Alrededor de 500 clientes que invirtieron $200 millones en proyectos inmobiliarios organizados por Aldesa Corporación de Inversiones corren el riesgo de perder su dinero debido a que se arriesgaron a invertirlo privadamente, esto es, sin que tales proyectos se encontrasen regulados y supervisados por las leyes de la intermediación financiera y las superintendencias respectivas.
Dos de estas entidades, la Superintendencia General de Valores (Sugeval) y la Superintendencia de Entidades Financieras (Sugef), se desmarcaron de cualquier responsabilidad en lo ocurrido. Ambas rgumentaron que el ordenamiento legal no les obliga a intervenir en operaciones privadas de captación de recursos financieros y que la realizada por Aldesa Corporación de Inversiones no califica legalmente como intermediación financiera.
María Lucía Fernández, responsable de la Sugeval, lo hizo en la conferencia de prensa que convocó el 8 de marzo recién pasado, en la cual, acompañada del director general de la Bolsa Nacional de Valores, José Rafael Brenes, confirmó que la situación de Aldesa era problemática; pero aclaró que era un asunto en el cual esa superintendencia no podía intervenir.
Así comenzó el delineamiento de una zona gris en la legislación vigente que regula la intermediación financiera y que le permitió a Aldesa Corporación de Inversiones hacer negocios desde 1991 con dinero captado al público. Lo hizo no solo mediante subsidiarias supervisadas, como Aldesa Puesto de Bolsa, Aldesa Sociedad de Fondos de Inversión y otras, sino también de un modo directo, pero privado y, por lo tanto, sin regulación ni supervisión, para desarrollar proyectos inmobiliarios.
“Lo primero que quiero aclararles es la importancia que tiene la supervisión regulada. Lo recalco porque resulta a veces que la línea divisoria se da entre aquellos sujetos financieros no regulados que salen del ámbito de supervisión de la Sugeval. Los inversionistas tienen que reconocer la importancia que tiene la regulación y la supervisión para que podamos ejercer, en el caso de la Sugeval, una adecuada protección”, dijo Fernández en aquella conferencia.
“Adicionalmente, esto nos lleva a que, cuando hay sujetos no regulados, la Sugeval no tiene capacidad ni acción ni la habilitación legal para interferir en sus negocios”, agregó.
Dado lo anterior, buscamos la opinión del economista Bernardo Alfaro, encargado de la Sugef, sobre la prohibición explícita que establece la Ley Orgánica del Banco Central, No. 7558, de que entidades no reguladas ni supervisadas capten dinero del público para su intermediación y la orden de aplicarles las sanciones que establece.
Sin embargo, Alfaro consideró que la captación de dinero por Aldesa Corporación de Inversiones no calificaba como intermediación financiera porque no reunía uno de los cuatro elementos que, según esa ley, la constituyen.
Este elemento, presuntamente ausente, es que la empresa no asumía la entera responsabilidad por el dinero captado, sino que el riesgo total era asumido por los inversionistas privados, quienes “al parecer tenían conocimiento que estaban invirtiendo en proyectos inmobiliarios”, dijo (ver: “Aldesa podía no estar asumiendo responsabilidad sobre esos dineros”).
Por su parte, Aldesa Corporación de Inversiones, por medio de su presidente, el exministro de Obras Públicas y Transportes y empresario, Javier Chaves, alegó que su representada tiene 28 años de realizar este tipo de negocios, de modo que hoy no se puede reclamar que sea ilegal.
Consultado sobre si su compañía abusó de la confianza de las personas que invirtieron cuando les ofreció, mediante su puesto de bolsa -que sí estaba regulado-, poner su dinero en proyectos de Aldesa Corporación de Inversiones –que no estaba regulada-, respondió que “es una práctica común en el sistema que los puestos de bolsa ofrezcan sus propios productos a sus inversionistas. Por ejemplo, sus propios fondos de inversión o inversiones en su propio grupo financiero” (ver: “La oferta de emisiones no inscritas por parte de los puestos de bolsa es una actividad lícita”).
El mismo 8 de marzo, Chaves dio a conocer que solicitó la intervención del Juzgado Concursal del I Circuito de San José, con el fin de que le apruebe un plan que contempla la suspensión de pagos de Aldesa Corporación de Inversiones a sus acreedores por un plazo de tres años y con menores tasas de interés a quienes invirtieron en proyectos inmobiliarios de naturaleza privada.
Como parte del plan, Chaves anunció el cierre de Aldesa Puesto de Bolsa y el despido de 53 personas empleadas. Además, afirmó que la custodia del dinero invertido mediante el cerrado puesto de bolsa se trasladará al Puesto de Bolsa Inversiones SAMA.
El objetivo del plan sería proseguir durante esos tres años con los proyectos inmobiliarios en curso, sanear las finanzas, retomar la liquidez y proceder entonces a pagar a acreedores e inversionistas.
De todos modos, lo ocurrido con la que parecía ser una empresa sólida puso a correr a la Sugeval. El 13 de marzo suspendió temporalmente la negociación de títulos del Fondo de Inversión de Desarrollo de Proyectos Monte del Barco, administrado por Aldesa Sociedad de Fondos de Inversión; es decir, por una subsidiaria que sí está supervisada.
Lo hizo porque, luego de revisar los estados financieros del año 2018, el auditor externo del proyecto, la firma Crowe Horwatch, prefirió “no emitir una opinión”.
Esta abstención de opinión “constituye información relevante para que los inversionistas actuales y potenciales de dicho fondo puedan incorporar esta información en su proceso de toma de decisiones”, dijo la Sugeval en un comunicado difundido la tarde del día siguiente.
El proyecto Monte del Barco está diseñado para desarrollarse en una concesión del Polo Turístico Golfo de Papagayo, en Guanacaste, pero ha enfrentado una serie de tropiezos.
En abril de 2016, UNIVERSIDAD dio a conocer que Aldesa Corporación de Inversiones recurrió al hoy cerrado bufete panameño Mossack Fonseca para captar dinero de inversionistas costarricenses mediante una empresa creada en ese país, con el fin de financiar ese proyecto.
En los Papeles de Panamá aparece la lista de las numerosas personas físicas y jurídicas costarricenses que se involucraron en el proyecto, así como los montos que habrían aportado, para un total de $8 millones.
