“Ustedes notaron -dijo el diputado liberacionista Daniel Ulate a los representantes del Colegio de Geólogos antes de despedirlos-, aquí hay alguna voluntad política para avanzar con el tema”.
Ulate preside la Comisión de Alajuela de la Asamblea Legislativa y “el tema” es el proyecto de ley 22.007 que busca habilitar la minería en Crucitas de San Carlos.
El liberacionista, los independientes Eric Rodríguez, Ignacio Alpízar y Nidia Céspedes, así como la socialcristiana María Inés Solís, dejaron más que clara su posición en favor de la minería y, en los casos de Rodríguez y Solís, más que escuchar el criterio de los expertos parecieron más interesados en atacar por razones políticas o ideológicas a Jorge Lobo, biólogo de la UCR quien manifestó oposición al proyecto.
Quedó patente además la inconformidad de los diputados con una gira al sitio organizada el viernes pasado por el gobierno y reclamaron que no se les mostró toda la realidad que se vive en la zona.
Criterios opuestos
La representación del Colegio de Geólogos recayó sobre dos integrantes de su junta directiva Néstor Chamorro y Diego Guadamuz.
Chamorro en su intervención inicial aseveró que “el Colegio cree y la experiencia lo ha demostrado desde que se eliminó la minería a cielo abierto no ha sido buen ejemplo desde el punto de vista ambiental, social ni económico” y llamó a que “hay que hacer una ley integral que involucre a todo el país y también una zona especial de Abangares”.
El geólogo llamó la atención al problema de contaminación con mercurio a causa de la extracción ilegal de oro y recordó que el país ratificó el Convenio de Minamata al respecto. “Eso no se puede brincar”, dijo, por lo que se requiere “un proyecto bien consensuado y analizado”, que según dijo esa organización planteó “hace más de tres años”,
También abogó porque la Dirección de Geología y Minas salga del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) y pase según él al de Economía, Industria y Comercio (MEIC).
Por su parte, Guadamuz dijo que hay que pensar en abrir a la minería el 100% del territorio nacional y criticó que “hay personas que tienen una visión ambientalista” que tienen una “visión sesgada” de que “hay que reducir la extracción de recursos, pero avanzando”, lo cual criticó porque “mientras la humanidad siga avanzando tiene que buscar nuevos recursos, el oro no es solo como un aparato de orfebrería, también sirve para chips, microchips”.
Desde la otra acera Jorge Lobo, en representación de la Dirección de la Escuela de Biología, recordó que es “dudoso” el beneficio social y económico de proyectos de explotación minera a escala industrial y cuestionó por qué se planteaba un proyecto solo en Crucitas, “¿qué lleva a sus proponentes a guardarse su cobertura para todo el país, no será porque en el fondo se conocen los riesgos ambientales de este tipo de minería?”.
Por ello consideró como “peligroso el precedente de leyes solo para determinados proyectos, no se legisla en función del país o de una estrategia de desarrollo”.
“Este proyecto no incluye capacitación incentivos financiamiento que posibilite el desarrollo de minería artesanal o a pequeña escala bajo parámetros ambientales aceptables, ni siquiera menciona posibilidad de minería local en pequeña escala”, criticó.
Además recordó que la minería química a cielo abierto requiere de “la remoción de cantidades enormes de suelo y roca, para extraer pequeñas cantidades de metal, y que en este tipo de yacimientos , a veces tres gramos por tonelada”.
Añadió que las afectaciones de la minería artesanal, “aunque peligrosas y lamentables, se limitan a áreas superficiales de la vegetación y el suelo y a la contaminación por mercurio, muy grave, pero la minería química a cielo abierto hace desaparecer todo, vegetación, suelo, ríos, acuíferos subterráneos no hay punto de comparación”.
Posiciones ya definidas
El mencionado presidente de la Comisión Daniel Ulate quiso presentar a Lobo con una contradicción y preguntó qué es más dañino, “la extracción controlada de oro o la actividad piñera en la zona”. A lo que el biólogo replicó que se debe hacer la diferencia entre la actividad a gran escala y a pequeña escala, tras citar problemas asociados a la actividad industrial de la piña como uso de plaguicidas y contaminación del suelo, dijo que “eso podría cambiar dependiendo de a forma como se administre la producción agrícola y se incentive la producción de pequeños agricultores”.
Posteriormente Ulate se apresuró a aclarar que “no tengo nada en contra de las piñeras”, tras lo cual pidió a los geólogos una estimación de la cantidad de oro que se puede extraer del sitio, a lo cual Chamorro replicó que según Industrias Infinito se podía extraer un millón de onzas. “Lo único positivo de la extracción ilegal y desastre ambiental es que se detectó que es más grande, podemos hablar de cinco millones de onzas en toda la región” y dijo que el precio internacional ronda los $1.700 precio de la onza.
De seguido el diputado Rodríguez hizo alarde de un minúsculo coeficiente intelectual al intentar denunciar la “doble moral”, porque “yo veo a todos ahí en la mesa con un celular, todo lo que se saca de este celular se saca de minas”.
El oficialista Ramón Carranza por su parte se mostró opuesto a la iniciativa y entre otras cosas, dijo que la prioridad debiera ser reformar el Código de Minería, pues establece que las empresas mineras sólo dejan en el país el 2%. Además ofreció ejemplos de cómo en Perú algunos de los municipios más pobres son precisamente los dedicados a minería, como Cajamarca o Ayacucho.
La independiente Céspedes dejó clara su posición y también buscó encerrar a Lobo al pedirle su valoración del saqueo de “más de $200 millones”, el “desastre ambiental” y la pobreza de la región, ya que hace once años se opuso al proyecto minero.
El biólogo por su parte reconoció que “ocurrió un hecho lamentable”, pero subrayó que “nos libramos de un impacto peor. Al haber prohibido la minería en Costa Rica libramos de ese destino a cientos de hectáreas de bosque y reservas hídricas, donde debajo de esos bosques se encuentran minas y la actual ley de minería no prohíbe la explotación debajo de bosques y recursos hídricos”.
Insistió en que la legislación vigente “no prohíbe todo tipo de extracción de oro, la permite a una escala pequeña y controlada, lo que se prohíbe es la explotación a cielo abierto con lixiviación química”. Añadió que “no es correcto que los ambientalistas o los biólogos estemos en contra de cualquier tipo de uso de recursos de oro, pensamos que hay una puerta para cierto tipo de actividades y que sea aprovechado el recurso con iniciativas locales, pero este proyecto de ley no mejora en nada la situación de la gente”.
Finalmente, la socialcristiana María Inés Solís dijo que “es más que evidente que cualquier actividad en la que se requiera de la explotación de recursos, si no se regula, la explotación de igual manera se va a hacer, pero de manera ilegal”.
Luego criticó la “doble moral de que digan que Costa Rica es verde, cuando hay un desastre ambiental, es una irresponsabilidad lo que el gobierno hace”. De seguido aseveró que “trabajar en la UCR no es la vida real de este país, esos son unos cuantos privilegiados que ven la realidad desde un cuartito en un mundo privilegiado”.
Cabe destacar, por ejemplo, que desde el Programa Kiosocos Socioambientales de la UCR se ha trabajado mucho a lo largo de los años por denunciar el problema de contaminación de comunidades a causa de los agroquímicos utilizados por la industria piñera precisamente en San Carlos, región de donde proviene esa diputada.
