El Comité de Comercio Exterior (Comex) extiende los beneficios que reciben empresas en el régimen de Zonas Francas sin tener definidos criterios técnicos que lo respalden lo que resultó en que cada empresa —que ya ha sido beneficiada— se le valore distinto “tanto entre categorías como a lo interno de ellas”, señala la Contraloría General de la República (CGR).
Los beneficios del régimen de Zonas Franca se otorgan a empresas nuevas en el país que acceden a firmar un acuerdo con compromisos en generación de empleo e inversión, los cuales mantienen durante un periodo establecido. En promedio, las empresas que forman parte son exoneradas de $1.221 millones (₡652.413 millones) en impuestos anuales.
La CGR analizó 29 expedientes de empresas, de las 469 que ingresaron entre el 2010 y junio del 2023, y encontró que 7 de ellas ya habían sido beneficiadas previamente y que Comex había extendido sus beneficias a todas amparado en la ley que lo permite, solo si desarrollan un proyecto nuevo o inversiones adicionales que lo justifiquen.
Sin embargo, la inversión adicional ofrecida por las empresas procesadoras incluidas en la muestra (3) para mantenerse en el régimen llega a variar entre el 12% y el 99% adicional respecto de la inversión acumulada ya realizada; entre empresas de servicios (3) varía entre el 5% y 59%, mientras que le empresa administradora representó apenas un 2%.
La auditoría también encontró que un tercio de los 250 procesos administrativos contra empresas en Zona Franca por incumplimiento de compromisos están pendientes de revisión.
Esto se suma a una cadena de retrasos que permite operar a las compañías en Zona Franca que incumplen los acuerdos que firmaron, ya que la CGR también encontró un retraso de dos años por parte de Procomer en la revisión del cumplimiento de estos compromisos, lo cual deriva en la apertura de casos.
A raíz de la auditoría, la Contraloría ordenó al ministro de Comex, Manuel Tovar, definir los criterios mínimos para otorgar los beneficios bajo este régimen a empresas que ya han sido beneficiadas, medida que debe estar implementada a más tardar el 28 de junio del 2024.
