País

Chaves expresa dudas sobre uso de dinero público en proyecto de hidrógeno verde

Recoge escepticismo de algunos diputados por beneficios fiscales que recibirían empresas que inviertan en esa fuente de energía

Después de que el proyecto de ley para promover la producción de hidrógeno verde en Costa Rica fuera pausado en la Asamblea Legislativa al plantearse una consulta de constitucionalidad, 

El presidente Rodrigo Chaves expresó escepticismo sobre los beneficiarios que tendría finalmente un proyecto para incentivar la producción del “hidrógeno verde” como fuente de energía en el país, por considerar que podría comprometer recursos públicos en dar ventajas a grupos determinados y no a la población en general.

“Lo que no quisiera es comprometer las finanzas públicas ni acomodarle una industria a nadie”, dijo Chaves al responder consultas de la prensa durante la gira a Limón en el contexto del Día de la Persona Negra, este 31 de agosto.

Aunque admitió en principio siente agrado por el proyecto, estimó necesario esperar un criterio que deberá rendir la Sala Constitucional y la discusión que tienen pendiente los diputados. “Vamos a revisar esa ley con el cuidado que merece, para evitar esas dos cosas: acomodarle algo a alguien, que no sé si ese es el interés, y sobre todo no comprometer la posición fiscal del Estado”, añadió el martes en Wesfalia, Limón.

De esta manera recoge algunas de las objeciones de legisladores mencionadas para frenar el avance del proyecto de ley, empujado por la bancadas del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Frente Amplio y Liberación Nacional (PLN) en coincidencia con la promesa que en campaña hizo el candidato presidencial José María Figueres.

Diputados del Partido Liberal Progresista (PLP) y el oficialista Progreso Social Democrático (PSD) suspendieron el lunes el debate sobre el proyecto de ley, con dudas por falta de estudios económicos y técnicos y bajo la sospecha de que presenta contradicciones con el marco legal vigente.

La propuesta de ley plantea beneficios fiscales durante 15 años a personas jurídicas y físicas que inviertan más de $150.000 para comenzar un proyecto de producción de esa fuente de energía.

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