El presidente Rodrigo Chaves dijo haber comentado a altos ejecutivos de la empresa Globalvía la molestia del Gobierno por la manera en que se ha desarrollado el contrato de concesión de la ruta 27, entre San José y Caldera.
En conferencia de prensa, ante una pregunta que no contestó sobre la posibilidad de rescindir el contrato a Globalvía, Chaves volvió a exponer sus críticas al contrato en condiciones “predatorias” que años atrás se negoció a favor del concesionario y de un supuesto subregistro de vehículos y, por tanto, de ingresos percibidos por los peajes.
“Les manifesté con mucho dolor que este documento no era favorable para Costa Rica. Por ejemplo, el contrato tiene un rendimiento en dólares del 16% y se firmó cuando las tasas de interés estaban por el piso, además que la tarifa del peaje sube cuando hay inflación en Estados Unidos”, criticó Chaves.
Según el mandatario, en una ocasión funcionarios de la contraloría General de la República fueron a la carretera a contar los carros y al cotejar con el reporte de la compañía detectaron que el volumen real triplicaba lo reportado. “¡Cómo puede ser que no podamos contar esos carros con la tecnología existente!”, exclamó.
El ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Luis Amador, retiró la existencia de dos posibilidades con Globalvía, la rescisión o el ajuste de las condiciones actuales, pero no precisó si hay una decisión encaminada.
Sí dijo que es la empresa la que debe asumir el costo de un hundimiento en el kilómetro 44, cuyo arreglo se calcula en $17 millones, mientras la concesionaria indica que es el Estado. Además advirtió la necesidad “imperante” de ampliar la carretera, lo cual implicaría una inversión cercana a los $600 millones.
