Una auditoría de la Contraloría General de la República (CGR) expuso el incumplimiento de compromisos de empleos e inversión entre empresas de Zona Franca, las cuales operaban gracias a un retraso de dos años de parte de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (Procomer) que revisó el cumplimiento de estos acuerdos.
El régimen de Zona Franca otorga beneficios a empresas nuevas que ingresan al país. Estas empresas recibieron un promedio de $1.221 millones anuales (₡652.413 millones) en exoneraciones fiscales, según datos de Procomer, para lo cual firman un acuerdo en el que se comprometen a generar cierta cantidad de empleo e inversión, así como mantenerlo durante un plazo determinado.
“(…) de 22 empresas de la muestra que debieron cumplir con el nivel de empleo comprometido a más tardar en 2022 se determinó que en un 18% no se ha revisado dicho cumplimiento. Y en aquellas que Procomer revisó (18 de 22), la Promotora determinó que un 17% incumplieron dicho compromiso, generando 76% menos empleos del nivel establecido como compromiso”, señala el documento.
La CGR realizó una auditoría a Procomer con una muestra de 29 expedientes de empresas aleatorias, de las 469 que ingresaron entre el 2010 y junio del 2023 y encontró que los expedientes estaban desordenados e incompletos: en 25 casos habían carpetas vacías dentro de los expedientes.
La CGR también señala que, de la muestra auditada, cuatro empresas que debían cumplir compromisos de inversión de más de $2 millones en el 2022 no había sido revisada por Procomer, y que entre las que sí habían sido revisadas (15) una quinta parte incumplió con el 65% del monto inicial de inversión establecido en el acuerdo que firmaron para ingresar al país y se redujo la inversión esperada en $485 mil.
“(Entre la muestra) Procomer recomendó el inicio de procedimiento administrativo en 9 de estas. Al respecto, Procomer identificó alrededor de 46 incumplimientos asociados a nivel de inversión inicial, empleo comprometido, porcentaje de ventas locales, presentación del informe anual de operación y morosidad con la CCSS”, apunta el documento.
Sin embargo, el documento también señala que un tercio de los procesos administrativos abiertos se encuentran pendientes de resolución en el Comité de Comercio Exterior (Comex) y entre las nueve que formaban parte de la muestra “ a una se le revocó el régimen, tres se encuentran en proceso de apertura del procedimiento administrativo, una mantiene el procedimiento abierto, dos casos fueron desestimados, y en dos de los casos Comex indicó no haber sido notificado de la recomendación pese a haberse encontrado evidencia de la misma en el expediente”.
A raíz de la auditoría, la CGR le ordena a la gerente de Procomer, Laura López, definir un procedimiento para regular la gestión documental de los expedientes, así como implementar un mecanismo para la revisión oportuna de expedientes con el fin de verificar el cumplimiento de compromisos por parte de las empresas.
