Cen-Cinai tiene solo cuatro funcionarios para atender 268 edificios 

Apenas 4 funcionarios (2 ingenieros civiles, un arquitecto y una dibujante) trabajan en la Unidad de Servicios Generales de la Dirección de Centros de Educación y Nutrición y de Centros Infantiles de Atención Integral (Cen-Cinai), responsable de diseñar, presupuestar, supervisar y hacer las contrataciones para la construcción de los 268 centros -propiedad del Estado-  con que cuenta el país.

El poco recurso humano para ejecutar infraestructura dificulta la mejora de los inmuebles, pues aunque el personal esté comprometido, no da abasto con las necesidades que tienen los Cen-Cinai, por donde transitan a diario más de 151.147 niños y mujeres embarazadas, a quienes se les da cuido y alimentación durante el día y la noche.

“Nosotros tenemos que pensar en la capacidad instalada con la que contamos. Tenemos una unidad pequeña y están haciendo un gran esfuerzo para hacer la mayor cantidad de obras posible”, señaló la directora nacional de Cen-Cinai, Lidia Conejo.

Según Conejo, la unidad requiere de recurso humano para lograr reducir esa brecha y se encuentra buscándolo a través de diversos medios. Para el 2009, apenas se contaba con un ingeniero.

La directora fue enfática al señalar que la unidad ha acumulado un rezago en infraestructura ya que durante muchos años no se hicieron grandes inversiones en las plantas físicas.

En cuanto al presupuesto, la directora señaló que no es una “debilidad”, pues incluso se ha aumentado en los últimos años la partida del Fondo de Desarrollo y Asignaciones Familiares (Fodesaf) destinada para hacer obras; lo que también ha desembocado en mayor cantidad de arreglos y construcciones.

“Nosotros tenemos problemas en nuestra estructura para cubrir necesidades. Hemos venido en un aumento de la obra. Del 2015 al 2018 se invirtieron más de  ₡4.000 millones en obras. En este momento contamos con un presupuesto de ₡2500 millones para este año y algo similar para el 2020”, mencionó.

La jerarca agregó que otra situación que dificulta las mejoras de infraestructura es el corto período presupuestario, pues la entidad debe correr para ejecutar en el plazo dispuesto.

Ante esta “precaria” situación, incluso la Dirección suscribió en el 2013 un convenio con el  Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), el cual permitía que la institución ejecutase infraestructura (construcción).

El convenio fue reestructurado en el 2018, por lo que ahora el MOPT solo se encarga del apoyo en diseño, supervisión y fiscalización de 10 construcciones anuales.

No son del Estado

Además de la pequeña unidad de infraestructura, la Dirección Nacional de Cen-Cinai enfrenta otro problema: la mayoría de los inmuebles que utiliza no son propiedad del Estado.

De acuerdo con un informe de la Dirección Nacional de Cen-Cinai, del total de establecimientos (623), solo 268 son parte del Estado; es decir, en estos se puede intervenir en construcción, reparaciones menores, mayores o remodelación de acuerdo a las necesidades.

Contrario es el caso de los otros 343 terrenos restantes que se encuentran a nombre de personas físicas, entidades privadas, asociaciones, municipalidades e iglesias. La única manera de poder invertir en esos establecimientos es si existe un convenio de uso.

“No tiene nada de malo funcionar en una planta física que no sea nuestra. En la actualidad funcionamos en plantas físicas que no son nuestras. Pero ahora ya existe un convenio legal de uso sobre planta fìsica donde se establecen las condiciones y responsabilidades de cada una de las partes”, señaló.

Por ejemplo, en las propiedades a nombre de las municipalidades, estos entes colaboran con el mantenimiento de las plantas físicas.

“Si el edificio es municipal, ellos tienen autonomía sobre ese inmueble. Tienen sus ingenieros. Si piden acompañamiento se da, pero no los podemos cubrir a todos porque nuestra unidad es muy pequeña. Ellos, desde el Consejo de Distrito, se ponen de acuerdo en necesidades del inmueble, se lleva a Consejo Municipal y se toma decisión de tomar partida específica para hacer una reparación y lo intervienen. Municipalidades van a solventar necesidades que fueron identificadas por el Cen Cinai”, mencionó.

