Fernenbug compró lujosas propiedades en Perú y pagó hipotecas de su yerno, acciones que destaparon una supuesta red internacional de sobornos.
Todo eso ocurrió sin que la unidad de cumplimiento del banco Scotiabank en Costa Rica alertara sobre operaciones sospechosas a la Unidad de Información Financiera (UIF) del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), según había confirmado a UNIVERSIDAD el director de esta entidad, Guillermo Araya.
El ICD se enteró de la situación debido a alertas por parte de Perú en el 2013 -país que incluso solicitó el congelamiento de $6,5 millones que estaban en las cuentas del Scotiabank en ese momento -y por peticiones de información de la Fiscalía.
De hecho, este el expediente judicial de este caso en Costa Rica había sido desestimado por la Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales, a pesar de las reiteradas objeciones del juez Manuel Rivera Solano, según dio a conocer UNIVERSIDAD en octubre del 2017.
En octubre del 2017, cuando Emilia Navas asumió la Fiscalía General, ordenó la reapertura de la investigación, sin embargo, posteriormente informó que posibles delitos cometidos por funcionarios de la entidad estaban prescritos.
Actualmente, además de Toledo, en la causa figuran como imputados su suegra, Eva Rosa Fernenbug; el encargado de seguridad durante su gobierno, Avraham Dan On, y el hermano de este, Shai Dan On, así como el empresario Josef Arieh Maiman.
