De los 281 homicidios registrados por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en lo que va del año, 163 son tipificados bajo la modalidad de “ajuste de cuentas / venganza”.
Esa clasificación quiere decir que el 58% de los homicidios reportados entre el 1 de enero y el 1 de mayo son casos “en los cuales existió diferencias interpersonales o mediaron circunstancias relacionadas con temas de drogas o grupos delincuenciales organizados”, según lo ha definido el propio OIJ en su Anuario Estadístico del año pasado.
Desde esa perspectiva, es significativo que Limón fue la provincia donde se presentó la mayor incidencia de homicidios por esta modalidad, pues alcanzó los 51, un 31,2% del total; por encima de los 35 de San José.
Como se sabe, este año se ha visto un serio aumento de homicidios con respecto a 2022, cuando en el mismo periodo se dieron 205, de ellos, el “ajuste de cuentas” se registró en 129.
Es decir, de los 76 homicidios más que se han dado entre enero y mayo de 2023 en comparación con el mismo periodo en 2022, 34 fueron por “ajuste de cuentas / venganza”.
Autoridades del OIJ estiman que si se mantiene el ritmo de crecimiento de homicidios, el año podría cerrar con 900 homicidios, una cifra bastante superior a los 654 reportados el años pasado, que ya mostraban un aumento respecto de 2021.
La ola de violencia que mantiene el país ha provocado que la inseguridad y la delincuencia salten al primer lugar de las preocupaciones de los costarricenses, al alcanzar un 35% de las opiniones de las personas consultadas frente al costo de vida que lo citan la mitad, un 18%, según la última encuesta del Centro de Investigación en Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (UCR), publicada el 26 de abril por el Semanario Universidad.
El aumento de la criminalidad ha generado que el Poder Judicial entregara seis proyectos tendientes a detener la violencia, así como el presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias y más recientemente el Presidente, Rodrigo Chaves, todos en competencia por ver cuales de las iniciativas serán aprobadas por el Primer Poder de la República en sesiones extraordinarias, donde domina la agenda el Poder Ejecutivo.
