La incidencia del delito de cobro de peaje o tributo en Costa Rica todavía no alcanza los mismos niveles que otras actividades contra la ley, pero las denuncias estarían evidenciando que su rango de acción se extiende en el país.
Los datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para este tipo de extorsión reportan 38 casos desde el 2021 al 18 de setiembre del 2023. Sin embargo, se debe considerar que hay una tendencia al aumento (ver gráfico).
A pesar de que del 2021 al 2023 se presentó un descenso en los registros (se pasó de un caso por mes, a casi uno cada dos meses), en los datos de un 2023 aún sin concluir, las denuncias que se deben investigar superan el promedio de dos por mes.
Otro elemento que se debe considerar es la ubicación: en el 2021 solo se reportaron las incidencias en dos provincias (San José y Cartago), mientras que en el 2022 se sumaron expedientes en Alajuela y Limón, y para el 2023 se agregó Puntarenas (ver gráfico).
Precisamente, San José y Cartago son las zonas con mayor cantidad de eventos denunciados, con 24 y 7, a pesar de que se han presentado versiones de que en las zonas costeras de Limón y Puntarenas también hubo situaciones de este tipo, asociadas al cobro por el uso de un puente o al cobro de “cuotas” a algunos comercios de la zona.
Y al precisar en el entorno cantonal, se perfila una región especialmente conflictiva, hacia el sureste de la zona metropolitana (ver recuadro).
En principio, estos números parecen diluirse en medio de la crisis de violencia, que tiene sus mayores expresiones en incidentes como el aumento de los homicidios (más de 40%) y de las balaceras (más del 20%), pero debe contextualizarse que el propio Randall Zúñiga, director del OIJ, advirtió que esta escalada se inscribe dentro de una consolidación de los grupos criminales, que incluso buscan expandirse territorialmente.
“Si no se da un cambio pronto, van a existir zonas fallidas en el país, zonas a las que la policía no va a poder ingresar, que el Estado no podrá ejecutar las labores básicas, porque quienes lo van a hacer son esos grupos criminales que van a dominar esos lugares”, expresó Zúñiga, al reaccionar el pasado 6 de octubre al incidente en que dos agentes del OIJ fueron emboscados en Tirrases, lo que ocasionó el fallecimiento de uno y heridas severas en el otro.
Más allá de la superficie
El exfiscal Francisco Dall´Anese indicó que no recuerda que este tipo de extorsiones fueran relevantes durante su período al frente del Ministerio Público, por lo que alertó que el crecimiento podría ser un indicador de que las organizaciones criminales se están afianzando en ciertos lugares.
“Si hay denuncias de cobros de estos peajes, es señal de que hay organizaciones criminales que se encuentran muy estabilizadas en ciertos territorios, o en actividades económicas. También se presenta a escalas más pequeñas, con mafias más reducidas, para el cobro de cuotas a negocios”, mencionó.
Mauricio Gómez, secretario general adjunto de la Asociación Nacional de Investigadores en Criminalística (ANIC), comentó por su parte que estas actividades parecieran estar relacionadas más con grupos criminales oriundos de las mismas áreas, que con organizaciones relacionadas con actividades como el narcotráfico o el sicariato, al menos por la evidencia actual.
“Es un fenómeno criminal que pareciera mostrar poco movimiento, por lo menos en San José. Habría que ver la situación en las costas, donde se presentan más problemas con grupos criminales relacionados con las drogas que se vinculan también con otras actividades”, mencionó Gómez.
Sin embargo, Gómez indicó que el tema podría relacionarse con otra actividad delictiva, los préstamos gota a gota, que está creciendo entre los grupos vinculados con el narcotráfico, con lo que las actividades de extorsión pueden entrelazarse con la legitimación de capitales, amenazas y eventualmente, homicidios.
Y en este punto, conviene recordar un elemento asociado con estos delitos: Dall´Anese comentó que los datos podrían presentar porcentajes más reducidos de las situaciones que están ocurriendo en esta materia, porque las personas tienen menos inclinación a denunciarlas, por la misma naturaleza de estos delitos: obtener ganancias por medio de la intimidación y el miedo.
Radiografía en los cantones
San José y la Unión figuran como los cantones en los que se registran más incidentes de extorsiones mediante cobro de tributos. Se identifica una región conflictiva en la zona sureste del área metropolitana:
San José: El cantón central es el que reporta más actividad, y en el último año se duplicó, se pasó de dos reportes en 2021 y 2022, a cinco en lo que se desarrolla del 2023.
La Unión: Aunque mermó la cantidad de registros en los últimos años, se coloca en el segundo lugar entre los cantones por las denuncias recibidas. Registró cuatro en el 2021, para bajar a una en 2022 y otra en el 2023.
Desamparados: Es el tercer lugar entre los cantones por las denuncias presentadas, pasó de dos en el 2021 a tres en el 2023, y si se considera solo el presente año, estaría en la segunda ubicación.
Curridabat: Se mantiene relativamente estable —lo que sería indicador de problemas que no se resuelven— al reportar dos casos en el 2021, uno en el 2022 y otro en el 2023.
Santa Ana: Se agregó recientemente a la lista de sitios con este problema, registra dos casos en lo que va del 2023.
Cantones con un incidente reportado: Escazú y Moravia en el 2021; Limón, Naranjo y Orotina en el 2022; Aserrí, Cartago, Matina, Pococí, Puntarenas, Vásquez de Coronado y un reporte sin precisar lugar.
