El presidente Ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), Álvaro Ramos, rechazó la redacción de un proyecto de ley que permite que un criterio de la Superintendencia de Pensiones (Supen) obligue a la Caja a despedir su Gerente de Pensiones.
Posteriormente, el Director Jurídico, Gilberth Alfaro, también acusó que existe el riesgo de “vaciar” la autonomía constitucional de la Caja, por lo que se pidió que el criterio de la Supen no sea “vinculante”, ni de “carácter obligatorio” para la Junta Directiva.
El proyecto de ley 22.760, Ley de idoneidad y experiencia en la gestión de fondos y operadoras de pensiones, establece un cambio a la Ley Constitutiva de la CCSS para que la Supen emita un informe sobre los regímenes de pensiones de la institución pública.
La Junta Directiva de la CCSS deberá ver el resultado de la evaluación de Supen y el Comité de Vigilancia de los fondos de las pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM). El proyecto afirma que el órgano máximo de la Caja “está obligada a conocerla en un plazo máximo de treinta días hábiles”. Así fue propuesto por la exdiputada de Liberación Nacional, Yorleny León, actual Ministra de Desarrollo y presidenta del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).
No obstante, una redacción posterior también dice que “La Junta podrá fundamentarse en estas evaluaciones para remover el gerente de Pensiones y deberá adoptar medidas correctivas para adecuar la gestión del régimen y garantizar su sostenibilidad en el tiempo, en caso de que sean recomendadas”, como parte de esa reforma al artículo 39 de la Ley Constitutiva de la CCSS.
El uso de la palabra “deberá” es lo que causó la preocupación del Presidente de la CCSS. Ramos aconsejó modificarlo por un verbo diferente, que no obligue a la Caja a seguir las instrucciones de la Supen.
“Mantenerlo en un ‘deberá’ pueden implicar que se deben acoger tal cual las recomendaciones de la Superintendencia de Pensiones, sin que pasen por un proceso de valoración de la Junta Directiva”, dijo Ramos en una audiencia de la Comisión de Sociales.
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De aprobarse, el expediente modificaría la integración de las juntas de pensiones y daría a la Superintendencia de Pensiones (Supen) una mano en su elección.
La diputada Johana Obando del Partido Liberal Progresista pidió claridad sobre si esa redacción intervenía la autonomía de la CCSS, garantizada de forma constitucional.
“El proyecto no presenta roces de constitucionalidad pero sí creemos importante el señalamiento que hizo el señor Presidente (…) Si hay un tema en el que la institución tiene autonomía es entorno al régimen del IVM. Si una recomendación tiene el carácter de que deberá acatarse por la Junta Directiva, se vacía de contenido la autonomía establecida para la Caja”, respondió Gilberth Alfaro, director Jurídico de la Caja.
La frenteamplista Priscilla Vindas también cuestionó la forma en la que el proyecto de ley sustituye la evaluación del régimen de pensiones a una evaluación personalizada “para remover el gerente”.
Sobre este tema, el presidente de la Caja no respondió directamente la pregunta. Por otro lado, apoyó que la Junta Directiva tenga la obligación de ver las recomendaciones de la Supen y el Comité de Vigilancia.
Ramos aseguró que, desde su anterior puesto como superintendente de Supen, conoció “periodos prolongados” en los que la Junta Directiva evitaba conocer el informe.
“El plazo sí tiene sentido, en el tanto no estamos obligando a la Junta a actuar sobre el informe, pero que mínimo lo conozca y lo valore. Creo que es importante que no pueda haber un juego de nunca siquiera ver el informe, eso atenta contra la transparencia que los costarricenses esperan del Estado”, aseguró Ramos.
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