El Consejo Nacional de Rectores (Conare) exhortó a la Asamblea Legislativa, a través de una carta pública, a acatar lo indicado por la Sala IV en el voto sobre el proyecto de ley Marco de Empleo Público (21.336), donde se señalan 35 inconstitucionalidades que contiene esa iniciativa de ley.
“Mediante la enmienda de las distintas inconstitucionalidades advertidas por la Sala Constitucional, se podrá garantizar la observancia de los principios constitucionales de eficiencia administrativa, selección de personal con base en idoneidad comprobada y de estabilidad en el empleo (arts. 191 y 192 constitucionales) en favor del funcionariado del Estado costarricense, sin perjudicar de forma alguna la independencia de cada poder de la República y las distintas autonomías constitucionales sobre la que nuestros constituyentes organizaron nuestra institucionalidad democrática”, dice el texto.
Conare recordó a los diputados que anteriormente esta entidad manifestó la necesidad de resguardar el Estado Social de Derecho consolidado desde la década de los cuarenta, así como su preocupación ante la eventual aprobación de este proyecto de ley, ya que este contiene “graves vicios de constitucionalidad, dentro de ellos: la centralización del poder y el control unilateral de salarios y condiciones laborales, competencias que entran en contradicción con elementos centrales de la Constitución Política”.
Asimismo, los rectores se pronunciaron sobre el mandato constitucional de la existencia del Servicio Civil, reconociendo que esta disposición establece “principios fundamentales para garantizar la eficiencia administrativa”, pero señalando que este no puede interpretarse como “una norma que definiera una estructura política de un Gobierno centralista”.
Para Conare, lo anterior es “incompatible con el Derecho de la Constitución que promulgó tanto la independencia entre poderes y distintos grados de autonomía constitucional para nuestra institucionalidad”.
Por estos motivos, el ente interuniversitario solicitó a los diputados respetar el orden constitucional que “juraron observar y defender en el ejercicio de su cargo”.
En diferentes ocasiones, Conare apuntó hacia las distintas violaciones que la iniciativa de ley contiene contra la autonomía universitaria, consagrada en los artículos 84, 85 y 87 de la Constitución Política:
“La Sala Constitucional ha interpretado ya el contenido de dichos artículos por lo que las altas autoridades universitarias, más que asumir la defensa de su propio sector universitario estatal, procedieron de manera constante a llamar la atención hacia el rompimiento del orden constitucional que implicaría la aprobación del proyecto”.
Para los dirigentes universitarios, el pronunciamiento de la Sala Constitucional evidencia la necesidad de reformular el contenido del proyecto de ley Marco de Empleo Público, para que, de aprobarse, se respete el Estado Social de Derecho.
