El caso “Beatriz y otros vs. el Estado de El Salvador” que se debatirá en la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) esta semana, pinta un cuadro desgarrador sobre las leyes antiaborto, sus efectos sobre la vida de las mujeres (y otras personas que puedan gestar) y la de sus familias en Centroamérica.
La demanda contra el Estado salvadoreño, que inició la joven y hoy continúa su familia, por negarle acceso a un aborto que —según los profesionales en salud— era necesario para proteger su vida, podría resultar en avances significativos en materia de derechos sexuales y reproductivos para toda la región.
Beatriz creció y vivió toda su vida en Jiquilisco, en el departamento de Usulután, el tercero con mayor tasa de pobreza extrema en el vecino país.
“Si reconociéramos y sintiéramos el dolor de otras personas, creo que tendríamos otra mirada y, quizás, nos uniríamos en esto que es una lucha por la justicia”, indicó Humberto, hermano de Beatriz
A los 18 años, cuenta su hermano Humberto (de quien nos reservamos el apellido a solicitud de la familia), le diagnosticaron lupus, nefropatía lúpica y artritis reumatoidea, dos complicaciones asociadas a la enfermedad.
El lupus, explica la médica Claudia Martínez, es una condición autoinmune crónica que por lo general es degenerativa. La enfermedad, dice, hace que el mismo sistema de defensa ataque al cuerpo y genere anticuerpos que pueden afectar diferentes órganos.
A los 20 años, Beatriz quedó embarazada por primera vez y el proceso fue sumamente difícil: enfrentó diversas complicaciones de salud, por lo que tuvo que estar internada la mayor parte del embarazo y su hijo nació a las 38 semanas, con un pronóstico complejo que afortunadamente logró sobrepasar.
Segundo embarazo fue la sentencia de muerte
Humberto cuenta que los médicos le advirtieron a su hermana que era mejor si no tenía otro embarazo, pues su salud se vería comprometida. Eso sí, él señala que en una región tan pobre y tan rural, no hay educación sexual y el acceso a métodos anticonceptivos es escaso, al tiempo que los roles de género dificultan la posibilidad real de que una mujer decida si se embaraza.
Pocos meses después, Beatriz acudió al médico para consultar síntomas que estaba padeciendo. Fue entonces que le diagnosticaron un segundo embarazo y le informaron además que el feto dentro de ella estaba creciendo sin cráneo ni cerebro (anencefalia) por lo que de llegar a nacer, no sobreviviría.
Claudia Martínez, ginecóloga y consultora en salud sexual y reproductiva de IPAS Latinoamérica y El Caribe, detalla que los embarazos en mujeres con lupus incrementan el riesgo de trombosis, preeclampsia (hipertensión agravada), eclampsia (convulsiones generalizadas) afectaciones a los riñones, el cerebro y muchos otros peligros.
“Cuando se presentan estas circunstancias donde hay un riesgo de peligro para la salud o un daño a un órgano, la indicación es hacer una interrupción segura del embarazo”, explicó la especialista.
Entendiendo su situación, Beatriz intentó acceder a un aborto terapéutico, pero El Salvador es uno de los cinco países de América Latina y el Caribe donde el aborto está prohibido en cualquier circunstancia, de modo que fue forzada a continuar con el proceso de gestación.
Acompañada por varias organizaciones, interpuso un reclamo ante la Sala Constitucional —que fue rechazado— y otro ante la Corte IDH, que finalmente forzó a las autoridades en salud a practicarle una cesárea adelantada, 91 días después de que hizo la primera solicitud. El feto murió pocas horas después del nacimiento, tal y como habían pronosticado los médicos, pero la salud de Beatriz nunca se recuperó.
Unos años después, tras un leve accidente de motocicleta, Beatriz fue internada y falleció, pues su cuerpo no resistió a causa de que su salud estaba comprometida, especialmente por lo sucedido durante su segundo embarazo, cuenta Humberto.
“Mi hermana quería vivir, pero las leyes la obligaron a continuar con un embarazo que ni siquiera era viable, que no tenía sentido”, dice.
Ahora, Humberto y sus padres cargan el peso de representar ante la Corte IDH la lucha de la joven y, en honor a su memoria, esperan sentar un precedente para “que ninguna otra mujer tenga que sufrir lo que Beatriz sufrió”.
Una lucha por la justicia
Humberto afirma que para él es importante continuar el camino que Beatriz empezó pues quiere justicia para ella, pero también para su familia, que no solamente ha tenido que soportar el dolor de la pérdida y asumir la crianza del niño que quedó huérfano, sino que ha tenido que enfrentar señalamientos “sin sentido”.
“Yo espero que la Corte reconozca que lo que pasó, pasó. Hay algunos que dicen que ella murió de otra cosa, que no tuvo que ver ese embarazo y lo que le hicieron a ella, pero nosotros sabemos cómo fueron las cosas”, dice Humberto.
Así, dice, hay quienes les acusan de manipular lo sucedido para hacer avanzar los derechos sexuales y reproductivos. Tal es el caso del diputado ultraconservador costarricense Fabricio Alvarado, quien dijo que este es “un caso fabricado por las organizaciones abortistas para obligar a los Estados a legalizar el aborto”.
Sobre esos señalamientos y críticas sobre su lucha y la de su familia en favor del derecho a decidir, Humberto dice que “a veces cuando vos no estás en los zapatos de la otra persona es fácil no sentir nada, no entender, pero si reconociéramos y sintiéramos el dolor de otras personas, creo que tendríamos otra mirada y, quizás, nos uniríamos en esto que es una lucha por la justicia”.
El joven aspira a que se haga justicia sobre la muerte de su hermana y la responsabilidad del Estado salvadoreño en ella, pero también espera que el caso abra camino para que su país, así como los demás países de la región, tengan que garantizar los procedimientos necesarios para salvaguardar la vida y la salud de otras mujeres, pues no quiere que otras familias sufran lo que ellos han padecido.
Claudia Martínez afirma que la prohibición del aborto en todo caso tiene impactos negativos en la vida y en la salud de las mujeres. La médica explica que una mujer en etapa reproductiva puede tener abortos espontáneos, que no pueden atenderse pues los profesionales en salud tienen temor de ser criminalizados.
“En El Salvador más o menos un 11% de las mujeres que han cursado con una situación de aborto, lamentablemente han fallecido”, afirma la ginecóloga, y detalla que esta estadística suele ser mucho más baja en lugares donde esos procesos pueden tratarse correctamente y sin temor.
Además, asegura que la legalización de las interrupciones permite a las mujeres decidir “de manera informada, libre y autónoma sobre su cuerpo” de modo que no buscan procedimientos clandestinos que son sumamente inseguros.
“Las situaciones por las que se necesita realizar una interrupción pueden ser muy diversas, pueden ser sociales, económicas, por temas de salud, pueden ser por malformaciones fetales que son incompatibles con la vida, pueden ser por un tema de salud mental y todas estas opciones son válidas en el momento que una mujer toma una decisión reproductiva”, dice Martínez.
Las audiencias ante la Corte IDH serán este miércoles 22 y jueves 23 de marzo. A esto seguirá un plazo de análisis de la evidencia y deliberación, por lo que se espera que la sentencia del caso esté lista cerca de finales del presente año.
