Los resultados del plan estatal llamado ‘Puente al Desarrollo’ contra la pobreza están limitados por una deficiente coordinación entre las instituciones públicas encargadas, señaló una auditoría realizada por la Contraloría General de la República (CGR).
Debilidades en la estructura del proyecto, en la identificación de objetivos comunes, y en el seguimiento y evaluación de las acciones hacen que el programa apenas supere una calificación mínima y alcance niveles intermedios de gestión, lo que reduce la incidencia en el ataque a la pobreza, que llegó a 26% durante el año 2020 con pandemia, el valor más alto en casi 30 años.
El índice de eficacia elaborado por la CGR para este caso, con 10 indicadores y una escala 1-100, permitió a la entidad contralora adjudicar una nota de 40,7 por los problemas señalados, incluida la falta de un liderazgo político definitivo que asuma la responsabilidad por el proceso y la necesaria rendición de cuentas.
“Los resultados mostrados permiten concluir que la Estrategia, si bien es una propuesta ambiciosa y necesaria para el país, en su implementación ha presentado dificultades en el desempeño de los principios de eficacia y eficiencia. Lo anterior, porque no se han desarrollado algunos eslabones que aseguren la eficacia de la articulación interinstitucional y con ello, poder atender desde una perspectiva integral la problemática de la pobreza”, dice el informe DFOE-BIS-IF-00016-2021.
Y agrega: “Esta Contraloría estima que se limita el logro del propósito planteado en la Estrategia Puente al Desarrollo, relacionado con facilitar la articulación institucional para el bienestar y cumplimiento de los derechos humanos. Lo cual, no propicia las condiciones mínimas para el abordaje integral de los objetivos que se ha planteado la estrategia. Tampoco se logra dimensionar la participación de la totalidad de las instituciones en la estrategia, en términos presupuestarios, ni en cuanto a su aporte respecto a los objetivos o metas”.
La estrategia ‘Puente al Desarrollo’ se impulsó en 2015, en el gobierno de Luis Guillermo Solís y bajo el liderazgo de la vicepresidenta Ana Helena Chacón. Se ofreció como una forma de romper el modelo asistencialista, pues otorga ayudas económicas, sí, pero con capacitación para que las familias en pobreza puedan generar ingresos por su cuenta.
Uno de los problemas fue que las instituciones a cargo del área de la empleabilidad dejaron de atender el 37% de referencias emitidas por el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) en la primera mitad del 2021, mientras casi 20% de ellas apenas iniciaron el trámite. Además, el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y el Ministerio de Trabajo gestionaron de manera errática casi la mitad de las referencias para ese mismo fin.
Esto hizo que los potenciales beneficiarios se quedaran sin la capacitación que les hubiera permitido conseguir un empleo aprovechando el momento en que recibían la ayuda social, pues se desconoce si hubo resultados de los 7.417 millones de colones girados a 3.806 familias que finiquitaron el programa en el primer semestre del 2021.
Fue en este mismo período en que el 99.5% de las familias egresadas de la estrategia quedaron sin cumplir al menos el 90 % del plan dispuesto durante el primer semestre del 2021. Por eso la Contraloría concluye que “la estrategia presenta limitaciones para que las familias logren transitar de la protección a la promoción social, y con ello, una independencia económica que les permita mejorar su calidad de vida de forma sostenible”.
