El COVID-19 ha puesto de rodillas a casi todos los países del mundo, le ha quitado la vida a más de 252.000 personas y unas 3,5 millones se han contagiado del virus, una realidad que hace un año nadie se hubiera imaginado.
No sólo se trata de un problema de salud, esta pandemia puso al descubierto para Centroamérica otro mal que estaba latente: la inequidad social y económica.
Las cifras de contagio y fallecimientos hablan por sí solas, algo que ha llevado a los Gobiernos de la región a implementar medidas de distanciamiento social, cierre de negocios, paralización de las actividades sociales y económicas.
Millones de centroamericanos tienen semanas de estar enclaustrados en sus casas, pero para muchos el encierro ha sido otra condena de muerte.
El hambre ya tocaba a sus puertas antes de la pandemia, y salían cada día para hacer un poco de dinero y llevar alimento a sus familias, una situación que toca a una amplia población de la región.
Por ejemplo, en Nicaragua los datos más recientes registrados señalan que el 24,9% se encuentra bajo la línea de pobreza; en Panamá, es del 22,1%; en El Salvador alcanza el 38,2%; Guatemala tiene un 59,3% de pobres y Honduras suma el 68,9%, según el más reciente informe del Estado de la Región.
“Definitivamente para amplios sectores de la población centroamericana no es posible atender las recomendaciones que dictan las autoridades de salud de cada nación, como el distanciamiento social, el lavado frecuente de manos, el abastecimiento de provisiones para varios días, reducir las salidas de casa o aplicar el teletrabajo”, analizó Alberto Mora, director del programa Estado de la Región.
Desde su perspectiva, la pandemia por COVID-19 lo que hace es desnudar nuevamente los rezagos y vulnerabilidades históricas que los países centroamericanos han tenido.
Mora explicó que, cuando se habla de una región en la que 18 de los 46 millones de habitantes se encuentran en condición de exclusión social, es imposible seguir las recomendaciones para evitar el contagio del virus. Gente que es doblemente abandonada, por el Estado que no les garantiza el acceso a servicios de salud, sanitarios o de educación, y por el mercado, ya que no tienen posibilidades de ubicarse en el trabajo formal.
“Para buena parte de la población centroamericana atender las medidas de las autoridades sanitarias implica poner en riesgo su próxima comida, pues trabajan en la informalidad y la opción de quedarse en casa significa no tener ingresos. Hay que recordar que la pobreza no sólo se expresa como carencia de ingresos, sino también por no tener acceso a servicios e infraestructuras adecuadas”, añadió el experto.
Los datos del Estado de la Región revelan que cerca de 26,5 millones de centroamericanos (59% de la población al 2016) tenían al menos una necesidad básica insatisfecha.
El hacinamiento es una de las principales carencias, algo que definitivamente no permite mantener los protocolos de distanciamiento social. Por ejemplo, en Guatemala, Honduras y El Salvador más del 35% de los hogares vive en esa condición; Nicaragua tiene una incidencia del 60%.
Además, la posibilidad de cumplir con el lavado de manos frecuente es difícil para cerca del 14% de los hogares, los cuales a nivel regional no cuentan con acceso a fuentes de agua aptas para consumo humano.
Guatemala: los pañuelos blancos del hambre
Luis Arturo Turuy lustra zapatos en el parque frente a la Merced de Antigua en Guatemala, padece epilepsia y con el poco dinero que gana ayuda a su mamá y compra los medicamentos que requiere para tratar su enfermedad.
Con la situación de la pandemia, el trabajo ha decrecido muchísimo, pues no hay turismo en la zona. Él sabe que tiene que seguir buscando recursos, por ello, se mantiene cada día en su puesto del parque con un cubrebocas y la esperanza de lograr unos quetzales.
Don Aparicio y su esposa viven en la zona de Sacatepéquez. Él tiene cuatro años de estar enfermo, un padecimiento que le afecta la mitad de su cuerpo y le cuesta respirar; su esposa es no vidente y tiene diabetes, viven en situación de pobreza.
Cada mañana, don Aparicio sale de su casa con cubrebocas y una canasta para tratar de vender los productos del día. Es una persona de alto riesgo, pero su condición le impide quedarse en casa.
Saray Peña (nombre ficticio para guardar confidencialidad) labora como empleada doméstica en la zona sur de Guatemala. Cuando se estableció la cuarentena nacional sus jefes le dijeron que no se preocupara, que se quedara en casa con sus hijos.
