La Comisión de Modernización y Reforma del Estado dictaminó en forma unánime este jueves el proyecto 23.314, luego de aprobar un texto sustitutivo para la iniciativa en la que se define la rectoría del Ministerio de Planificación (MIDEPLAN) en los procesos de transformación de las entidades de la administración pública centralizada y descentralizada.
Ello implica que tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo, en caso de impulsar una transformación que implique crear, fusionar o cerrar alguna institución, deberá considerar el criterio, en su condición de rector de la reforma del Estado y de experto, de MIDEPLAN.
El proyecto “Reforma parcial al artículo 16 de la ley 5525, Ley de Planificación Nacional”, se convirtió en el primer texto dictaminado de la comisión, que tramita la reforma a las competencias de los ministerios de transporte y ambiente, pero que también podría conocer proyectos similares para las carteras de vivienda y del sector social, en un corto plazo, según las declaraciones de la diputada oficialista Pilar Cisneros.
El presidente de la comisión, el diputado Eliécer Feinzaig del Partido Liberal Progresista (PLP) resaltó que se trataba del primer proyecto aprobado por el grupo legislativo. “Ya con esto superamos con creces la comisión de reforma del Estado del período anterior, que me informan que se reunió cinco veces en cuatro años, y dictaminó cero proyectos”, comentó.
La diputada Andrea Álvarez, del Partido Liberación Nacional (PLN), destacó que en el texto sustitutivo se logró un acuerdo para definir a quién se le aplicaría la rectoría del MIDEPLAN. “La idea era que vaya más allá del Poder Ejecutivo y se aplique a la administración descentralizada. Se barajó utilizar Estado o administración descentralizada, al final quedó administración pública central y descentralizada”, comentó a los diputados.
Álvarez también indicó que se logró un balance entre que esa rectoría se aplicara a la mayor cantidad de instituciones y respetar las autonomías definidas por la Constitución Política. “Quedó un párrafo para exceptuar de este texto las instituciones que la Procuraduría General ha mencionado que se les aplica esa autonomía, por ejemplo el Poder Legislativo, el Poder Judicial, la Contraloría, el Tribunal Supremo de Elecciones, los bancos del Estado, la CCSS, universidades, municipalidades y entes públicos no estatales”, dijo.
También se especificó que el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa estarían obligados a consultar a MIDEPLAN cuando se fuera a realizar algunas de estas acciones, aunque no resultará vinculante.
El proyecto será consultado con diferentes entidades y pasará al plenario legislativo para su trámite definitivo, pero varios de los diputados de la comisión resaltaron su significado, no solo por ser el primer producto de la comisión, sino por su potencial de ordenar las transformaciones que se deseen realizar en la administración pública.
“No podemos seguir administrando este país con el nivel de dispersión que hay. Los principales expertos del país en organización y administración están en MIDEPLAN”, declaró Cisneros, quien afirmó que gran parte de la dispersión se debe a la creación de direcciones e instituciones en cada administración pública, sin dotarles de herramientas.
Su compañera de bancada Paola Nájera celebró el dictamen como un esfuerzo para darle una auténtica rectoría al MIDEPLAN, para que sea el órgano técnico competente el que diga cómo y para qué crear instituciones, o cómo y para qué fusionar instituciones o cerrarlas. “Hay una gran fragmentación del sector público, estos temas no deben verse en el vacío”, manifestó.
Por su parte el diputado Rodrigo Arias, del Partido Liberación Nacional (PLN), destacó que se trata de “primeros pasos para ir quitando nudos”, para la discusión de fondo sobre el Estado. “Se trata de discutir si queremos mantener la división en grandes islas, o si queremos tener una coordinación de todo el sector público, de manera que exista una mayor eficiencia, no solo en la toma de decisiones, sino en el gasto público”, dijo.
Esta orientación fue rescatada por Feinzaig, quien insistió en la importancia de otorgar esa rectoría y que el Poder Ejecutivo y diputados estén obligados a realizar las consultas en esas acciones, aunque no sean vinculantes. “Obtener ese insumo es importante para tener una visión de conjunto, estamos dando pasos, pero es importante no perder de vista el Estado que queremos al final del camino”.
