El estricto rol que aplica la Sala de Casación Penal para asignar los casos que recibe entre sus distintos magistrados se alteró al llegar un recurso de casación presentado por el Movimiento Libertario, luego de que el partido fue condenado por estafar al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
Según la rutina preestablecida, el tema le tocaba por secuencia al juez número dos (José Manuel Arroyo o su suplente), pero el caso terminó en manos del juez número tres: Celso Gamboa Sánchez. El cambio no fue inscrito en el sistema de cómputo como ocurre habitualmente.
Debido a la irregularidad con el cambio de magistrado, la presidenta de la Sala Tercera, Doris Arias, trasladó el caso a la Inspección Judicial este lunes 13 de noviembre, según confirmó ante una consulta de UNIVERSIDAD.
La magistrada Arias se percató de lo sucedido luego de que, el pasado 27 de octubre, el letrado de la Sala Tercera, Jeffrey Gonzaga, le presentó un informe en el que detallaba el camino que había recorrido este expediente.
El caso se relaciona con la condena que en octubre del 2015 recibió el Movimiento Libertario, por estafar al TSE con capacitaciones ficticias. En ese momento, fueron sentenciados a prisión el exdiputado y vicepresidente del Movimiento Libertario, Ronaldo Alfaro; el excontador, Róger Segura; y el exsecretario de Capacitación, Carlos Solano.
Además, el Tribunal condenó al Movimiento Libertario a pagar ¢309 millones del monto estafado, los intereses y las costas de la acción civil resarcitoria y del proceso judicial.
Posteriormente, el Tribunal de Apelación de Sentencia de Goicoechea confirmó la culpabilidad, pero ordenó un nuevo juicio para que se reconsideren las penas de prisión. Ese nuevo debate no se ha realizado.
El Movimiento Libertario presentó un recurso de casación, cuyo trámite dentro de la Sala Tercera es hoy objeto de investigación por las irregularidades que al parecer se presentaron.
El caso sobre el cambio de magistrado todavía no ha sido puesto en conocimiento de la Corte Plena.
Cambio de manos
El Movimiento Libertario presentó el recurso de casación el 25 de agosto del 2016, según informaron la Procuraduría General de la República (PGR), la cual representa al Estado en este caso, y el Ministerio Público.
A la Sala Tercera el caso ingresó el 13 de setiembre de ese año, informó la presidenta, Doris Arias.
Arias explicó que el procedimiento que se sigue es que al expediente lo recibe el secretario de la Sala y hace un análisis sobre si hay prisiones preventivas, inhibitorias, entre otros aspectos.
En todos los casos, el presidente de la Sala Tercera instruye el caso para determinar la admisibilidad del mismo. En aquel momento, ese órgano era presidido por el actual jerarca del Poder Judicial, Carlos Chinchilla.
El 22 de marzo del 2017, la Sala Tercera resolvió que el recurso es “admisible” para ser estudiado por el fondo. En esa votación participaron Jesús Ramírez, Celso Gamboa, Carlos Chinchilla, Doris Arias y el suplente Jorge Enrique Desanti.
A partir de entonces, según el rol preestablecido, el caso debió ser asumido por el juez número 2; es decir, por un suplente en la plaza que dejó el magistrado Arroyo, quien se jubiló en diciembre del 2016. El letrado encargado era Jeffrey Gonzaga.
“Para mí ese rol es estricto y la gente sabe que el rol no se puede cambiar porque eso tiene que ver con el juez natural”, resaltó Arias.
Sin embargo, algo sucedió después de que el proyecto fue admitido, porque el análisis del fondo del caso lo asumió el magistrado Celso Gamboa, quien ocupaba la posición número 3.
En mayo, cuando empezó a trabajarse en el borrador de la sentencia, Gonzaga estaba fuera del Poder Judicial por razones de estudio.
En ese periodo, el proyecto de sentencia fue redactado por Lennis Astúa, una letrada suplente quien también es fiscal en el Ministerio Público, en donde trabajó con Celso Gamboa cuando él era fiscal en Limón.
