“Hoy ante este Congreso está un acuerdo negociado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que es la vacuna para la estabilidad que necesitamos (…) No avanzar en esta agenda es el riesgo más inminente y grave que se cierne sobre Costa Rica”.
Así fijó la prioridad inmediata el presidente Carlos Alvarado en su último informe anual de labores que rinde ante los actuales diputados, en un mensaje que mezcló las dificultades de la pandemia en los últimos doce meses y las urgencias económicas urgentes de resolver.
Tras destacar los esfuerzos para cubrir la emergencia sanitaria sin descuidar la inversión pública en otros sectores, el mandatario pidió a los diputados acelerar los trámites de los proyectos vinculados al acuerdo anunciado en enero con el FMI.
Su mensaje lo leyó en el nuevo plenario legislativo, en la primera vez en que la sesión solemne anual se realiza en las instalaciones inauguradas para la Asamblea Legislativa en febrero pasado.
“Es crítico para este Gobierno, pero principalmente para el próximo, que este acuerdo se apruebe con los alcances que requiere. De no ser así, el próximo Gobierno entrará en su primer año en un terreno enlodado, teniendo que arreglar problemas que hoy podemos y debemos dejar solucionados”, añadió el mandatario.
Esto lo dijo antes de dedicar la última parte de su discurso a la necesidad de sanear las finanzas para mantener el Estado Social de Derecho, a pesar de las presiones de intereses particulares, incluso de sus sindicatos, como mencionó en el caso de Japdeva.
Al mencionar el acuerdo con el FMI, que ofrecería créditos por $1.750 millones y obligaría a un programa de reducción del gasto público, Alvarado se refirió a la lista de expedientes que discuten los diputados y que son esenciales para cumplir los compromisos con el organismo financiero.
Lo dice sabiendo que sectores diversos critican múltiples aspectos de esa agenda, sobre todo en el proyecto considerado fundamental de Empleo Público. Esos señalamientos vienen también de diputados opositores y hasta oficialistas, y se prevé continúen ahora que comienza una nueva legislatura bajo la conducción de un directorio formado por opositores.
De hecho, la nueva presidenta legislativa, Silvia Hernández, hizo explícitas algunas de las críticas, sobre todo por lo que considera es una escasa claridad y transparencia de parte del Ejecutivo. “La falta de claridad que tiene su Administración para iniciar con la reactivación de nuestra economía afecta de manera directa y especial a los grupos más vulnerables de la población, a aquellos a los que el Estado debería estar enfocado a atender”, le dijo.
Alvarado, sin embargo, dice que sabe a qué se atiene: “no nos escudaremos en el discurso de la ingobernabilidad (…) Aún en el debate acalorado y con madurez hemos reconocido que la única forma de avanzar es la sinergia entre el Legislativo y el Ejecutivo. Se pudo haber escogido otra ruta, pero tendríamos tres años de paralización”, agregó.
Por eso insiste: “pude haber evitado el costo político de enfrentar de lleno este tema en el último año de mi Administración, pero ese cálculo no lo hago ni lo haré, porque sería traicionar al país”.
Alvarado acudió al recurso de involucrar a las fuerzas políticas que aspiran a ganar las elecciones de febrero del 2022 y al trabajo que tienen en frente: “adelanto que para cumplir las metas, la próxima Administración deberá seguir en la ruta de rigurosidad de la hacienda pública y clara priorización de su agenda. No hay margen para tanteos, indisciplina o despilfarros”.
Alvarado reconoció las circunstancias del multipartidismo y lo enfocó más como un factor político que como un problema: “el pueblo por medio de su voto conformó la estructura partidaria del Poder Legislativo y una cabeza en el Ejecutivo. Sensibles y respetuosos a esa decisión del pueblo, hemos actuado. Estos conceptos son la interpretación de la etapa que vive nuestra democracia. El multipartidismo que prevalece ya hace dos décadas, nos tiene que hacer madurar y entender la gobernanza en cohabitación”.
Sí mencionó la posibilidad de que esta dinámica política requiera ajustes en la Constitución Política en el futuro para instaurar un modelo “semi parlamentario” en lugar del formato presidencialista actual.
Los cambios en la Constitución, sin embargo, no deberían quedarse ahí. Ve necesario avanzar derechos digitales, a incluir nuevas garantías para la sostenibilidad ambiental, para que se garanticen derechos humanos de todas las poblaciones y la igualdad absoluta entre hombres y mujeres.
Todos estos planteamientos los hizo tratando de apartarse de las categorías ideológicas usuales. “Basamos nuestra acción en información rigurosa, datos, historia y creatividad; no en camisas de fuerza ideológicas o dogmas. En el mundo de hoy, la ideología se ha tornado en la mecanización de las ideas, y no el ejercicio del pensamiento. Por eso, no me sorprende ver que la izquierda me llame ‘neoliberal’ y la derecha me llame ‘comunista’”.