“A los días me llamaron y dijeron que la situación económica estaba muy mal y que no me iban a pagar. Mi esposo es jardinero y le dijeron lo mismo, y que si lograban algo de dinero pasarían una parte del sueldo, pero ahora no tenemos nada”.
De acuerdo con Maritza Velásquez, de la Asociación de Trabajadoras del Hogar a Domicilio y Maquila, la pandemia ha puesto de rodillas a la población de toda la región, en un ambiente incierto sobre lo que sucederá con la economía y la estabilidad laboral.
“El sector de trabajadoras domésticas, de la economía informal y del campo es el que más nos preocupa, porque hay una evidente desigualdad para la distribución de la ayuda humanitaria y ellas han sido las más golpeadas. Hacemos denuncias ante las precarias instancias operadoras de justicia, pero no hemos podido avanzar porque la cuarentena nos mantiene coartados”, explicó Velásquez.
Estas son solo una muestra de lo que viven miles de personas en Guatemala, quienes ya de por sí veían el día a día como una lucha. Hoy, con el COVID-19, el hambre azota más que nunca y en muchas comunidades la gente ha comenzado a colgar pañuelos blancos en las puertas de sus casas para que alguien les lleve comida.
El confinamiento en un país donde 1 de cada 2 niños menores de cinco años padece de desnutrición crónica y sólo el 23% de la población cuenta con seguridad social puede resultar más letal que el virus.
Guatemala lleva 730 contagios al 5 de mayo de 2020 y lamenta 19 fallecimientos.
Colaboró con las historias Bernardo Silva, Guatemala.
El Salvador: Fuertes medidas, pero insostenibles
María Solano (nombre ficticio para guardar confidencialidad) vive en El Salvador y trabaja como contadora en una empresa de ropa que da empleo a unas 800 personas. A mediados de marzo, la compañía suspendió operaciones por la orden de cierre y cuarentena que dictó el Gobierno. Ya tiene más de un mes de no trabajar y hace tres quincenas no recibe salario.
“Vivo con una tía y mi mamá, y en estos momentos estamos comiendo gracias a su pensión; gastamos en lo básico y yo he podido hacer algunos trabajos para ayudar, pero la situación es muy preocupante. Muchos compañeros y compañeras tienen hijos, ganan el mínimo y ahora ni siquiera tienen eso”, contó María.
Rosa Isela llegó a El Salvador hace 16 años y hace 6 se aventuró con su esposo a impulsar un restaurante, así fue forjando una pequeña empresa que con mucho esfuerzo y dedicación ha dado empleo a 50 personas.
“El Gobierno restringió poco a poco el trabajo en restaurantes y la mayoría de las empresas; en un plazo muy corto ordenó el cierre definitivo, autorizando únicamente servicio a domicilio o para llevar. Eso redujo las ventas en un 90% o 95%, porque nuestro negocio está en una zona turística; además, el Gobierno estableció por decreto que no se podía despedir a los trabajadores, algo que no se ha podido cumplir en muchos lugares”, narró Rosa Isela.
Durante el primer mes, con préstamos que tenían, lograron cubrir la planilla y proveedores, en el segundo mes sólo pudieron con el 50% y mayo se complica; por ello, llegaron a un acuerdo con sus trabajadores fijos (los eventuales no se van a contratar), un primer grupo trabaja la primera quincena y recibe el 50% del salario, y el otro grupo cubre la otra quincena; así al menos todos perciben una parte del dinero.
Así como estos dos casos, muchos trabajadores en El Salvador se enfrentan a grandes dificultades, sobre todo por ser un país marcado por pobreza extrema, donde la gente debe salir a vender y lograr ingresos para la comida de cada día, según contó Sara Loría (nombre ficticio para guardar confidencialidad).
Cuenta que el Gobierno alargó la cuarentena, pero mucha gente la incumplió debido a la necesidad. “En zonas como la capital que es una ciudad tan pequeña con tanta densidad poblacional, cumplir con las medidas de distanciamiento es sumamente complicado, se ve a la gente aglomerada en el mercado o en el centro en el transporte, a pesar de las medidas”.
El Salvador contabiliza 587 contagios y 13 muertes por COVID-19 al 5 de mayo.
Panamá: Una pandemia económica que comenzó antes del COVID-19
En Panamá hay más de 1.000 empresas que han suspendido los contratos de trabajo, así lo confirmó Erubey Villarreal, miembro de la Federación Auténtica de Trabajadores de Panamá (FAT); desde su perspectiva, las medidas que ha impuesto el Gobierno no han dado resultado, debido a la deficiente seguridad social que hay en el país.