Astúa dijo a UNIVERSIDAD que, cuando ella llegó a hacer la suplencia como letrada, el proyecto ya estaba asignado a Gamboa y que ella le entregó el proyecto de sentencia.
“Es toda la información que le puedo dar”, dijo la funcionaria.
Desde el 1º de setiembre, el borrador elaborado por Astúa, bajo la coordinación de Gamboa, se llevó a votación en la Sala; no obstante, en dos ocasiones se retiró debido a observaciones y discusiones de los magistrados, detalló la presidenta, Doris Arias.
La magistrada expresó: “Nosotros no sabíamos que ese cambio se había producido, de un magistrado a otro. Nosotros nunca nos dimos cuenta de que eso había pasado, hasta que don Jeffrey me lo advierte”.
Tras enterarse, Arias ordenó que en el sistema de gestión se anotara el cambio de magistrado instructor que se dio, según afirmó.
El recurso de casación todavía no ha sido resuelto por la Sala Tercera.
Debido a que Celso Gamboa fue suspendido del cargo el 18 de octubre -mientras se le investiga por su relación con el empresario Juan Carlos Bolaños-, mediante sorteo se eligió al suplente Rafael Segura Bonilla, quien actualmente instruye la causa.
UNIVERSIDAD buscó al magistrado Gamboa para consultarle sobre estos hechos, pero no respondió las llamadas hechas a su teléfono celular.
La magistrada Arias declinó dar más detalles sobre lo resuelto en el primer borrador debido a que es información privada por ser parte de la etapa de deliberación.
Monto millonario
De acuerdo con la información que brindaron, tanto la Procuraduría General de la República (PGR) como el Ministerio Público, el presidente del Movimiento Libertario, Danilo Cubero, presentó el recurso de casación, en el cual alegó, sobre la condenatoria civil, “que no existió perjuicio económico y que por lo tanto no se configuró el delito de estafa”.
Cubero dijo a UNIVERSIDAD que no recordaba con detalle lo argumentado y que debía revisarlo con el abogado porque ya había pasado mucho tiempo.
La Procuraduría y la Fiscalía consideraron que la resolución de admisibilidad se dio a pesar de que el recurso no se adecuaba a los criterios que ha venido aplicando la Sala Tercera.
Ambas entidades reiteraron que sí está demostrado que existió un perjuicio económico para el Estado.
La PGR reprochó el tiempo que ha tardado este caso en ser resuelto.
La Fiscalía, por su parte, reveló que el pasado 26 de octubre solicitó conocer la identidad del magistrado instructor titular encargado de resolver el recurso de casación y presentó una gestión para “urgir la resolución del caso”.
Otras causas de Gamboa
Este lunes 13 de noviembre, la Corte Plena abrió dos causas disciplinarias al magistrado Gamboa. En una se investiga si durante un viaje oficial en México el juez se encontraba en estado de ebriedad en un aeropuerto.
En otro de los procesos de indagará una denuncia de la jefa de prensa del Ministerio Público, quien afirmó que Gamboa intervino en una causa para borrar a Johnny Araya, alcalde de San José, y entonces candidato presidencial del Partido Liberación Nacional (PLN), de un expediente judicial en donde se le investigaba por un supuesto delito de influencia contra la hacienda pública, según publicó este lunes el periódico La Nación.
Gamboa también habría intervenido en procedimientos judiciales en los que se investigaban al alcalde de Alajuela, Roberto Thompson (PLN); y al de San Carlos, Alfredo Córdoba (PLN).
Además, a Gamboa se le indaga tanto en la vía disciplinaria como penal por un viaje que realizó el año pasado a Panamá con el empresario importador de cemento chino, Juan Carlos Bolaños, quien actualmente está detenido como sospechoso de tráfico de influencias.
El magistrado también había acompañado a Bolaños a realizar gestiones en la Fiscalía.