En este caso, se encuentran los Cen-Cinai de San Antonio de Guadalupe y el de Santa Rosa de Santo Domingo de Heredia. El primero ya fue intervenido gracias a las gestiones municipales, mientras que en el segundo fue aprobada una partida para arreglar la planta fìsica.

A esto se suma un convenio suscrito con la Arquidiócesis de San José, el cual permite que la Dirección de Cen-Cinai pueda realizar reparaciones en algunos inmuebles que son propiedad de la Iglesia.

Por otra parte, existen otras propiedades que son “más confusas” en cuanto a propietario, ya que pertenecen a cooperativas o sociedades que ni siquiera existen ahora. Según Conejo, en estas propiedades no se puede demoler ni hacer una reparación mayor, hasta que se haga el traspaso de la propiedad, el cual resulta un trámite “engorroso”.

Según datos de la Dirección Nacional de Cen-Cinai, existen 20 establecimientos que necesitan mejoras en su infraestructura; sin embargo, no pertenecen al Estado, situación que dificulta la intervención.

Conejo aseguró que -en líneas generales- estos centros poseen infraestructura más rezagada que los que forman parte del Estado.

Entre ellos destacan los establecimientos ubicados en Cerro Damas de Puntarenas y el de Liberia de Guanacaste, los cuales requieren una nueva edificación y una remodelación mayor, respectivamente.

A estos se suman los ubicados en Paraíso de Talamanca, Puerto Viejo de Talamanca, Liverpool, Barra de Colorado y Barra de Parismina, entre otros.

Para paliar el déficit en infraestructura, en el 2018 la Dirección abrió un fondo de  ₡200 millones para atender emergencias. “Eso lo hicimos principalmente para cuando los centros tienen una urgencia, órdenes sanitarias, o han sufrido los estragos de los temblores y las lluvias. Nos permite cubrir necesidades de manera inmediata”, mencionó la directora.

Traslado de presupuesto

El pasado 5 de junio, los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, increparon a la directora nacional de Cen-Cinai, Lidia Conejo, quien en días anteriores había pedido a la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, redirigir un sobrante de ₡1.048 millones al Ministerio de Salud para el pago de servicios de seguridad y limpieza.

En esa ocasión, Conejo señaló que ese sobrante no era necesario para que se diera el buen funcionamiento del servicio, pues los rubros de la institución ya estaban cubiertos e incluso las metas propuestas en el Plan Nacional de Desarrollo se habían cumplido.

Los diputados criticaron el traslado del presupuesto y aseguraron que existían establecimientos con serias necesidades de infraestructura.

Tras las críticas, la directora del Cen-Cinai aseguró que sí habían necesidades; sin embargo, la Unidad de Servicios Generales (encargada de realizar infraestructura) no tenía la capacidad necesaria para ejecutar el dinero.

Por su parte, el ministro de Salud, Daniel Salas, recalcó que si el dinero no era utilizado para pagar el contrato de seguridad y limpieza, entonces quedaría en Caja Única del Estado.

“Si no se aprueban para los fines que el Ministerio lo planteó, quedarían en Caja Única, porque ya Cen-Cinai ha cubierto todas las necesidades que tenía programadas y estaría en su capacidad máxima de ejecución de acuerdo a su capacidad instalada”, mencionó Salas.

El diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), Gustavo Viales, criticó el traslado y aseguró que los Cen-Cinai sí tenían necesidades, razón por la cual el dinero debía ser restituido y no trasladado al Ministerio de Salud.

“En términos generales, yo he recibido quejas y visitado centros en los que la infraestructura no es apropiada. Yo visité los de Ciudad Neilly, Pérez Zeledón y las infraestructuras eran deplorables. No pueden recibir a todos los niños por estas dificultades”, mencionó Viales.

“Yo creo que la niñez no puede pagar la ineficiencia administrativa; es decir, el hecho de no tener la capacidad de ejecutar, no quiere decir que ya tenga resuelto el problema de infraestructura. Más bien, ella (la directora) debería estar buscando alternativas legales y administrativas para hacer fideicomiso y atender esos centros. No echarse para atrasar y decir que se está bien”, añadió.

A las críticas se sumó la liberacionista Ana Lucía Delgado, quien destacó que estos recursos no pueden ser trasladados, de acuerdo con una prohibición estipulada en el  artículo 10 de la Ley 8.809, la cual establece la creación de la Dirección Nacional de Cen-Cinai.