Los diputados de la comisión de Seguridad y Narcotráfico aprobaron un texto sustitutivo y lo dictaminaron en forma unánime para una reforma que amplía las potestades para que los tribunales puedan dictar la prisión preventiva, en lo que se denominó como “delitos de peligro social”.
El proyecto 23.986, “Ley para garantizar la prisión preventiva en los delitos de peligro social”, impulsado por el diputado Gilberth Jiménez del Partido Liberación Nacional (PLN), recibió el dictamen luego de un trabajo de revisión en el que también se incorporaron recomendaciones externas, incluidas algunas de las inquietudes del Gobierno en la agenda de seguridad que el propio presidente Rodrigo Chaves había presentado a los diputados y que desconvocó el 21 de noviembre, molesto por las críticas que recibieron sus proyectos.
La propuesta reforma el artículo 239 del Código Procesal Penal, en las que se regula la prisión preventiva, en su inciso D), indicando que puede dictarse cuando exista peligro para la víctima, persona denunciante, testigo y la comunidad, cuando se encuentren en riesgo, según valoración de las circunstancias de los hechos realizada por el juez, y en el marco de investigaciones contra la violencia en mujeres.
También se establecieron “otras causales”, en las que se advirtió que los jueces podrá valorar la prisión preventiva en los que exista la probabilidad de que la persona hubiera cometido o participado en hechos delictivos, que tengan pena de prisión y se cumpla lo previsto en el artículo 37 de la Constitución Política. “Esto es una garantía para los ciudadanos, este artículo establece que nadie puede ser detenido si no hay indicios o probabilidad de culpabilidad”, declaró Navas.
Entre estas causales, se incluyó que la persona fuera detenida en flagrancia en delitos contra la vida, sexuales, contra la propiedad siempre que medio la violencia, drogas y legitimación de capitales.
Además, que el hecho punible fuera realizado presumiblemente por una persona que tuviera al menos dos procesos panales en los que mediara violencia contra las personas, se hayan formulado acusaciones y solicitud de prisión por el Ministerio Público, aunque no estuvieran concluidos. Se incluye además a personas reincidentes en hechos delictivos en los que medió la fuerza.
A la vez, en los casos de criminalidad organizada, en delitos relacionados con drogas y legitimación de capitales, homicidios simples o calificados, delitos sexuales contra menores de edad y delitos en los que medien armas de fuego.
Finalmente, los casos en los que se participe a menores de edad en la comisión de hechos delictivos.
El diputado Gilbert Campos, del Partido Liberal Progresista (PLP), destacó durante el debate que aunque algunos critican el trámite de estos proyectos en comisión, este fue un caso en el que el trabajo de diputados y representantes de otras organizaciones permitió mejorarlo y presentar una versión acorde con la normativa constitucional y el principio de presunción de inocencia. “Esto no es la pomada canaria; no resuelve el problema de la lentitud en el sistema judicial o el hacinamiento carcelario, pero será un instrumento que permitirá más diligencia a las autoridades judiciales”.
Por su parte el diputado Alexander Barrantes, del Partido Progreso Social Democrático (PSD), declaró que la discusión permitió mejorar el proyecto, “incluso hubo diferencias (en este tema) con el Presidente, que lo retiró de la corriente de ley; pero se hicieron mejoras y se lograron acuerdos, y se mejoró muchísimo”, expresó.
El diputado Gilbert Jiménez, quien estuvo ausente durante la sesión de la comisión, acotó mediante un comunicado de prensa que el proyecto pretende que las personas vinculadas con delincuencia organizada, drogas, legitimación de capitales, homicidios, delitos sexuales contra menores de edad y delitos en los que se usen armas de fuego, vayan a prisión preventiva sin tener beneficios como la casa por cárcel, el uso de brazalete electrónicos o la posibilidad de asistir a firmar por un tiempo determinado.
Los diputados acordaron consultar el texto de consenso dictaminado con la Corte Suprema de Justicia, para no dejar portillos que luego afectaran su entrada en vigencia.