“No hay buena salud, la alimentación es cara, la economía está por el suelo, sumado a un alto costo de la vida y salarios muy bajos. El panameño de a pie tiene que salir a buscar la comida, como sea, a pesar de la restricción”, detalló Villarreal.
Aseguró que es muy difícil para la mayoría de la población quedarse en casa y, pese a que el Gobierno da un bono de $80 mensuales, para un hogar de 6 personas (que es la media) se requeriría al menos unos $600 para alimentos, sin contar medicamentos u otros servicios esenciales; y aún así, a una gran parte de la gente no le llega la ayuda gubernamental.
“Muchas empresas han cerrado, otras han suspendidos los contratos; hay un gran número de trabajadores informales o cuentapropistas, extranjeros y otros que no saben cómo harán para subsistir a esta situación. En mi caso, que trabajo para una empresa de la industria alimentaria, nos plantearon reducir las jornadas de 48 a 40 horas semanales, es decir, perder un día semanal de salario o suspender los contratos”.
Panamá suma 7.387 contagios y 203 muertes al 5 de mayo de 2020.
Nicaragua: sin medidas ni transparencia
“La pandemia del COVID-19 ha afectado a todo el globo terráqueo, pero además de ser una emergencia sanitaria es una emergencia económica; lamentablemente en el istmo centroamericano y sobre todo en Nicaragua, donde se han tomado medidas muy débiles, se visibiliza como una catástrofe”, así lo contó a UNIVERSIDAD Javier Núñez, vicepresidente de la Unidad Médica Nicaragüense.
Núñez aseguró que el Gobierno nicaragüense continúa promoviendo aglomeraciones, no se han cerrado escuelas o colegios públicos, ni mucho menos se establecen medidas de distanciamiento social para evitar la propagación del contagio y el colapso de los sistemas de salud.
El especialista tiene claro que esta pandemia supone nefastas consecuencias de salud para las poblaciones en todo el mundo y que Nicaragua está ante un fuerte riesgo; pero también es consciente de que hay un fuerte dilema por el golpe económico que medidas más fuertes pueden significar.
“Nos preguntamos si lo mejor es establecer medidas más livianas, enviando a las personas de riesgo a sus casas y que la población activamente económica salga a trabajar, porque la economía nicaragüense descansa en un 70% en los trabajadores informales, eso nos pone en una encrucijada, es gente que si no trabaja hoy, no come mañana; somos el segundo país más pobre de Latinoamérica”.
Aseguró que no se promueven medidas de higiene, ni el uso de mascarillas o guardar la distancia al menos dos metros, que no hay un plan y es probable que el virus se cobre una gran cantidad de víctimas, dado que “hay secretismo, hermetismo y falta de transparencia en la cantidad de personas que realmente están contaminadas y los contactos que tuvieron”.
Nicaragua registra 15 contagios y 5 muertes por el virus.
Honduras: convulsión ante confinamiento
Roberto Zúñiga y Marco Leiva venden periódicos por la mañana en San Pedro Sula y por la tarde tienen su propio negocio de ventas de abarrotes. Tienen unos 15 años de trabajar en sus puestos; hoy se mantienen en esos puestos, pero ya no venden, sino que piden dinero.
Así lo relató Arturo Nolasco, periodista hondureño, quien contó a UNIVERSIDAD cómo personas como Roberto y Marco han perdido todas las posibilidades de sustentar sus economías. Hoy los clientes que les compraban periódicos les donan dinero o alimentos.
“Así se replica en miles de ciudadanos que no tienen la posibilidad de sustentar a sus familias. En el país no vivimos una gran curva de contagio, más personas han muerto por dengue en el último año y medio, pero existe una gran preocupación, que es la convulsión social, pues la gente se está atreviendo a realizar asaltos por pura supervivencia, es un tema de hambre, de familias que se quedan sin alimento”, relató Nolasco.
Actualmente se han visto en San Pedro Sula y Tegucigalpa asaltos masivos a camiones repartidores de productos, como lácteos, carnes y otros, debido a que el Gobierno ha dictado el confinamiento y cierre total en estas dos ciudades, además de La Ceiba, El Progreso y Las Vegas.
“En Honduras el 70% de la población está ubicado en el comercio informal, son personas que viven del día a día y a casi dos meses de confinamiento es dramático el impacto en la economía, que está sostenida sobre arenas movedizas. No hay economía sostenible, ni el empresariado tiene la solidez para mantener tres o cuatro meses a la gente en sus casas”.
En Honduras ya suman 1.178 contagios y 19 muertes.
