Un trío de ausencias de jerarcas provocó que en la misma semana, en tres comisiones legislativas se pusiera sobre la mesa el tema de la obligación constitucional de los funcionarios públicos a atender los llamados de la Asamblea Legislativa, y en las que brotó el clamor de varios diputados por obligarlos a asistir mediante el uso de la Fuerza Pública.
En dos de ellas ya se tomaron cartas: en la comisión de Ambiente, el diputado Ariel Robles presentó una moción para convocar al alcalde de San José Johnny Araya mediante la Fuerza Pública, que se deberá discutir el martes, mientras que en Ingreso y Gasto Público, la presidenta Dinorah Barquero anunció que la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) Marta Esquivel quedó convocada para este jueves, y que en caso de recurrir nuevamente a la excusa de que tiene sesión de Junta Directiva, “se le aplicará el reglamento”, en referencia a la solicitud de los integrantes de la comisión de llevarla mediante la policía.
Menos contundente fue el pronunciamiento de la comisión de Ciencia y Tecnología, donde el reclamo de la diputada Johana Obando para recurrir a la Fuerza Pública ante la tercera ausencia consecutiva de la ministra de Educación Anna Katherinna Müller no encontró mayor respaldo del presidente José Joaquín Hernández, quien aceptó una recomendación de Servicios Técnicos, según la cual la jerarca no estaba obligada a asistir por la naturaleza de esta comisión.
No obstante, el artículo 121 de la Constitución Política establece que las comisiones legislativas (sin hacer distinción de ninguna clase) tienen libre acceso a las dependencias para realizar investigaciones, y que podrán hacer comparecer ante sí a cualquier persona, con el objeto de interrogarla.
El tema fue puesto sobre la mesa con dos vertientes: las ausencias continuas, que pueden interpretarse como intento de evadir o postergar las consultas, y la naturaleza de las excusas que son aceptables, por tratarse de “fuerza mayor”.
El primero de los casos fue el martes 16 de enero, en la comisión de Ambiente, donde el diputado Robles reclamó las ausencias de Araya para testimoniar sobre una investigación que realizan sobre el manejo del relleno sanitario de la Carpio. “Ante su negativa de participar, brindando justificaciones que no son válidas, que tiene reunión con los funcionarios de la Municipalidad, presentamos una moción para que se le traiga con la Fuerza Pública si es necesario”, indicó el legislador.
Posteriormente, el jueves 18 de enero se suscitaron dos nuevos incidentes. El más enérgico fue en la comisión de Ingreso Público, en la cual la diputada Vanessa Castro cuestionó la excusa de Esquivel, en el sentido de que no asistiría porque tenía sesión de Junta Directiva.
“Difiero de esa justificación, me parece que ya ha habido resoluciones, cuando la Asamblea Legislativa llama a una comisión, solo se justifica que no vengan por razones de fuerza mayor, como salud, o estar fuera del país. Si tiene una sesión, puede solicitar un permiso, o ausentarse, pero lo que indicó es menospreciar al Primer Poder”, indicó Castro.
Su posición fue respaldada por la diputada Katia Cambronero, quien solicitó al departamento de Servicios Técnicos definir con claridad cuáles situaciones son excusas válidas. En ese sentido, se le indicó a los diputados que en el documento ALDEST-CJI-075-2023, de agosto del 2023, se indicó que solo se justifica por motivos mayores de salud (impedimento físico o siquiátrico), razones de fuerza mayor (derrumbes en carretera que impiden la movilización) o hechos de terceros (cierres de carreteras).
“Este es un tema prioritario para el país, que (Esquivel) de respuestas sobre por qué se “maquillaron” estados financieros para no seguir con obras de infraestructura es muy delicado. Pido a la Presidencia que tome las acciones que corresponden para que a la presidenta ejecutiva de la CCSS se le obligue a venir a esta comisión; no es si quiere o no quiere”, dijo Cambronero.
Ante esta situación, la presidenta de la comisión Dinorah Barquero concluyó que en este caso no se podía considerar que existe una excusa válida, y que la presidenta ejecutiva tenía una obligación constitucional con asistir a la comisión, por lo que la convocó nuevamente para el jueves, e indicó que “en caso de no asistir, se actuará de la forma que establece el reglamento”.
Casi en forma paralela, la diputada Johanna Obando reclamaba en la comisión de Ciencia y Tecnología por las repetidas ausencias de Müller, para referirse a un proyecto de ley que traslada del CONARE al Ministerio de Educación la responsabilidad de homologar los títulos emitidos en el extranjero.
Obando consideró que la ministra no tenía interés en referirse al proyecto, sobre el que debe tomarse una decisión antes del 21 de febrero. Hernández le indicó que la ministra comunicó que podía asistir el 15 de febrero.
“Eso es inaudito, no daría tiempo para realizar otras audiencias. Se debe traer a la Ministra, si es necesario con la Fuerza Pública, porque no es cuando ella quiere”, dijo Obando. No obstante, los otros integrantes de la comisión no se manifestaron, y la funcionaria de Servicios Técnicos indicó que la comisión podía llamar a personas para hacer referencia a proyectos, pero no mediante la Fuerza Pública.
En todo caso, las coincidencias en esta tendencia a no acudir a los llamados de los diputados pareciera que motivará una mayor precisión de todo lo relacionado con esta área, que permita a los diputados tomar cartas sobre esta materia, o dejar la puerta abierta para que se incremente la estrategia de la ausencia.
De esta manera, la próxima semana podría ser clave para establecer precedentes en este tema, acerca de la naturaleza de las justificaciones aceptables, y el procedimiento a seguir, en caso de que se mantengan las diferencias y eventualmente sea necesario recurrir a la Fuerza Pública.
