El Poder Judicial busca poner en marcha un plan piloto que eventualmente podría dar paso a la presentación de un proyecto de ley que permita que las niñas, adolescentes y mujeres víctimas de agresiones sexuales tengan un mejor acceso a la justicia, entre otras medidas con una mejor disposición de asesoría legal.
Esta mañana, durante la sesión de Corte Plena, las magistradas y magistrados escucharon un informe ofrecido por la magistrada Roxana Chacón y la funcionaria Janeth Arias, respecto a un detallado trabajo de recopilación estadística llevado a cabo por la Comisión de Género y Secretaría de Género del Poder Judicial, sobre los procesos penales por la ley de penalización de violencia contra las mujeres.
Entre otras cosas, detallaron que este tipo de causas pueden durar entre cinco y seis años en resolverse, lo cual incide directamente en la posibilidad de las víctimas de llevar a cabo el proceso.
Del mismo modo, la magistrada Chacón dijo que ello se suma a que en muchas ocasiones, el agresor está dentro del propio hogar de las víctimas o es cercano a la familia, lo que incide en que se ejerza “mucha presión para que las niñas, adolescentes y mujeres desistan del proceso”.
Ello es grave pues la magistrada explicó que la declaración de la víctima en un juicio es “fundamental” para probar los hechos y lograr una sentencia condenatoria. Al respecto, la funcionaria Arias detalló que de todas las denuncias por infracciones a esa ley, durante 2020 un 68,76% terminó en desestimación y un 15,34% sobreseimiento.
“Nudos críticos”
Por ello, la magistrada fue enfática en que se requiere “buscar mecanismos para dar garantía a las víctimas de este tipo de delitos de una justicia pronta y cumplida”.
Entre los principales problemas a afrontar, o “nudos críticos” mencionaron la falta de capacitaciones del personal que atiende estos delitos, así como la falta de asesoría legal para las víctimas.
Por todo ello, la magistrada Chacón detalló que la recopilación estadística es apenas una primera etapa del trabajo y que la segunda requiere el apoyo institucional para “emprender acciones para la reparación total del proceso penal y dar mayor garantía a las víctimas”.
Por ello se plantea el plan piloto para trabajar en las provincias con más denuncias y eventualmente se presentará un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa, con el fin de garantizar al menos esa posibilidad de representación legal que defienda el interés de las víctimas.
