“Continuaremos la política actual, hasta donde sé”.
Así contestó el presidente de la República, Rodrigo Chaves, cuando se le preguntó en conferencia de prensa por la relación que pretende con el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua.
Chaves se refiere a una relación bilateral sin embajadores, pues la sede costarricense en Managua y la nicaragüense en San José, están dirigidas por un encargado de negocios, un rango menor.
A pesar de que al principio de su gobierno Chaves dijo que si se tienen relaciones diplomáticas se debía nombrar embajador, pasado un año da muestras de continuidad con la situación que encontró derivada del gobierno de Carlos Alvarado, a pesar de que se ha atenuado el discurso contra las violaciones a derechos humanos en Nicaragua.
“Ese es el nivel de relaciones diplomáticas que tenemos con Nicaragua”, reafirmó en conferencia de prensa el canciller de la República, Arnoldo André, como señal de continuidad.
Aunque Costa Rica había manifestado intenciones de relaciones plenas, con embajador, ha reducido el volumen de sus denuncias sobre las violaciones en Nicaragua, y apoyó al candidato orteguista para la secretaría general del Sistema de Integración Centroamericano (SICA), el gobierno actual mantiene su condena a las acciones del gobierno de Ortega contra disidentes y opositores políticos.
En febrero, cuando Costa Rica se integró al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, André publicó en sus redes sociales: “reiteré nuestro compromiso con los derechos humanos y nuestra condena por el atropello a las garantías básicas en Nicaragua”.
Sobre las relaciones con Venezuela, después de que Costa Rica reconoció en enero de 2019 a Juan Guaidó como presidente y no a Nicolás Maduro, ahora sí se admite como tal al político chavista que mantiene el poder en el territorio venezolano. Sin embargo, la relación bilateral apenas llega al nivel consular, para atención de los ciudadanos de cada país.
Costa Rica, sin embargo, carece de oficinas en Caracas y pidió a Alemania que dé el servicio a unos 100 costarricenses residentes en Venezuela, según André, mientras el gobierno venezolano no ha abierto aquí oficinas para los 40.000 compatriotas suyos que viven en Costa Rica.
