Catalina Crespo Sancho dejó en la noche de este lunes el cargo que por cuatro años ejerció como cabeza de la Defensoría de los Habitantes en medio de conflictos y tensiones, mientras en la Asamblea Legislativa se activa la discusión sobre el perfil de la persona que la sustituirá, con una lista preliminar de cuatro nombres.
El período para el que Crespo fue electa en 2018 se venció finalmente este lunes 12 de diciembre, como reseñó la ahora exdefensora en un video de 35 minutos difundido en su cuenta de Instagram, en el que recogió lo que considera son sus logros y obstáculos que enfrentó.
Crespo deja el cargo después de intentos de grupos políticos y organizaciones de derechos humanos de forzar su sustitución antes del vencimiento del período, pero Crespo contó siempre con el apoyo de sectores conservadores que ayudaron a sostenerla, como es el caso de Gloria Navas, quien la defendió primero como abogada y luego como legisladora.
El llamado para dar continuidad a la gestión de Crespo era Mario Zamora, exministro de Seguridad que fue asesor principal y jefe de despacho, aunque días atrás avisó que desistía de la candidatura por motivos que solo calificó como “personales”. En conversación con este semanario dijo que evite incidir en el proceso y que ahora goza de un permiso de seis meses sin goce de salario en sus funciones como funcionario de la Defensoría.
“Soy respetuoso de lo que hagan los diputados”, dijo Zamora, quien calificó como falsos los rumores sobre una posible alianza con el candidato Erick Ulate, abogado que forma parte del cuarteto sugerido por la Comisión de Nombramientos. Ulate ha sido rostro de una organización privada llamada Consumidores de Costa Rica, designado por el gobierno de Rodrigo Chaves como miembro del Consejo de Transporte Público (CTP) y figura frecuente en conferencias de prensa del mandatario, a quien elogia.
Ulate ha sido socio en Consumidores de Costa Rica de Gilberto Campos, actual diputado por el Partido Liberal Progresista (PLP) y recibió el apoyo en la comisión de nombramientos de parte de la diputada Gloria Navas.
Los otros nombres de la nómina son el del exdefensor José Manuel Echandi, el de la exministra de Salud Daisy Corrales y el de Laura Arguedas, que fue candidata a la vicepresidencia de la República en 2022 con el Partido Liberación Nacional (PLN), cuya fracción ya anunció el respaldo.
Arguedas sin embargo, recibe un fuerte rechazo de grupos conservadores que la acusan de provenir del PLN y de impulsar una agenda de derechos humanos limitada a temas que resultan opuestos a los planteamientos tradicionales, específicamente en las libertades de la población no heterosexual.
Diputados de Nueva República fueron enfáticos en que se oponen a Laura Arguedas, como lo ha dejado claro Fabricio Alvarado: “Las razones son obvias: el puesto de Defensor de los Habitantes es para alguien que proteja a todos los habitantes, y no para alguien casado con un sector específico. Y más importante, no es un puesto que debamos politizar”.
Antonio Ortega, diputado de Frente Amplio, dijo que su bancada no tiene aún decantado el apoyo para alguna de las cuatro personas propuestas por la comisión de Nombramientos. Sin embargo, expresó objeciones contra Erick Ulate, a quien le cobran haber formado parte del PLP en Sarapiquí, cantón al que no pertenece, por hacer un favor a su amigo Campos, ahora diputado.
Además, Ulate ha sido cuestionado por sus decisiones dentro del CTP en favor de empresarios autobuseros, ha señalado el diputado Ortega. “Nos preocupa que hasta ahora otros diputados que lo apoyan no hayan reaccionado a estas informaciones”, dijo el legislador frenteamplista.
La elección de defensor o defensora de los Habitantes se determina con mayoría simple, lo que haría suficiente para cualquier candidatura recibir la mitad más uno de los votos que se emitan en las curules ocupadas en ese momento.
Esa votación, sin embargo, no se puede dar todavía, pues se está en espera de que lleguen los dictámenes de la Comisión de Nombramientos, para lo cual falta el informe de minoría que emitirá Frente Amplio. “Tengo hasta ocho días, aunque esto puede enojar a algunos diputados que quieren que esto se vote ya”, dijo.
La Defensoría de los Habitantes, es una institución que operan con autonomía bajo el marco del Poder Legislativo y que asume como función general “velar por que las acciones del sector público se ajusten al ordenamiento jurídico y la moral, de forma tal que los derechos e intereses de los habitantes siempre estén protegidos”, se lee en su sitió oficial.
