El Colegio de Abogados se plegó a los argumentos de las entidades financieras -agrupadas en la Asociación Bancaria Costarricense- sumándose a cuestionar y contradecir los criterios de la Procuraduría General de la República y de la Sala Constitucional sobre el manejo de la información crediticia.
Durante una comparecencia ante la Comisión Legislativa de Control de Ingreso y Gasto Público, el mencionado colegio, representado por Fabian Volio (exministro de Justicia bajo José María Figueres Olsen , exasesor del Banco de Costa Rica y partidario del Liberal Progresista en la última elección ), indicó que, contrario a lo que dicho por las dos entidades mencionadas, los datos crediticios son sensibles y las instituciones del Estado requieren consentimiento para acceder a ellos.
La audiencia se da en el contexto de la discusión que ha generado la negativa de la Superintendencia General de Entidades Financieras a atender una solicitud de información emitida por el Banco Central de Costa Rica, que ha llevado a la superintendente, Rocío Aguilar, a ser denunciada ante la fiscalía. En ella participaron Volio y el vocero de la banca, Mario Gómez, quien habló mucho menos que Volio pues sus criterios coincidieron en todo.
Para explicar su opinión, Volio comenzó citando al asesor de la ABC, Ronulfo Jiménez, y dijo que el trabajo del BCCR se limitaba a fijar el tipo de cambio y dictar política monetaria, para lo que -según su criterio- no necesitaba datos individualizados y que él cataloga como “sensibles”.
Cabe recordar que siguiendo el criterio de la Sala Constitucional, la Procuraduría General de la República ha dicho textualmente que no se puede “equiparar los datos crediticios a los datos sensibles, pues ambos tienen una categoría de manejo separada en la ley”.
Más bien, el abogado del Estado ha calificado esa información como “datos personales de interés público” y ha detallado que pueden ser “recopilados, tratados, almacenados y divulgados por terceros a manera de contribuir con la protección del crédito y la estabilidad del sistema financiero y ello a través de la determinación de la solvencia, económica y financiera del deudor”.
Volio incluso se atrevió a decir que el dictamen de la Procuraduría sobre el caso particular, en que le dio la razón el banco y estableció que Sugef debía entregar los datos, “está equivocado” porque no citó normativa, que él considera, prima en el tema.
Además el abogado insistió en que la Ley del Sistema de Estadística Nacional -en la que se ampara la mencionada solicitud- no es una ley especial, aunque minutos después la frenteamplista Sofía Guillén y la liberacionista Vanessa Castro explicaron en qué consiste una ley especial, y coincidieron en que la mencionada normativa sí lo es.
Guillén intervino para aclarar que hay múltiples referencias internacionales sobre la necesidad de datos individualizados e inclusive citó documentos de Naciones Unidas y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que incluyen los datos individualizados como forma de buenas prácticas para la generación de estadística.
“Aquí no hay un tema solo de legalidad compañeros y compañera, aquí hay un tema de que a partir de esta discusión se insista en echar atrás más o menos a los años 90 el manejo de la estadística y la información de datos en Costa Rica. esa no es la tendencia en los países que podrían considerar algunos de ustedes como referencia”, dijo.
Durante su intercambio con la diputada Andrea Álvarez, que en la comisión se ha abocado a defender a la superintendenta, Volio dijo que el BCCR debía “retirar” las denuncias que había presentado por incumplimiento de deberes contra ella y contra el jerarca del Banco Nacional, Bernardo Alfaro, pues eran “calumniosas” pues, aunque ha pasado casi un año desde que se hizo la solicitud y aún no se responde, no consideran que ha habido “renuencia reiterada”. Esa afirmación la repitió varias veces durante sus intervenciones.
Ambos abogados sembraron dudas sobre el proceder del BCCR indicando que, contrario a lo que ha dicho la Procuraduría, la mencionada solicitud “no tiene fundamento alguno” y los datos “no son de interés público”, además de que coincidieron en que el banco se “extralimitó” al pedir la información.
